En junio de 2011 detienen a un ex-general por los crímenes contra la humanidad

Por Amnistía Internacional.-

Las autoridades de Guatemala deben garantizar que todas las personas responsables de cometer atrocidades durante el conflicto armado interno que tuvo lugar en el país son identificadas y puestas a disposición de la justicia, ha declarado Amnistía Internacional después de que se detuviese en la ciudad de Guatemala a un ex jefe de las fuerzas armadas. 

Hoy se ha abierto una investigación sobre el general retirado Héctor Mario López Fuentes, de 81 años de edad, que fue detenido el viernes. Ha sido acusado formalmente de genocidio y crímenes contra la humanidad por el papel que desempeñó en masacres cometidas en comunidades indígenas hace casi tres décadas.

“La detención de Héctor Mario López Fuentes constituye un importante paso en el camino hacia la justicia para las cientos de miles de víctimas de graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil que tuvo lugar en Guatemala,” ha manifestado Sebastian Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre América Central.

“No obstante, la mayoría de quienes planearon y llevaron a cabo los peores abusos siguen en libertad y deben ser puestos a disposición de la justicia.”

Se acusa a Héctor Mario López Fuentes de ser el autor intelectual de 12 masacres que tuvieron lugar entre los años 1982 y 1983. En aquel entonces, ocupaba el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, tercer alto cargo más importante del país.

Bajo sus órdenes, las fuerzas de seguridad guatemaltecas asesinaron a unos 317 indígenas mayas en el denominado Triángulo Ixil, en la región de El Quiché del altiplano occidental guatemalteco.

Una comisión de la verdad auspiciada por la ONU estableció que durante los 36 años que duró el conflicto armado en Guatemala unas 200.000 personas perdieron la vida o desaparecieron, y que las fuerzas de seguridad cometieron 440 masacres en comunidades indígenas.

La comisión estableció más concretamente que las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por las fuerzas armadas en el Triángulo Ixil constituían actos de genocidio. En 32 masacres distintas las víctimas pertenecían a la población indígena maya-ixil. De estas matanzas, 15 tuvieron lugar en 1982 cuando era presidente el general José Efraín Ríos Montt.

Hace ya largo tiempo que se dilata en el sistema judicial guatemalteco el proceso penal emprendido en 2001 contra el ex general Ríos Montt, que en la actualidad es parlamentario, debido a que el Ministerio de Defensa se ha dedicado a obstaculizarlo. En 2007, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala negó la extradición solicitada por un juez español para juzgarlo en España por delitos de genocidio, tortura y asesinato.

Otros ex altos cargos militares y policiales han sido detenidos en los últimos meses por su presunta participación en los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, entre los que se incluyen el coronel Héctor Bol de la Cruz y Jorge Humberto Gómez López, detenidos el mes pasado. Ambos habían sido directores de la Policía Nacional Civil en 1984, cuando el conocido dirigente sindical Edgar Fernando García fue sometido a desaparición forzada por la policía.

También se ha detenido este año a un oficial del ejército y a un soldado que participaron en la masacre cometida en 1982 en la población de Dos Erres, en la región de Petén, situada al norte de Guatemala. Las fuerzas de seguridad guatemaltecas torturaron y mataron a 250 hombres, mujeres, niños y niñas en Dos Erres antes de arrasar la población.

“Para hacer justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, es imprescindible que se ponga a disposición de la justicia no sólo a los soldados rasos sino también a los cerebros que planearon las matanzas, torturas y desapariciones que atemorizaron Guatemala hace décadas. Las víctimas y sus familiares llevan décadas exigiendo justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad que sufrieron”, ha señalado Sebastian Elgueta.

DESCARGAR el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala de 2009.

 

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