Guatemala y el contrabando de dinero sucio: con luz verde

Julie López .- Plaza Pública.-

En Guatemala, el dinero sucio sale del país en clase turista, en el equipaje de cientos de hombres y mujeres reclutados por empresas criminales de exportación de billetes de origen ilegal. El Ministerio Público (MP) ha identificado cinco estructuras que mueven cientos de miles, de millones, de dólares. Los traficantes trasladan hasta Panamá dinero en efectivo que despertaría alertas de lavado en el sistema bancario, y preguntas que los dueños del dinero no podrían responder sin acabar en la cárcel. Pero si algo sale mal, sólo los mensajeros del dinero son capturados. Los dueños permanecen en la sombra, anónimos y libres, y desde ahí cobran la pérdida del dinero –a veces, por medio de sicarios. El MP vincula a la mayoría de los casos con el narcotráfico.

ESCENA I: El ex policía

El detective reconoció un rostro entre las personas retenidas ese día en el aeropuerto internacional La Aurora, en 2011. Desde mediados de 2010, era habitual sorprender entre 30 a 50 personas viajando casi diariamente con unos US$9,500 dólares en efectivo –US$10 mil es el máximo permitido para sacar dinero del país sin declararlo en el formulario de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Cuando el detective se acercó, comprobó que la persona que reconoció era un ex policía dado de baja en 1997, cuando perdió el examen de reciclaje para pasar a la entonces nueva Policía Nacional Civil (PNC).

–¿Y usted qué onda mano? –recuerda el detective que le preguntó a su ex colega.

–Pues aquí mire, porque no queda de otra –le respondió el ex policía. Le contó que no conseguía sueldo que le alcanzara para mantener a su familia y, entonces, servía de correo de dinero.

–¿Y ese dinero de quién es pues? –le preguntó el investigador, sabiendo que el asunto no pasaba a más porque su ex compañero y el resto del grupo (que no quiso hablar) no habían cometido delito alguno.

–Ahí viene un poco de todo –respondió el ex policía con candidez –hay dinero de diputados, ministros y narcos.

Poco a poco, el detective reunió las piezas de lo que emergía como una empresa de envío de dinero mal habido hacia Panamá, dinero sucio de un variopinto grupo de clientes. Pronto, pescó otros detalles –al revisar los pasaportes o entrevistar a otros viajeros. En ocasiones, los grupos eran de un solo departamento (Alta Verapaz, Escuintla, etc.). Aunque la mayoría eran de la capital, con el correr de los meses detectó grupos de todos los departamentos del país. Y no sólo eso; también había grupos por municipio o hasta por colonia. “Había gente de escasos recursos, grupos enteros de Villa Canales, Villa Nueva, Amatitlán, y hasta Boca del Monte”, reveló. Pero ¿por qué?

“Fácil”, dice el detective, “porque es gente recomendada”. Explica que los reclutadores reciben la misión de contratar gente de confianza, conocidos que “no van a quedarles mal”. Entonces, llaman a los primos, vecinos, amigos. “Les mandan a decir en mensajes de texto, ‘ya vamos a empezar a trabajar, preparáte’”, agrega. Leyó mensajes similares en el teléfono celular de uno de los couriers que ya había viajado varias veces. Algunos lo hacen dos veces por semana, y hasta ocho veces por mes. El detective divulgó esta información a cambio de que no se divulgara su identidad.

Entrega vigilada

Según los testimonios recogidos en investigaciones policiales, después que el reclutador reúne a un grupo para que cada persona transporte unos US$9,500, cita a todos cerca del aeropuerto. Les recogen en varios vehículos, y adentro les entregan el dinero –por lo general, en billetes de $20. “Nadie falsifica billetes tan pequeños porque no vale la pena; entonces, son más seguros”, explica el detective. El dinero es introducido en un maletín de mano que lleva ropa para dos o tres días, el único equipaje que llevan los viajeros. Acto seguido, son llevados al aeropuerto a tomar el vuelo.

“Si llevan poco menos de US$10 mil, les pagan el boleto y US$200, de los cuales sólo les dan la mitad en Guatemala”, afirma la fuente. “La otra mitad la reciben al llegar a Panamá; allá van a un hotel de cinco estrellas para entregar el dinero en una habitación, después se van a un hotel barato para pasar la noche, y regresan a Guatemala, y así se ganan unos centavos”. Quien viaja una vez, gana en quetzales unos Q1,560; si vuela a Panamá hasta ocho veces al mes, gana al menos Q12,480. Cada viajero cubre sus gastos de hotel. Algunas redes pagan de US$400 a US$2 mil por viaje, según el monto transportado.

El detective revela que “un ojo” acompaña al grupo. Es un viajero incógnito que no lleva dinero. Su misión es vigilar que los couriers aborden el avión y lleguen al hotel designado para entregar el dinero. Uno de los hoteles cinco estrellas, donde los couriers entregan los dólares, cuenta entre sus socios a un millonario colombiano declarado non-grato en Panamá, según una fuente del MP. Pero este es sólo uno de los puntos de entrega objeto de una investigación conjunta por las fiscalías de ese país y Guatemala.

La policía bautizó este tipo de trasiego como “tráfico hormiga”. Si cada grupo incluye entre 30 a 50 personas, entre todos transportan al menos entre US$285 mil y US$475 mil. “¡Era un dineral! Sacaron millones. Los vuelos de Copa [para Panamá] se iban cargados”, dice alarmado el detective. “Pero no podíamos detener a nadie porque no había base legal; nos decían que eran comerciantes, que iban a comprar electrodomésticos. Las mujeres decían que iban a comprar cosméticos, carteras”. Pero los interrogatorios duraban poco. Ninguno de esos pasajeros jamás perdió el vuelo.

La mayoría de los viajeros son guatemaltecos, hombres y mujeres en proporciones casi similares, según la fuente. “Hay uno que otro colombiano, pero cuando ya están muy colorados vemos que comienzan a aparecer ecuatorianos, o peruanos, algunos venezolanos y costarricenses, y así, los van rotando”, afirma. “La mayoría de extranjeros son hombres y viajan con cantidades mayores, vienen a Guatemala por tres días o una semana, y suelen hospedarse en hoteles de la zona 10, en la Quinta Real de la Carretera a El Salvador, o en el hotel de Tikal Futura”. Sus edades oscilan entre los 20 y 60 años.

Trasiego a gran escala

El detective policiaco afirma que el tráfico hormiga se redujo después de la primera vuelta electoral, en septiembre de 2011. Rolando Rodenas, jefe de la Fiscalía Contra Lavado de Dinero, sostiene que continúa, y que con este método salen del país al menos US$4 millones mensuales. El método parece infalible. Aunque los casos ocurren en el aeropuerto, la directora de comunicación social de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Oddra Lacs, afirma que la identificación de los traficantes y su captura es responsabilidad de la unidad de la Policía de Puertos y Aeropuertos (DIPA), y no de la DGAC. Y, pese a que algunos traficantes han logrado burlar la ley, Rodenas sostiene que “el trabajo de los buenos policías en el aeropuerto” ha permitido descubrir cómo operan estas estructuras.

El detective policiaco señala que el trasiego de cantidades mayores continuó paralelamente al tráfico hormiga, pero con menor frecuencia. Agregó que los viajeros le entregan una maleta a su contacto un día antes de salir del país. El contacto se las devuelve en el aeropuerto, después de fabricarle un doble fondo (entre otros métodos) para ocultar el dinero. “Desde ese momento, tienen vigilancia”, señala el detective.

En octubre de 2011, el guatemalteco Ricardo Diéguez García, de 61 años (residente en la colonia Alameda III, zona 18) fue sorprendido tratando de llevar a Panamá US$80 mil ocultos en cajetillas de cigarros. Un mes después, las hermanas costarricenses Adriana y Karla Méndez Montes fueron detenidas cuando intentaban viajar hacia su país con US$70,174 ocultos en su equipaje. Sólo diez días después, una pareja (Luz Lara Martínez y Manolo Díaz González, de 26 y 22 años) fue detenida en un avión que los hubiera llevado a Panamá. Les decomisaron US$1.1 millones.

El 30 de enero pasado, el mexicano Genovevo Pérez Medina, de 40, fue capturado en el aeropuerto cuando llevaba US$257 mil ocultos en su equipaje. Sin embargo, no se dirigía hacia Panamá. Hizo escala en ese país, después de salir desde Lima, Perú, y su destino final era Guatemala.

El 9 de marzo pasado, el colombiano Trinidad Claudio Sequen, de 39, ni siquiera llegó a la zona de abordaje. Las autoridades descubrieron que llevaba US$25,500 encima sin declarar (US$8 mil en un doble fondo de su equipaje; US$5 mil, ocultos en su ropa, y US$12,500 adentro del estómago, en cápsulas de látex). Su viaje hasta Cali, Colombia, quedó frustrado. Sólo 12 días después, Juan Cayetano Pérez Laparra, de 41, también fue capturado en el aeropuerto cuando llevaba al menos US$10 mil en cápsulas de látex en el estómago, otros US$2,980 ocultos en el equipaje y US$100 más en su pantalón.

El fiscal sospecha que la mayor parte del dinero confiscado procede de ganancias del narcotráfico. Sólo en 2011, la Policía Nacional Civil reportó haber confiscado US$3.2 mil millones al narco (o Q25 mil millones) en efectivo.

Consecuencias indeseables

Rodenas, quien ocupa la jefatura de la Fiscalía Contra Lavado de Dinero desde febrero de 2011, revela que antes de ese mes algunas personas eran excarceladas aunque el dinero que transportaban fuera confiscado. Esto ocurrió con dos colombianos detenidos en 2003, en la zona 14 capitalina, con US$14 millones, que recibieron una conmuta de pena de lavado de dinero a encubrimiento personal y salieron libres con una fianza.

“La situación es compleja porque para detener a la persona e iniciarle un proceso por lavado de dinero había que probar que había un delito precedente”, explica, es decir, que el dinero fue obtenido ilícitamente, “y el delito previo no siempre se establece”. El fiscal sostiene que la inconsistencia entre el perfil económico del detenido y el dinero que llevan, y la falta de pruebas de que el dinero es limpio, justifican las capturas. “Es necesario ver el contexto completo”, agrega.

El artículo 25 de la Ley Contra Lavado de Dinero obliga a declarar sumas de dinero mayores a los US$10 mil si se sale o entra a Guatemala. El artículo 4 de la ley contempla una condena de prisión inconmutable de 6 a 20 años de cárcel, además del decomiso del dinero. La pena es mayor si el detenido es empleado o funcionario público. Los extranjeros encarcelados por este delito son expulsados hacia su país de origen después de cumplir la condena.

Quienes quedan en libertad, aunque sin el dinero en manos, no están a salvo. Un investigador del MP dice que se habla poco sobre el desenlace de los correos humanos que perdieron el dinero, en un decomiso, porque huyeron con él o fueron asaltados. En el tráfico de dinero de menor y mayor escala, alguien siempre vigila a los viajeros y al dinero. El sistema de recomendaciones para los couriers también garantiza que el reclutador comparte la responsabilidad y, a veces, el castigo. La organización sabrá dónde encontrarles, y dónde viven sus familias.

“Hay casos de personas identificadas como correo de dinero, que desaparecieron, y de al menos una que fue asesinada”, reveló el investigador del MP. “Sabemos que, en algunos casos, hay policías de alta que protegen el dinero y vigilan a las personas que lo transportan; otros cobran el dinero perdido o robado, o actúan como sicarios contra el correo humano que falló. Si no aparece, van por los familiares”. El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), llevan procesos judiciales contra policías por ejecución extrajudicial, aunque ninguno ha sido ligado a este tipo de casos aún.

En 2009, las autoridades incautaron unos US$4.5 millones en el aeropuerto. La suma se elevó a casi US$7 millones en 2010, y alcanzó los US$9 millones en 2011.

El detective policiaco afirma que el trasiego de grandes cantidades –que suele involucrar sólo billetes de US$100 –ocurre desde hace al menos diez años. Además, afirma que prácticamente no hubo tráfico hormiga entre 2007 y 2009. “Había militares de alta y otros retirados que facilitaban las cosas [el trasiego cantidades mayores de dinero], que luego desaparecieron, pero con el nuevo gobierno, algunos volvieron”, indica. No obstante, Lacs asegura que ningún registro de la DGAC muestra que empleados o funcionarios que comenzaron a trabajar en 2012 en el aeropuerto estuvieron empleados ahí en administraciones anteriores.

ESCENA II: Dinero ilícito declarado

Algunos traficantes de dinero son tan osados que hasta declaran el dinero que llevan, pasan por los controles de seguridad, y abordan un vuelo hacia Panamá sin sudar frío. El fiscal Rodenas señala que las cifras declaradas superan los US$50 mil, “porque la ley no les obliga a revelar el origen del dinero”, en los formularios de la SAT y la IVE.

Un examen minucioso de los datos en los formularios permite hacer varios hallazgos, a decir del fiscal: (a) los viajeros posan como empresarios, o representantes legales, y registran direcciones que corresponden a empresas de cartón; (b) en otras ocasiones, la dirección corresponde a una oficina de notarios, y varios formularios registran la misma dirección aunque quienes los llenan afirmen que representan a distintas empresas; (c) en algunos casos, el viajero registrado como el representante de una empresa en un formulario aparece en otro caso como el notario de otra empresa, y (d) los registros contables que sí son rastreables, porque el formulario registra una empresa verdadera, o la dirección real, muestran un movimiento bancario bajo o nulo que es inconsistente con la generación de US$50 mil, a US$100 mil dólares declarados en el formulario.

Para cuando el MP advierte que un formulario tiene datos falsos, o muestra irregularidades, es demasiado tarde. El viajero ya está lejos. Sin embargo, el fiscal asegura que “bajó la curva [o el número] de las salidas de dinero declarado” por el efectivo trabajo policial en el aeropuerto y la sistematización de información recabada, que les permitió elaborar perfiles de las estructuras. “El 99 por ciento de las denuncias en la IVE salen de ahí”, dice, refiriéndose a los casos del aeropuerto, de dinero declarado. “Los datos en los formularios arrojan indicios para investigar situaciones inusuales o sospechosas”.

Rodenas admite que estas redes saben usar los vacíos en la ley. “Estamos casi seguros que es dinero de origen ilícito porque, ¿qué empresario serio va a viajar con el montón de billetes en su equipaje?”, pregunta el fiscal. “Si el dinero fue obtenido legalmente, y no tienen nada que ocultar, harían una transferencia electrónica hacia el país a donde viajan”.

El detective policiaco dice que dos traficantes de la banda Véliz Palomo viajaban así. Se trata de una estructura que el MP desarticuló en 2010, que había enviado al menos US$350 mil a Panamá (producto de extorsiones y venta de droga). Para septiembre de ese año, el MP había capturado a 35 miembros de la banda, incluyendo a una auxiliar fiscal que presuntamente cooperaba con la banda intentando entorpecer la investigación. Empezaron con tráfico hormiga, con cerca de 400 personas que llevaban el dinero en pequeñas sumas hasta Panamá, y acabaron declarando sumas mayores.

“Había dos mujeres de la banda Véliz Palomo que siempre viajaban (a Panamá) con $9 mil; después, comenzaron a transportar $50 mil, $150 mil, y hasta $250 mil cada una, y el dinero lo declaraban en los formularios”, relata el detective. “Las dos decían que eran empresarias”.

El pasado 15 de febrero, 48 miembros de la banda, incluyendo un panameño, fueron condenados a penas de prisión que oscilan entre los 3 y 56 años por lavado de dinero, entre otros delitos. Sólo un procesado más fue absuelto.

ESCENA III: Protocolo y vuelos privados

En julio de 2011, dos empleados de la Unidad de Protocolo del Organismo Judicial (OJ) – José Guerra Aldana y Luis Vallejo Guerra, de 28 y 25 años, respectivamente –fueron capturados por permitir el paso de individuos que, haciéndose pasar por funcionarios públicos por medio de documentos falsos, usaban el área de protocolo del Aeropuerto La Aurora para sacar grandes cantidades de dinero del país. Los capturados realizaban diligencias protocolarias para funcionarios del OJ, y fueron acusados de lavado de dinero, conspiración, asociaciones ilícitas y abuso de autoridad. Estas capturas redujeron y casi eliminaron, según Rodenas, el trasiego de dinero por medio de la salida de protocolo.

El 29 de marzo pasado, la policía capturó a cuatro personas también vinculadas al uso del área de protocolo del aeropuerto para sacar dinero ilegalmente hacia Panamá, Costa Rica y EE.UU. Uno de ellos, Walter Estrada Hernández, de 43 años, es delegado de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y está acusado de abuso de autoridad, lavado de dinero y asociaciones ilícitas; Miguel López Castellanos, de 34, encargado de la supervisión del ala o “Finger Internacional”, está acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstrucción a la justicia; Edgar Alvarado Merlos, de 39, está acusado de caso especial de defraudación tributaria, perjurio y asociaciones ilícitas, y Mario Alfredo Santizo, de 18, está sindicado de asociaciones ilícitas y falsedad ideológica. Aunque el MP divulgó que la red había sacado al menos US$10 millones del país, para el 2 de abril, el lunes de la semana pasada, Estrada Hernández y López Castellanos quedaron libres bajo fianza (de Q10 mil y Q2,500, respectivamente), aunque quedaron ligados al proceso.

El detective policiaco recuerda que entre 2010 y 2011, después de la llegada de un grupo a la salida de protocolo, antes de abordar el avión, los scanners detectaron lo que parecían paquetes de billetes en el equipaje de las personas. “Tenían cartas de recomendación de todo el mundo; resultaron intocables”, explica el investigador. “Recuerdo que a uno de ellos se le cayó una credencial al suelo, y se agachó rápido para levantarla, pero antes que lo hiciera, pude ver que era un gafete del Palacio Nacional de la Cultura. No me dio tiempo de leer nada más”. El grupo se marchó sin problemas.

El caso más escandaloso fue el de Gloria Torres, hermana de la ex primera dama Sandra Torres, en 2011, que el matutino elPeriódico y Plaza Pública divulgaron el año pasado, cuando las autoridades anunciaron la emisión de una orden de captura contra Gloria Torres y sus dos hijas por lavado de dinero y estafa a al menos un par de municipalidades. Documentos de la DGAC y del Ministerio de Relaciones Exteriores publicados por ambos medios indican que empleados del área de protocolo notificaron al supervisor del área internacional y al supervisor general del aeropuerto que seis personas, que usaron esas instalaciones por solicitud de Gloria Torres, llevaban dinero oculto en su equipaje. Reportaban que no las habían detenido porque eran recomendados de la entonces primera dama, Sandra Torres, y su hermana Gloria. Estrada Hernández y López Castellanos, detenidos en marzo y excarcelados en abril, están vinculados a este caso porque no interrumpieron la salida de los viajeros aunque sabían que llevaban dinero sin declarar.

Para este reportaje se tuvo acceso a un documento de la Dirección de Protocolo del Congreso de la República, en el que uno de los viajeros –Ramiro Salas –era identificado como miembro de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), y piloto de Gloria Torres. elPeriódico informó que el grupo había realizado al menos 15 viajes a Panamá. Un investigador que siguió el caso dijo que Torres y sus cómplices también llevaban el dinero a Belice y presuntamente desde ahí lo transportaban hacia otros destinos.

Mientras que el MP afirma que aún investiga los vínculos de Torres con los detenidos, un detective que siguió el caso asegura que el dinero que la red sacaba del país era de varios dueños, incluida Gloria Torres, y el presunto narcotraficante Juan Ortiz, alias Chamalé o Hermano Juan. Cuando Ortiz fue capturado el 30 de marzo de 2011, y se sintió desamparado, pidió auxilio a dos personas: una de ellas supuestamente fue la misma Gloria Torres; el otro era el entonces ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, quien fue separado del cargo supuestamente por este motivo.

Lacs explica que, en 2012, “el área de protocolo depende del Ministerio de Relaciones Exteriores para diplomáticos, y de personal (de Seguridad de Aviación) AVSEC para Mandatarios”. Sin embargo, asegura que todos los usuarios del salón de protocolo pasan “por todos los procedimientos de migración, aduana y seguridad del aeropuerto sin excepción alguna”.

Pasajeros impunes

En 2004, el investigador policíaco fue enviado a revisar un avión privado procedente de Chile. Recibió la información de una misión diplomática a la que, desde ese país, habían comunicado la sospecha de que la aeronave podría transportar algo ilegal. Cuando el avión aterrizó, el detective subió y pidió a los ocupantes que permanecieran adentro y le entregaran sus documentos de identificación. El detective relata que cuando abrió uno de los pasaportes, se fue de espaldas. Ahí leyó un apellido que le indicaba que el sujeto podía estar emparentado con un alto funcionario del Ejecutivo. Casi acto seguido, dice que el viajero le hizo el esperado reclamo:

–Bueno, y ¿¡usted no sabe quién soy yo?! –le gritó.

–Sí, pero ¿y cuál es el problema? Si ustedes no tienen nada que ocultar, no veo qué inconveniente hay en que revise su identificación –le respondió con calma el investigador. Entonces, el sujeto se calmó, y no dijo palabra. El investigador y otros policías también revisaron el avión, pero no encontraron nada.

El detective dice que al regresar a su oficina llamó a la citada misión diplomática y relató qué había sucedido. Su interlocutor le dijo que ya sabían quiénes viajaban en el avión, que les habían dicho que estaban sacando dinero hacia Sudamérica, y esperaban encontrar alguna evidencia en el avión. El investigador le preguntó por qué, si sabían qué ocurría, no habían delatado a estos sujetos para que fueran capturados. “Porque son intocables sin pruebas”, le respondió el interlocutor.

El investigador dice que entre 2006 y 2007, el área de protocolo o diplomática del Aeropuerto La Aurora, era utilizada por sujetos identificados como diputados del Parlamento Centroamericano, y que el hermano de uno de ellos llevaba paquetes de dinero, según lo mostraba el scanner del puesto de control. “Llevan credenciales (cuya legitimidad no se pudo comprobar), y cartas de autoridades superiores para que se les permitiera la salida”.

El detective agregó que en 2011 aumentó el número de pasajeros que declaraban que viajaban con sumas superiores a los $100 mil, y que utilizaron vuelos privados. “Aquí, el aeropuerto es sinónimo de dinero”, asegura.

ESCENA IV: Trasiego terrestre, dinero sobre ruedas

Las rutas del tráfico de dinero ilícito por tierra, en Guatemala, están conectadas con el trasiego aéreo hacia el sur de Centroamérica. “Descubrimos que el objetivo de las rutas terrestres es trasladar el dinero hacia la capital, donde lo sacan por vía aérea desde el aeropuerto”, explica Rodenas. El dinero es ingresado al país desde México. Hasta febrero de 2012, se habían detectado “54 cruces vehiculares informales, según la Comisión Internacional de Límites y Agua de Guatemala-México”, de acuerdo con Werner Ovalle, consultor del Sistema de Integración de Centro América (SICA). Los puntos ciegos para paso peatonal son muchos más.

En marzo de 2011, en Mazatenango, Suchitepéquez, fue detenido un sujeto que conducía un picop Toyota. Bajo la palangana, llevaba encaletados US$2.7 millones. El capturado, que no tenía antecedentes penales o policíacos, entró al país por un punto ciego en la frontera con México. En enero pasado, la policía también interceptó en Suchitepéquez a otro sujeto con por lo menos US$90 mil ocultos en el vehículo que conducía.

El MP reveló que en agosto de 2011, en Amatitlán, la policía capturó a un matrimonio –el hombre era de Ecuador y la esposa, de Guatemala –que llevaban US$8 mil pegados al cuerpo. La pareja transportaba otros US$58 mil adentro de la llanta de repuesto del vehículo en que viajaba. El cónyuge extranjero fue extraditado y, según el MP, un tiempo después apareció muerto. La investigación de la fiscalía sugiere que la pareja tenía vinculación con una mujer de Quetzaltenango, casada con un lanchero y asociada al narcotráfico.

El 15 de enero de 2012, la policía capturó a dos mexicanos y cinco guatemaltecos (originarios de San Marcos) en la zona 10 capitalina mientras viajaban en tres vehículos (un Honda modelo 1998, y dos picops de modelo reciente) con 25 paquetes que contenían US$20 mil cada uno, US$500 mil en total. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, vinculó el caso al narcotráfico.

Hasta ahora, el fiscal Rodenas no cree que haya rutas definidas. Parece no haber un patrón. Los traficantes entran al país como pueden, desde México, y transitan en vehículos de todo tipo –desde relucientes camionetas agrícolas, hasta automóviles con al menos una década de uso.

La lógica dictaría que las rutas terrestres son menos vigiladas y son preferidas por los traficantes. Pero el riesgo es mayor el riesgo de perder el dinero en un robo o asalto, en un trayecto que demora mucho más desde Guatemala hasta Panamá. El detective policial afirma que por eso los traficantes prefieren enviar el dinero en avión. Además, las consecuencias de perder el dinero persuaden a los traficantes a buscar las rutas más seguras y expeditas.

ESCENA V: Pulso entre traficantes y autoridades

Los hilos del contrabando de dinero en efectivo los manejan al menos cinco estructuras. Una investigación del MP permitió a los fiscales identificar a estos jefes operativos: una mujer mexicana “muy violenta”, dice un investigador de la unidad de lavado de dinero, que prefiere no identificarla por nombre; un colombiano (de Cali) capturado en abril de 2011 en la zona 13 el año pasado con US$429 mil, identificado como Julián Andrés Jaramillo Camposano, de 25 años y vinculado al narcotráfico; una pareja formada por el panameño Waldo Curtis (con orden de captura en su país por lavado de US$1 millón) y la guatemalteca Tania Zambrano; y tres sujetos guatemaltecos, dos dirigen la cuarta estructura, y el otro, la quinta.

Además del colombiano, no ha caído otro pez gordo (salvo por el caso Véliz Palomo), pero al menos hay 20 órdenes de captura contra personas vinculadas al trasiego hormiga, y están detenidas por lo menos la mitad de las personas ligadas a procesos judiciales por intentar sacar del país dinero no declarado. La fiscalía tiene entre 135 y 140 órdenes de captura pendientes de ejecutar (por parte de la policía), y maneja un promedio que no baja de los 250 casos abiertos. Tienen todavía unos 65 casos de 2010. Sólo de 2011 tienen otros 225, y para la primera semana de marzo ya sumaba 27 más, sólo de 2012.

La fiscalía tiene cinco auxiliares fiscales, y cuatro agentes fiscales, para todo el país. En teoría, todas las fiscalías que reciben denuncias de casos de lavado de dinero deben remitir el caso a la Fiscalía Contra Lavado de Dinero (dentro de un plazo estipulado), pero no siempre lo hacen y llevan el caso en su jurisdicción.

Lacs asegura que en los primeros 60 días del actual gobierno actual se detectó “más pasajeros con dinero, joyas y droga que en años anteriores”, debido a acciones interinstitucionales promovidas por capacitación con estándares internacionales. Sin embargo, hasta principios de marzo, la fiscalía suma un promedio mensual menor de casos de lavado de dinero que en 2011. Lacs dijo que, para aumentar la efectividad de las medidas, la embajada de Estados Unidos en Guatemala, donó un equipo “único en Centroamérica”, que permite detectar sustancias ilícitas o dinero de contrabando.

El equipo nuevo, un moderno escáner, fue instalado en la Sub-dirección General de Análisis e Información Anti-narcótica SGAIA (anteriormente DAIA) de la PNC en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El pasado 28 de marzo, lo inauguró el Secretario de Estado Adjunto de EE.UU., William Brownfield, durante su visita a Guatemala.

Pero el equipo sólo permite capturar al mensajero, y no a los cabecillas que son dueños de los millones de dólares trasegados. Se trata de dinero que, de acuerdo con el ex policía que viajaba a Panamá en 2011, pertenece tanto a narcos como a funcionarios públicos –con dólares producidos o robados con impunidad.

Los resultados preliminares de un estudio sobre lavado de dinero por medio de transacciones bancarias, realizado por La Red (organización dirigida por el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein), apuntan a que la principal fuente de dinero lavado electrónicamente es el Estado (fondos estatales obtenidos corruptamente). Le sigue el dinero de las extorsiones (a negocios pequeños, empresas, líneas de transporte, residencias) y en tercer lugar, está el narcotráfico. Esto quiere decir que, hasta ahora, los narcos han encontrado otra forma de trasladar el dinero, y quizá ello explica el trasiego hormiga y a gran escala de efectivo (declarado o no).

Otras investigaciones especializadas en temas tributarios, recogidas en un artículo del Global Integrity Report, sitúan a la evasión y elusión de impuestos como la principal fuente para el lavado de dinero, junto al narcotráfico y la corrupción.

Pero aunque las autoridades han reunido datos importantes, no basta asumir que “si el río suena es porque piedras lleva” para obtener resultados. Para Rodenas, “las piedras tienen que sonar y se debe probar que existen”. Según el fiscal, el único límite para investigar a los cabecillas del lavado de dinero es la imaginación, para salirles al paso. “Esta gente no es tonta, pero tampoco es perfecta”, asegura.

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