Escaparon de la violencia y se quedaron en la calle

Las Casas de la Mujer Indígena refugiaban a víctimas de violencia de género en México. Pero en medio de la pandemia el gobierno canceló los subsidios y tuvieron que cerrarlas. Las casas, los teléfonos y los horarios libres de las operadoras se convirtieron en oficinas que atienden sin horario.

Escaparon de la violencia y se quedaron en la calle

Por Cosecha Roja
11/06/2020

Por Lucero Hernández García

Reynalda Cortés Galicia abrió la puerta de su casa y se encontró con una mujer indígena.

–Ayúdame a recuperar mis cosas– le dijo la mujer–. “Me salí de la casa. No soporto más golpes”

A la mujer no le había importado que fuera de noche ni correr peligro en las calles. Quería salvar su vida. Por eso buscó a Reynalda. En circunstancias normales no habría tocado su puerta. Pero ahora no tiene opción: la Casa de la Mujer Indígena está cerrada desde abril.

Reynalda la abrazó, sintió sus lágrimas, le dio coraje. No es la primer mujer que toca su puerta, ni la primera a la que abraza sabiendo lo que pasará si no la acompaña, si la deja sola. Todos los días llegan a ella así.

Reynalda es directora de la Casa de la Mujer Indígena “Xanay Xtachiwin Lakchajan” en el municipio de Ixtepec, en la Sierra Nororiental de Puebla, México. Es una de las cuatro CAMI que en el estado hasta hace poco atendían a las víctimas de violencia de género en comunidades indígenas.

Ahora las recibe como puede. En medio de la pandemia, el Estado mexicano canceló los subsidios para las Casas de la Mujer Indígena y tuvieron que cerrarlas. Las casas, los teléfonos y los horarios libres de las operadoras se convirtieron en oficinas que atienden sin horario.

Esposos que golpean, que maltratan y humillan: ambos están en casa, protegiéndose del virus que es pandemia; pero a dentro de las casas ellas están en un riesgo latente de ser agredidas o incluso de morir golpeadas.

–Nunca –le dijo la mujer a Reynalda– había sentido tanto miedo.

En Cuetzalan ocurrió casi lo mismo. Una mujer acudió a la casa de María Angélica Rodríguez, responsable de la CAMI “Maseualsiuatkali” en busca de ayuda contra la violencia intrafamiliar de la que era víctima. También aquí faltaron los recursos y no se le dio acompañamiento para presentar una demanda, pero se le explicó el proceso a seguir. En el Ministerio Público se detuvo toda posibilidad de auxilio.

“Le dijeron que no podían hacer nada porque no era un delito grave para ellos, aunque la mujer estaba muy golpeada”.
Aun con el riesgo que el caso representaba en la CAMI decidieron apoyar a la víctima y realizaron una visita domiciliaria, pero encontraron que ella ya no quería hacer ninguna denuncia, porque no tenía caso.

Desde abril las cuatro CAMI de Puebla cerraron sus puertas por la suspensión del subsidio que llegaba a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Les dijeron que el corte se debía a la emergencia sanitaria del Covid-19, aunque ya estaba etiquetado en el Presupuesto de Egresos de este año.

Sólo la CAMI de Coyomeapan se encuentra abierta. Aunque en un principio intentaron cerrar, las becarias decidieron apoyar a las mujeres que las buscan en medio del confinamiento por la pandemia. La violencia de género las hizo organizarse en turnos para apoyar, con sus propios recursos, a las víctimas de violencia.

En el discurso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró esencial la atención a mujeres por violencia familiar, pero en los hechos suspendió la entrega de recursos y desconoció un incremento de casos: “El 90 por ciento de las llamadas de violencia familiar, son falsas, está demostrado”.

Pero en Tlaola tienen su propio registro: en nueve de cada 12 hogares hay algún tipo de violencia. Para los hombres, sus esposas son las culpables de que perdieran sus empleos o de que cerraran los negocios donde trabajaban antes de la pandemia. Este municipio de la Sierra Norte de Puebla es la puerta de la casa de Margarita Cruz, directora de la CAMI “Yoltika”, la que no deja de sonar con historias de padres que se roban a los niñxs, que se niegan a cumplir con las pensiones alimenticias o de hijos que agreden a sus madres, mujeres mayores de 65 años.

“Es alarmante porque la violencia sexual está en el ámbito privado y por creencias no se manifiesta. Nos preocupa que los niños estén con sus agresores de tiempo completo, por eso es importante lanzar campañas contra la violencia en la cuarentena”, dijo Rubí Nolasco, representante legal de la CAMI en Tlaola.

Lee el informe multimedia completo en Datamos.com.mx 

Este informe se produjo en el marco de la Beca Cosecha Roja.

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