El Heraldo.-

Al menos 3,018 mujeres murieron en forma violenta, entre el año 2002 y junio del 2012, revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Uno de los principales hallazgos del informe, es que más del 90 por ciento de los casos se encuentran en la impunidad por falta de investigación de parte de las autoridades.

Ramón Custodio, titular del ente estatal de derechos humanos, condenó la situación de violencia a la que están expuestas las mujeres en el país y lamentó que alrededor de 46 pierdan la vida mensualmente.

Se estima que más del 90 por ciento de los victimarios de mujeres son “desconocidos” para las autoridades encargadas de la investigación.

El ombudsman hondureño urgió a las autoridades encargadas de la seguridad en el país mayor efectividad en sus actuaciones hasta dar con los responsables y ponerlos a la orden de los tribunales.

Repunte en el 2008

El repunte de las muertes violentas de mujeres se registra en el actual gobierno de Porfirio Lobo Sosa, con un 41 por ciento de la totalidad de decesos registrados en la última década.

En 2005, se contabilizaba, en promedio, la muerte en circunstancias violentas de 14.58 mujeres mensuales, es decir una víctima cada dos días.

La situación de violencia para las mujeres empeoró aceleradamente, al extremo que ya para el 2008 en el país se reportaban 26.08 homicidios por mes, casi el doble de los hechos ocurridos en el 2004.

En lo que va de la actual administración de Lobo se registra la muerte violenta de 1,228 mujeres, cifra que representa el 41 por ciento de los homicidios cometidos desde el 2002.

En el 2010, el promedio de muertes violentas de mujeres fue de 36.50 mensuales, un año después ascendió a 42.66.

En los primeros seis meses del 2012 se registró la muerte en circunstancias violentas de 278 mujeres, lo que significa un promedio de 46.33 mensuales o alrededor de tres víctimas cada dos días.

De las 950 que perdieron la vida violentamente entre el 2010 y el 2011, el 77 por ciento de las mujeres víctimas de las armas de fuego, armas blancas y otras armas contundentes estaban en el rango de 15 a los 44 años, es decir, que formaban parte de la Población Económicamente Activa del país.

Alrededor del 68 por ciento fueron ejecutadas en la calle y en su casa de habitación.