Honduras: extradición e impunidad

Por Eduardo Enrique Reina García – La Tribuna.-

 

Según ha trascendido recientemente dentro de las medidas prácticamente desesperadas que está tomando el gobierno Lobo-Hernández para tratar de paliar la gigantesca criminalidad que vive el país ha sido la aprobación de reformas a la Constitución, sin consenso popular, para que la figura de la extradición incluya a los hondureñas y hondureñas involucrados en terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.

Mucho se irá diciendo por quienes pueden estar en contra o a favor de una medida qué no es más que un proceso oficial mediante el cual una nación o estado decide entregar a un sospechoso o convicto criminal a otra nación o estado, lo que generalmente se regula por tratados o convenios. La práctica usual de los estados es que no tienen ninguna obligación de someter a otro estado a un criminal como un principio de soberanía. Sin embargo, los estados tienden a cooperar en muchas áreas con relación a la extradición, manteniéndose en general restricciones cuando los delitos de que se acusa a alguien sean de naturaleza política, rondando más la figura con el asilo. La extradición no es mala en sí misma, todo está en la capacidad del sistema jurídico de un estado en que se pueda garantizar la justicia y los procedimientos del debido proceso y de respeto a los derechos humanos. Lo bueno o lo malo se verá en su aplicación.

El tema de fondo para el caso de Honduras va más allá de la extradición y sus razones y la defensa soberana. Estas reformas que se aprobaron sin ninguna discusión pública y que son el resultado de un viaje de Lobo y de sus colaboradores a Estados Unidos para abordar el tema de seguridad y que seguro traerán otras medidas, es que la capacidad de los entes de seguridad, del sistema jurídico hondureño y de sus operadores de justicia está colapsado. Ya no solo los nacionales no tienen confianza en el mismo, tampoco la tienen los estados con los cuales Honduras tiene relaciones, y no existe la fuerza o voluntad de enfrentar al crimen de nacionales, mucho menos al transnacional.

Cada uno de los problemas que han ido surgiendo con el resquebrajamiento institucional que provocó el golpe de estado, va desmoronando cada vez más y una a una a todos los actores que participaron en la “conspiración”, tal y como  la llamó el Departamento de Estado a las acciones impunes del golpe de estado y que demuestran que la justicia en Honduras es para los enemigos políticos pero no para los criminales poderosos. La incapacidad de proporcionar seguridad a su población y de que los operadores de justicia hondureños no puedan frenar la violencia, que no puedan evitar la impunidad de todo tipo, solo demuestra lo que ya hemos dicho, Honduras sufre los signos de un “estado fallido”.

Esto se ve demostrado y agravado claramente con las declaraciones de Juan Orlando Hernández cuando, según medios escritos hondureños expresó el jueves 19 de enero que: “Si algo le llega a pasar a un funcionario hondureño, la comunidad internacional va a venir aquí hasta el último lugar para hacer justicia”, tras agregar que en estas operaciones participarían Estados Unidos, Colombia, Chile y España. En pocas palabras no hay capacidad para generar la gobernabilidad en Honduras y además de pensar en una fuerza de ocupación multinacional, que tampoco ha sido consultada al pueblo hondureño.

Todo se complica cada vez más y son los síntomas propios de que un golpe de estado no se subsana parchando la democracia; para ello, es necesario un nuevo acuerdo nacional y ideal una Asamblea Nacional Constituyente, los golpes no se resuelven dejando todo como estaba. Se requiere un acuerdo que incluya a todas las fuerzas y actores, reformando un sistema cargado de leyes y lagunas diseñado para favorecer solo a unos. La vieja democracia pactada, la que proviene del antiguo régimen, construido de los acuerdos de los viejos golpes de estado de los años setenta, no está acorde a la realidad política, social y económica que vive Honduras.

La crisis es profunda no solo es jurídica y de seguridad, lamentablemente es económica. América Latina y países de la región reflejan cifras positivas en combate a la pobreza y crecimiento económico. Tristemente, Honduras se hunde cada vez mas en la pobreza, la corrupción y la desesperanza de un nudo gordiano que no parece tener salida. Mientras la impunidad siga imperando, el estado de derecho se evapora en la ilegitimidad. Las consecuencias del golpe son cada vez más grandes, hay que reestablecer la democracia y sobre todo su legitimidad, ya no es la forma es el fondo.

La respuesta no la encontraremos en la comunidad internacional solo en un liderazgo que de verdad permita la reconciliación, la construcción y el establecimiento de un sistema en el que se pueda confiar y que aplique justicia sin preservar la impunidad, Honduras merece otro futuro.

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