En América Latina, las drogas tienen más pena que los homicidios

Cosecha Roja.-

En América Latina las leyes de lucha contra las drogas funcionan con la lógica de un adicto: cuanto menos eficaces se demuestran, más aumentan las penas. Así lo demostró un estudio del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publicado el 6 de diciembre. En el estudio se comparan los delitos de tráfico de drogas con los que afectan la propiedad o la integridad personal y sexual de las personas. El resultado fue que, por ejemplo, en Colombia la violación se castiga con 20 años de prisión mientras que la sentencia más alta para el tráfico es de 30 años.

Las leyes actuales buscan proteger la salud pública impidiendo el acceso a las drogas. No hay una distinción entre los distintos niveles del circuito del tráfico, por lo que se le suele dar el mismo trato penal al microtráfico, al gran narcotráfico o incluso al consumo. El estudio propone respetar el principio de proporcionalidad en los delitos de tráfico, es decir, penar con más años a las conductas más graves.

En poco más de 60 años, en los siete países estudiados, la pena máxima aumentó en promedio un 415%, la mínima un 1.327% y la promedio un 521%. Este crecimiento puede explicarse por la influencia de los Estados Unidos en la región, sobre todo luego de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. A eso se sumó en 1971 la declaración de guerra a las drogas por el presidente norteamericano Richard Nixon, a partir del consumo de marihuana y heroína por soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam.

Todas estas leyes buscaban, en un principio, enfrentar el problema del abuso de sustancias psicoactivas. Décadas más tarde, tienden a confundirse las consecuencias sociales del uso de drogas y las de la aplicación de leyes. Por eso, el CEDD propone distinguir entre unas y otras. De esa forma, los miles de muertos por la guerra a los narcos en México o contra las FARC en Colombia son un producto de la prohibición y no de las drogas en sí.

Finalmente, el estudio propone la aplicación de políticas de reducción de daños al derecho penal. Los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, como las “mulas”, deben ser protegidos por el Estado y no castigados, y los eventuales daños por el uso de drogas deben ser combatidos con programas de salud pública y no con el uso de la violencia y la cárcel.

Ecuador

La ley 108 de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas fue sancionada en 1990. En esa misma década, se firmó un convenio entre Ecuador y Estados Unidos para prevenir y controlar el lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas, además de un acuerdo de cooperación que le permitía al país del norte utilizar la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas anti-narcóticos.

Para los procesos penales de drogas, el 60% de la burocracia son policías anti-narcóticos, el 26% son fiscales, el 8% defensores y el 6% jueces. Los partes policiales funcionan como única prueba en los juicios ya que las evidencias materiales son destruidas, por lo cual la probabilidad de ser condenado es alta.

Las redes de narcotráfico se aprovechan de la confusión presente en la ley entre los distintos delitos de drogas y reclutan a los estratos más bajos de la cadena entre los sectores más vulnerables, como los pobres y las mujeres. Al ser detenidas, éstas son acusadas como autoras principales del delito, siendo soslayada la presencia del gran traficante. Entre el 65% y el 79% de las mujeres presas en Ecuador está acusada por delitos de drogas.

En los últimos años, Ecuador viene dando señales para reformar la ley 108. En 2008, la Asamblea Constituyente de entonces indultó a las “mulas”. Por otro lado, el artículo 364 de la Constitución sancionada ese mismo año descriminalizó el uso o consumo de drogas desde un enfoque de reducción de daños. Además, el gobierno de Rafael Correa no renovó el convenio con Estados Unidos sobre el uso de la base de Manta. Finalmente, se viene dando un incipiente activismo judicial, importante para la concientización de la sociedad y para una nueva corriente de interpretación que proteja derechos fundamentales, vulnerados por la actual ley de drogas.

Argentina

La actual ley 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes busca perseguir el narcotráfico. Desde su sanción en 1989 ha afectado principalmente a consumidores y pequeños traficantes. Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre el 65% y el 75% de las causas por infracción a la ley son por tenencia simple y para consumo personal.

En 2008 se gastaron 406 millones de pesos en reducir la demanda de drogas, contando las políticas de salud. Frente a eso, se destinaron 1.871 millones de pesos a la reducción de la oferta, a los cuales deben sumarse los 832 millones que costaron las agencias policiales y judiciales. Es muy cuestionada la actuación de éstas en la aplicación de la ley, porque hay presiones para inventar causas que alimenten estadísticas favorables al prohibicionismo. En la mayoría de las causas armadas denunciadas, las víctimas suelen ser extranjeros, personas que viven en la calle y desocupados, además de drogadictos y prostitutas. Para iniciar las causas alcanza con la sospecha policial –con la “actitud sospechosa” como motivo usual de detención- o denuncias anónimas, generalmente de vecinos o de las mismas fuerzas de seguridad.

La ley podría considerarse exitosa en vista de las numerosas incautaciones de estupefacientes y a la duplicación de hechos delictivos vinculados a las drogas entre 1999 y 2008. Sin embargo, en la última década creció la cantidad de laboratorios de producción de cocaína en el país, aunque no en la magnitud de los llamados países “productores” (Colombia, Perú y Bolivia). Tampoco se logró reducir de forma importante la oferta ni la demanda de drogas.

México

La Ley de Narcomenudeo busca, como todas las demás, proteger la salud pública evitando el abuso de drogas. No distingue entre tipos de sustancias por sus potenciales daños, o entre usuarios recreativos y problemáticos. Sólo discrimina según su participación en el mercado, buscando modificar la oferta y demanda. Junto con Bolivia, México tiene una de las penas mínimas más altas para delitos de drogas, alcanzando los 20 años, más que el homicidio simple y la violación de menores.

Como en el resto de los países, las “mulas” llevan la peor parte en el castigo penal. En 2008, el 60,5% de las mujeres procesadas estaban acusadas de delitos contra la salud. En 2010, hubo 20.989 sentencias por delitos contra la salud, siendo la mayoría por delitos de posesión de pequeñas cantidades de marihuana o cocaína.

México es uno de los países que más sufre las consecuencias indirectas de la guerra contra las drogas, con más de 50.000 muertos en su lucha contra los cárteles del narcotráfico. Según la Encuesta Nacional de Adicciones, entre 2002 y 2008 aumentó de 4,6% a 5,2% la población de entre 12 y 65 años que alguna vez consumió drogas ilegales. Éstos son algunos de los grandes fracasos de la política prohibicionista.

Perú

En menos de 60 años, Perú pasó de una pena mínima de 2 años a una de 25, superando al homicidio. Esto no impidió el crecimiento en la producción de la hoja de coca durante los años ’80: entre 1979 y 1990, la producción creció un 462%. Esto se debió a los cárteles que llegaron de Colombia y al “efecto globo”, es decir, la concentración de demasiadas fuerzas de seguridad en una zona de tráfico permitiendo el surgimiento de otra con poca protección. Además, el grupo guerrillero Sendero Luminoso se inmiscuyó en la producción de coca para financiarse. Al día de hoy, y aunque la organización está en decadencia, todavía controla el 45% de la producción.

Actualmente, las incongruencias en la interpretación y aplicación de los artículos 296 a 298 del Código Penal llevan al uso excesivo de la detención preventiva. El 92% de los recursos financieros se destinan a la etapa prejudicial, el 0,35% a la etapa judicial y el 7,55% al nivel penitenciario. Además, el 60% de los presos por delitos de drogas espera juicio. El perfil de los detenidos muestra que siempre se captura al eslabón más débil del circuito de la droga, ya que éstos son campesinos, transportistas y microcomercializadores, y les aguarda la misma pena que a los grandes traficantes.

Leer el estudio completo (en pdf)

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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