En Posadas multarán a los clientes de prostíbulos

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Es la primera vez que se pena a los consumidores de oferta sexual. Las multas van de 8000 a 35000 pesos. Las trabajadoras sexuales se oponen. La ordenanza también prohíbe los locales de oferta sexual y habilita un teléfono para denunciar infracciones. 

Cosecha Roja.-

El Concejo Deliberante de Posadas (Misiones) aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que prohíbe la instalación de prostíbulos y castiga con multas de 8.000 a 35.000 pesos a los clientes que se encuentren en el lugar al momento de la clausura. En ningún caso pena a las personas que son víctimas de explotación.

La propuesta aprobada el 12 de abril fue impulsada por el concejal José Moglia, del bloque Frente Renovador. Las comisiones de Asuntos Sociales, Desarrollo Vecinal y Turismo, y de Hacienda y Presupuesto aceptaron el dictamen. “En enero se realizó un allanamiento en un prostíbulo en Posadas. Su dueño estaba detenido por una investigación que lo relacionaba al delito de trata de personas, pero el local seguía abierto por una ordenanza del año 1978, la 203,  que habilitaba en Posadas las whiskerías y daba lugar a la explotación sexual. Por eso decidimos presentar una ordenanza que prohibiera los prostíbulos”, explicó a Cosecha Roja el concejal José Moglia.

El edil presentó esta iniciativa a partir de un proyecto de ley del presidente la Legislatura misionera, Carlos Rovira, quien busca declarar a la provincia un territorio sin prostíbulos. “El objetivo primordial del proyecto no es penalizar ni regular la prostitución, sino que apunta a erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual. Creemos que el Estado debe dejar de ser cómplice de estas ordenanzas o decretos locales que, en algunos casos, habilitan lugares donde se ejerce la prostitución y hay víctimas de trata. La multa al cliente es un componente innovador, no se hizo antes en ningún lado. Todavía no sabemos cómo se implementará”, dijo Moglia.

Elena Reynaga, presidenta de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales (REDTRASEX) y fundadora de Ammar (Asociación de Meretrices de la Argentina), no apoya  medidas como la que plantea la ordenanza misionera. “Estamos en desacuerdo porque no existió una consulta a nuestra organización. Es infantil creer que con esto van a erradicar la trata. No se aborda el tema con seriedad “, dijo Reynaga a Cosecha Roja. La titular de la REDTRASEX propone pensar en una ley que regularice la actividad de las trabajadoras sexuales. Y plantea que las multas colaboran con la corrupción policial. “Es una manera oficial de hacer caja. No se les ocurre nada más progresista”, dijo Reynaga.

Según se desprende del texto aprobado en Posadas, la nueva ordenanza Posadas prohibirá la instalación, habilitación y funcionamiento de establecimientos en los que se facilite la prostitución, o cualquier tipo de oferta sexual.  Y sancionará a quienes violen las prohibiciones con la clausura y multas de 35.000 a 350.000 pesos. Los clientes que se encuentren en el lugar deberán pagar multas de 8.000 a 35.000 pesos. En caso de tratarse de menores de edad, se avisará de inmediato a la Policía de la Provincia.

La ordenanza habilita un número telefónico para recibir denuncias de infracciones. Respecto de quienes se encuentren en el lugar en situación de prostitución, serán resguardados y protegidos. Y se dará intervención a la oficina de rescate y acompañamiento dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

La iniciativa se enmarca en el debate nacional sobre la penalización de los clientes de prostitución que se desarrolla en el Congreso. A comienzos de abril, el senador Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) y la diputada Marcela Rodríguez (Democracia Igualitaria y Participativa) presentaron dos proyectos con propuestas de modificaciones al Código Penal para castigar la demanda sexual. El de Fernández  plantea la incorporación  del artículo 127 bis, que sancionaría con prisión de uno a tres años el consumo sexual cuando existan de por medio víctimas de trata. La iniciativa de Rodríguez propone penas de seis meses a tres años de prisión a quien paga por sexo.

En Argentina la existencia de prostíbulos está prohibida desde la sanción de la Ley de Profilaxis 12.331, que data de 1936. Según esta legislación no deben existir las “casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”. Pero esta ley es vulnerada a través de las ordenanzas municipales que permiten la habilitación de “whiskerías”.

En 2009 fue Santa Rosa (La Pampa) la primera ciudad que prohibió la existencia de prostíbulos a través de una ordenanza. Desde entonces otras diez ciudades se declararon “Prostíbulos cero”. En 2012 Córdoba fue la primera provincia en prohibirlos en todo su territorio. Meses después, en pleno juicio por Marita Verón, Tucumán fue la segunda, en agosto del año pasado. Río Negro y Santa Fe también se sumaron a la iniciativa. Se espera que próximamente Misiones se convierta en la quinta provincia del país en declararse libre de prostíbulos.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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