Especial Proceso Digital
Tegucigalpa – La muerte y la tragedia siguen cobrando vidas en las cárceles de Honduras. Este jueves 13 privados de libertad perdieron la vida en el centro penal de San Pedro Sula en medio de una reyerta entre bandas, según reportes oficiales.
En Honduras las cárceles son escenarios donde la vida no vale nada. En ellas aparte de la inseguridad que ha desembocado en tragedia tras tragedia, que cada año registra saldos trágicos, los centros penales son una especie de “universidades del crimen”. Allí, dicen expertos, un privado entra infractor de la ley, pero sale maestro en el crimen.

Se sabe, por reportes oficiales, que desde las cárceles hondureñas operan bandas de secuestradores, extorsionadores, sicarios y traficantes, para mencionar algunas modalidades organizadas de delinquir y que cada día cobran mayor control de Honduras, un país que es considerado por la Naciones Unidas, como el más violento del planeta, fuera de las zonas de guerra.

La tragedia de San Pedro Sula, de este jueves, es precedida por otra de gran magnitud que dejó 361 víctimas en la cárcel de Comayagua, región central de Honduras. El incendio de todos los módulos penitenciarios de esa granja penal es considerado el peor suceso carcelario reportado en Honduras. El suceso ocurrió en la madrugada del 15 de este febrero, hace apenas 44 días.

Lo que ocurrió en San Pedro Sula

En la norteña San Pedro Sula, la ciudad más violenta dentro del país más violento, su centro penal cuenta con una población de 2,400 internos y su capacidad es para 800 reos.

Este jueves, poco después del mediodía, empezó la riña entre internos de la cárcel sampedrana. Según referencias de la Policía todo ocurrió entre los llamados “paisas” (privados de libertad que no pertenecen a pandillas), quienes se enfrentaron a sus compañeros de las maras, en una disputa por poder y territorio dentro del recinto.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla reafirmó que la lucha entre pandillas al interior del centro penal habría provocado la tragedia.

La cárcel de San Pedro Sula es absolutamente inadecuada, sus instalaciones son endebles a lo que se suma el severo hacinamiento. Todos estos elementos contribuyen a que una revuelta tenga resultados impredecibles. La temperatura en la ciudad, a la hora del motín, superaba los 35 grados centígrados y entre disparos y una espesa humareda, 13 reclusos perdieron la vida, la mayoría de ellos por heridas de arma blanca y uno quemado. También un recluso resultó herido de arma de fuego.

Uno de los reos, Mario Enrique Álvarez, jefe de los “paisas”, fue degollado y su cabeza lanzada a techo de la edificación por sus victimarios. Álvarez negociaba el traslado de algunos internos hacia otras cárceles seguras del país.

Emiliani dice que el control fue un milagro divino

Pasaron más de cuatro horas hasta que el obispo Rómulo Emiliani, logró apaciguar los ánimos de los internos y así las autoridades recuperaron el control de la cárcel.

“Todos están tranquilos, nada más pidieron que la policía se apartara… ocurrió un milagro porque esto estaba ya al borde de un caos total”, dijo el obispo Emiliani al salir del penal.

“Ellos dieron la palabra de que no habrá más conflictos y yo soy garante de que van a cumplir”, expresó Emiliani quien detalló que se está pasando lista para lograr un control de los internos.

El obispo Emiliani es un religioso que ha trabajado por años en las cárceles del norte de Honduras, igualmente lo ha hecho con jóvenes involucrados con organizaciones criminales o en riesgo. Rómulo Emiliani ha pedido por años, la construcción de un centro penal en San Pedro Sula, pero su voz no ha tenido eco pese a que incluso ha logrado realizar varias actividades que ya dan forma a su propuesta.
El calor ambiental y el fuego en la cárcel pudieron reeditar las tragedias de Comayagua, la del atlántico puerto de La Ceiba ó la del mismísimo penal sampedrano donde los muertos se han contado por decenas en tragedias que periódicamente ocurren.

Se conoció que en la cárcel se encontraron armas de alto poder.

“Afortunadamente podemos decir que gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos, la tragedia no pasó a mayores proporciones”, recalcó el ministro de Seguridad haciendo alusión al fuego que se desató en una parte de las instalaciones carcelarias.

Fueron las autoridades de la Fiscalía hondureña quienes oficializaron el dato de las 13 muertes, mediante declaración de la coordinadora de fiscales de la zona norte, Marleny Banegas. El dato fue reconfirmado por el alcalde sampedrano, Juan Carlos Zúniga.

Los reos fallecidos son: Mario Antonio Enrique Álvarez, Elder Ramos Romero, Teodoro Archaga Castro, José Armando Gómez Rivera, Nery Sagastume Chinchilla, Gary Jesús Menjivar Lara, Marco Tulio Contreras Funes, Anacleto Gutiérrez Bonilla, David Enrique Robles Rosales, Jorge Armando Gutiérrez López, José Santos López Medina, Felipe Humberto Erazo Rivera y Óscar Emilio Colindres Fajardo.

La reacción del Presidente

Las primeras declaraciones ofrecidas por el presidente hondureño, Porfirio Lobo, fueron para hacer pública la instrucción que dio al ministro de Seguridad para que preservara la vida de los internos. El gobernante se encontraba justamente en el norte de Honduras, en la localidad de Cofradía.

“Hay que hacer todo lo necesario para evitar la pérdida de vidas humanas, que es lo que nos preocupa a todos, todo lo demás se puede recuperar” declaró Lobo.

No se sabe si hay instrucciones de separar a autoridades de la cadena de mando que tiene responsabilidad en el manejo y administración de las cárceles y su sistema de seguridad.

El recuento del Comisionado de los Derechos Humanos

Los centros de privados de libertad fueron, durante el 2011, escenario de diferentes hechos que dejaron como saldo, la muerte de alrededor de 30 personas, incontables heridos, motines, fugas, enfrentamientos entre internos, introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores y celulares, reveló un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El documento establece que en todos los centros penales del país se presentan, en forma sistemática, graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad.

El titular del organismo humanitario, Ramón Custodio, mencionó para el caso, que existe retardo en la administración de justicia, hacinamiento, inseguridad interna provocada por los incendios y las riñas entre los privados de libertad, situación que deriva en lesiones y muertes.

A lo anterior, se suma, según el ombudsman hondureño, la carencia de los medios de rehabilitación, el desentendimiento del Estado sobre su responsabilidad con los privados de libertad, la introducción de armas, drogas y licores como parte de la corrupción.

El informe, en poder del Congreso Nacional, señala que los centros de privados de libertad son también escenario de fugas y que la mayor parte de ellas cuentan con la corrupción de los guardias encargados de la seguridad.

Lo anterior indica, dijo Custodio, que “en los centros penales no hay puntos ciegos sino que hay ciegos en los puntos” y por eso la fuga de los privados de libertad.

Una de las preocupaciones del organismo de derechos humanos, señalada en el documento, es que el régimen disciplinario, en los centros de privados de libertad, está en manos de algunos internos, situación que ha generado en riñas y dejado como saldo la muerte de decenas de personas.

El Conadeh cuestionó, en el informe, que la detención arbitraria no solamente se da cuando se captura a una persona sin respetar su derecho de libertad individual, sino que también es arbitraria cuando el Estado mantiene a la persona privada de su libertad sin garantizarle su vida, integridad y seguridad personal.

El organismo humanitario es del criterio que la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP) ha demostrado su incapacidad para manejar los centros penales del país por lo que, recomienda la creación de un Instituto Penitenciario para que se encargue de las cárceles del país.

Antecedentes

El 15 de febrero de este año, un incendio consumió varios módulos de la granja penal de Comayagua, lo que dejó una mujer y 360 reos fallecidos.

En 2003, unas 68 personas fallecieron en la cárcel de El Porvenir, La Ceiba, Atlántida.
Mientras en 2004, se produjo la muerte de 107 reos en la granja penal de San Pedro Sula, hecho por el cual el Estado de Honduras aceptó su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El sistema penitenciario de Honduras es considerado una “bomba de tiempo”, pues las 24 cárceles existentes en el país, que tienen capacidad para albergar a 8,000 personas, contienen a 13,000.