Cosecha Roja. Foto: Eduardo Carrera.-

Once altos funcionarios de la Gendarmería Nacional, incluyendo a sus directores, fueron denunciados penalmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación por usar a jueces y abogados en una especie de carrusel jurídico, que buscaba conseguir amparos y suplementos legales para aumentar hasta montos exorbitantes los salarios de oficiales y suboficiales.

La denuncia penal es contra un grupo de oficiales de Gendarmería que usó a un puñado de jueces para cobrar por encima de lo que les correspondía. Según le explicó una fuente oficial a Cosecha Roja, “Ellos pedían montos retroactivos y se presentaban ante jueces que no eran competentes para que les firmaran las medidas cautelares. Una vez concedidas las medidas, ellos mismos se autoliquidaban”. Lo hacían también con los suboficiales, pero una vez que llegó el decreto para detener esa situación, los oficiales administrativos lo hicieron efectivo pero no para ellos, sino solamente para los suboficiales, que ganaban mucho menos. De fondo, agrega la fuente, “fue una forma indirecta de mandar al frente a los gendarmes de bajo rango para protestar por su salario bajo”.

El propósito de la denuncia, que está en el Juzgado Federal N.°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, es desenmascarar esa red de corrupción que se tejió en todo el país, en diferentes despachos judiciales, e involucró a un gran número de gendarmes, tanto oficiales como suboficiales, con beneficios desiguales. Sanear la corrupción dentro dela Fuerzasería el primer paso para fijar una política salarial justa, en negociación con los pedidos de los subalternos en protesta.

Como no existía una política salarial clara, desde los tiempos de Menem, los oficiales fueron imponiéndose unos sueldos que iban incrementándose con extras de todo tipo; lo hacían mediante medidas cautelares. Así muchos llegaron a ver sueldos que superaban los 40.000 pesos. Para poder hacerlo sin que sonara a acto de corrupción, los jefes convencían a sus subalternos para que se sumaran a los pedidos jurídicos, aunque, después, les fijaban montos bien diferentes. Mientras un ayudante segundo, por ejemplo, obtenía con la cautelar un salario de 3.500 pesos, un mayor podía llegar a los 60.000 pesos.

Los denunciados por el Ministerio de Seguridad son: Héctor Bernabé Schenone, ex director nacional dela Gendarmería; Juan Obdulio Sainz, ex subdirector nacional; Óscar Raúl Guidone, actual director del Servicio Administrativo Financiero (SAF) dela Gendarmería; Humberto Roque Domínguez, director del SAF en 2010-2011; Ricardo Marcelo Olano, subdirector del SAF en 2010-2011; Luis Norberto Demundo, contador del SAF en 2010-2011; y Estanis Drebnieks, jefe del Departamento de Control Interno y Rendición de Cuentas. Otros miembros dela Fuerzaque figuran en la denuncia son: Comandante Mayor Raúl Ricardo Tabocchini, director de Asuntos Jurídicos; Comandante Mayor Ricardo Jorge Back, subdirector de Asuntos Jurídicos; Comandante Primero Carlos Palleros, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos; y el Comandante Manuel Eduardo Barros, de a Dirección de Asuntos Jurídicos 2006-2010.

Unos ya habían sido pasados a retiro en diciembre, por investigaciones previas dela Oficinade Transparencia del Ministerio de Seguridad, y otros acaban de quedar en situación de disponibilidad. Los delitos por los que están imputados son “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “tráfico de influencias” y “violación de deberes de funcionario públicos”. Serían ellos, según la denuncia, quienes promovieron el uso de las medidas cautelares para conseguir aumentos desmedidos de salarios, y quienes fijaron los montos de los suplementos para suboficiales y oficiales. Se trataría de un lío de corrupción para desfalcar las cuentas de Seguridad del Estado: “En algunos casos se habían liquidado diferencias mayores al 800 por ciento respecto del haber o sueldo mensual”, dice un comunicado emitido esta mañana por la oficina dela Ministra Nilda Garré.

Las cautelares

En esta red de corrupción, existió la connivencia de estudios jurídicos y abogados, que, se presume, eran bien conocidos por los funcionarios denunciados. En febrero de este año,la Procuraduría General de la Nación informó de graves casos en el país que cobijaban con medidas cautelares a un alto número de miembros dela Gendarmeríayla Prefectura. En poblaciones de Formosa, Corrientes y Chaco que nunca han contado con 15 mil habitantes, llegaron a firmarse, en cada una, más de 11 mil amparos a funcionarios y militares que prestaban servicios en otras latitudes.

En los textos de estas medidas cautelares los jueces firmantes recomendaban a los administrativos de las fuerzas implicadas “liquidar diferencias salariales de acuerdo a la petición de los actores”. Era un cheque en blanco que favorecía, especialmente, a los superiores. Según la investigación de Procuraduría, tanto abogados como jueces se lucraron de la cadena de corrupción tendida desde las entidades militares.

Uno de los expedientes que ya fue denunciado es el 1435/10, firmado en agosto del 2010 por el juez Luis Alberto Pintos –quien renunció hace un año–, en Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. Allí, con la intervención del abogado Amilcar Nelson Serial, más de 10 mil miembros dela Gendarmería Nacionalresultaron beneficiados con varios suplementos contemplados por decretos de 1993, que incluyen actualizaciones y retroactividades con valores inéditos y determinados, con libertad corporativa, por los mismos jefes administrativos dela Fuerzaoficial.

En Santo Tome, Corrientes, y El Colorado, Formosa, otra cantidad similar de amparos también tuvieron la firma de juzgados civiles y comerciales. En la primera población, Gabriela Beatriz Duarte fue destituida tras la investigación de Procuraduría; y en la segunda, Humberto de Biase Echavarría fue multado con 30.000 pesos por el Tribunal Superior de Justicia y fue impedido para emitir resoluciones que involucraran a organismos nacionales.

Hoy, la denuncia penal interpuesta por el Ministerio de Seguridad dela Nacióncompleta el mapa de la red de medidas cautelares que se montó en los mandos dela Gendarmería, tuvo su incubación en despachos judiciales y firmas de abogados, y dio sus frutos salariales en el beneficio desmedido de una gran cantidad de funcionarios públicos, especialmente oficiales de alta jerarquía.

Los salarios de hoy

Con el decreto 1307/2012 –basado en los fallos Borejko y Zanotti y hoy en el ojo de la polémica–, los salarios exorbitantes debían reducirse. Con ese fin, la norma estableció importes salariales para cada rango, y dispuso, en el papel, que se siguieran liquidando suplementos económicos a los funcionarios de Gendarmería y Prefectura, aunque suprimió unos extras específicos que beneficiaban únicamente a los altos mandos.

Dice el decreto: “El personal con estado militar de gendarme o estado policial, en actividad, de las Fuerzas de Seguridad, continuará percibiendo, en los casos que corresponda en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Nº 1082/73 y en el artículo 4° del Decreto Nº 1009/74, los suplementos particulares y compensaciones previstos en la Reglamentacióndel Capítulo IV (Haberes) del Título II (Personal Militar en Actividad) de la Ley Nº 19.101, aprobada por el Decreto Nº 1081/73 y sus modificatorios, con expresa exclusión de los suplementos ‘por responsabilidad jerárquica’ y por ‘administración del material’ regulados en los apartados”.

Fue entonces cuando se presentó una confusión muy conveniente: la merma del sueldo empezó por abajo. El subalterno que obtenía 3.500 pesos, quedó ganándose menos de 2.400; el salario del oficial, que era de 60.000, se mantuvo con un cero más. La denuncia penal también incluye esa actuación ventajosa: “Se los acusa de haber practicado liquidaciones irregulares aun después de recibir instrucciones del Ministerio de Seguridad en el sentido de ajustarse a las pautas fijadas porla Corte Supremade Justicia en el fallo ‘Zanotti’, así como de depositar en diversos casos los montos resultantes sin contar siquiera con la aprobación judicial de la liquidación”.

Esta mañana, por los pasillos del Ministerio de Seguridad, una teoría sonaba en voz baja: “Liquidar así los salarios de los suboficiales equivalía a cruzarse de brazos mientras los otros eran, indirectamente, obligados a protestar. Por eso los oficiales no están en las protestas”.  Algo similar opinaban los gendarmes y prefectos que desde el fin de semana comenzaron a marginarse de las manifestaciones en los edificios Centinela y Guardacostas: “Nosotros nos autoconvocamos a la protesta presionados por lo que recibimos, pero sabemos que hay algo poco claro en la liquidación de los salarios: aquí nos dicen una cosa, vamos y firmamos otra, y en los recibos vemos otra”. Lo que hoy todos esperan es que se establezca una política salarial a largo plazo que acabe con el oportunismo de las cautelares y fije sueldos dignos para todos los rangos.

 

 

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