Pablo Ferri.- El Universal.-

Hilda Caldera sintió un golpe seco en la espalda y justo después un ardor intenso que le sacudía los huesos. No sabía qué pasaba y tampoco tuvo tiempo de averiguarlo porque enseguida sonaron más balas. Alfredo Landaverde (foto), su esposo, conducía aquel día. Tenía el coche en el taller hacía un par de semanas por un golpe, así que utilizaba el de ella. Los dos tenían que ir a Tegucigalpa esa mañana: él a cobrar su sueldo como asesor en el Parlamento hondureño y ella, socióloga, a concretar los detalles para empezar una nueva consultoría.

Aún no eran las 10 de la mañana cuando el Kia celeste paró en un semáforo de la avenida Los Próceres. Se acercaban a la zona noble de la ciudad, a las calles de las embajadas extranjeras —Estados Unidos y México tienen la suya a unos dos kilómetros de allí—, la sede de Naciones Unidas y una lujosa plaza hotelera. Justo cuando salían del semáforo empezaron a dispararles desde una motocicleta. Ella sintió el fuego en la espalda e inmediatamente se volteó. Su marido yacía malherido en el asiento del conductor y perdió el control del coche. Mientras, la motocicleta emprendía la huida.

Landaverde no se recuperaría. Los sicarios le habían dado tres veces y había muerto casi al instante. Era diciembre de 2011. Hilda perdía en ese momento a su compañero de medio siglo y Honduras a uno de sus más implacables luchadores contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Un año después, la Policía del país más violento del mundo —donde se registran 82.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, según la ONU— apenas sale del hormiguero. En agosto detuvieron a un muchacho de 21 años a quien acusan de ser uno de los dos autores materiales, pero nada más allá. Oficialmente, la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía carece de pistas sobre quién pudo encargar el asesinato. El director de la institución, Juan Carlos Bonilla, dijo a la prensa en septiembre lo que toda Honduras cuchicheaba desde hacía meses: que tenía indicios de que había agentes de ese cuerpo policial detrás del ataque. Desde entonces, silencio total. Sólo dijeron que fueron dos sicarios desde una motocicleta, que dispararon siete veces con un revólver nueve milímetros por el lado del conductor, y que luego se fueron.

Hilda Caldera sabía del peligro que corría Landaverde con sus denuncias. Días antes de que lo silenciaran había dicho en la televisión nacional que 14 empresarios hondureños lavaban dinero del narcotráfico con la complicidad del Gobierno. “¿Me va a decir el fiscal que no lo sabe?”, criticó, “¿Me va a decir el jefe de la Policía que no lo sabe? ¿Me va a decir el jefe de las Fuerzas Armadas que no lo sabe?”.

Landaverde aparecía rabioso en pantalla, harto. Aquel era el hombre que describe su esposa: “un hombre servicial, de ideales y sueños”. Su rostro encendido escondía un cansancio profundo. “Vayamos al río de la verdad”, reclamó. El experto apuntaba alto y ensayaba un desafío total: “¿Me van a decir que no saben que existe el ‘Grupo de los 14′ y que trabajan con este Gobierno, y lo hicieron con el gobierno anterior?”.

Landaverde lanzaba esas preguntas a la población de un país que recibe el 79% de los narcovuelos que despegan de Sudamérica, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sólo el año pasado, el Ejército descubrió la existencia de 62 pistas de aterrizaje clandestinas en regiones del Atlántico hondureño y departamentos limítrofes con Nicaragua. Los Servicios Especiales de Investigación de la Policía Nacional admiten la existencia de “cuatro o cinco” grandes grupos delictivos que operan en todo el país en colaboración con cárteles mexicanos y colombianos.

Landaverde denunciaba a pesar del asesinato del general Arístides González en diciembre de 2009. El director de la agencia de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público hondureño, el zar antidrogas, dijo entonces ante los medios que disponía de información sobre pistas de aterrizaje para narcoavionetas en la zona conocida como la mosquitia hondureña, y sobre los dueños de las tierras que las alojaban. El general había dicho también que los cárteles mexicanos de Sinaloa, La Familia y Los Zetas tenían cada vez mayor presencia en el país. Días después de su declaración, unos sicarios le tirotearon desde una motocicleta mientras manejaba su coche. Tras su muerte, Alfredo Landaverde se convirtió en uno de los principales candidatos a ocupar el puesto.

Hilda Caldera ignora quién preparó el asesinato de su marido. La viuda de Arístides González tampoco tiene idea de quiénes ultimaron al suyo. En la línea de lo que dijo Bonilla, antiguos altos cargos de la Policía apuntan que tanto las motocicletas que se usaron en el caso de Arístides como en el de Landaverde fueron vistas después de los tiroteos yendo en dirección a Casamata, el cuartel general de la policía en Tegucigalpa.

El fin de semana antes de que lo matasen, Landaverde se reunió en la capital con el director de la Policía y el director de centros penales. Su experiencia y presencia mediática forzaba a las autoridades a tenerle presente continuamente.

Cuando llegó a casa tras cuatro horas de reunión, fue a buscar a su esposa para contarle. “Me dijo que habían hablado de los cárteles criminales dentro de la Policía, que eso es un campo de minas”, dice ella. Días después, subida en la ambulancia camino del hospital, se acordaría de aquello. Su marido yacía inconsciente en la camilla y ella sintió mucha rabia. Él ya no se levantaría.

El regalo del jefe

El director de la Policía Nacional llamó por teléfono a su delegada en el departamento de El Paraíso para pedirle su parte del dinero. Ella, María Luisa Borjas, no tardó en entender a qué se refería. En El Paraíso y demás departamentos del noroccidente hondureño el narcotráfico mueve gran cantidad de dinero y armas. Los capos necesitan policías ciegos en sus rutas y eso cuesta dinero, justo lo que pedía el director, su trozo del pastel. “Yo sabía a qué se refería Álvaro Flores Ponce, pero quería escucharlo de su propia voz”, relata Borjas. Ofrece el nombre del ex funcionario sin dudarlo, dice que ya está harta de la situación. Pese a sus denuncias, Flores Ponce no tiene ningún cargo en su contra hasta el momento, está  retirado de la Policía y ahora él es presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad e Investigación Privada de Honduras.

—Es que usted sólo pide y nunca manda nada —empezó el director.

—¿Cómo? —contestó ella.

—Sí, ¿cómo es que usted no me manda nada?

—A ver, explíqueme porque yo no lo entiendo, ¿qué es lo que tengo que mandar? ¿De dónde y cómo lo tengo que sacar? Porque mire que mi sueldo es pequeño y si le tengo que pasar algo a usted yo no voy a tener.

La conversación quedó ahí. Al día siguiente, María Luisa Borjas fue cesada de la jefatura de la Policía nacional en El Paraíso porque el director le mandó traer de vuelta a Tegucigalpa, la capital. Su nueva ocupación sería dirigir la inexistente División de Relaciones Internacionales de la Policía. No tendría presupuesto, ni muebles, ni personal, ni teléfono —Borjas me contó una tarde que guardaba toda la documentación referente a Policías extranjeras en un baúl que tenía en la cajuela del carro—. Años después, ya con otro director, asumió la Dirección de Asuntos Internos. Ambas experiencias le descubrieron la inmensa capacidad del crimen organizado para infiltrar y convencer a la Policía, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento.

Borjas añade ahora que incluso los oficiales ofrecen un tanto fijo a los jefes si les mandan a un departamento u otro. “Hay departamentos muy rentables”, indica irónica, “El Paraíso es rentable porque tiene frontera con Nicaragua; Choluteca también. Todos los departamentos del norte en general lo son”.

En Honduras, los departamentos fronterizos y los de la costa atlántica conforman un enorme corredor en que se mezclan drogas, armas y dinero. El comisionado Silvio Inestroza, tercero en la cadena de mando de Servicios Especiales de Investigación y vocero de la Policía Nacional, asiente despacio. Es un hombre recio, ajustado al uniforme. Porta un anillo en cada mano y un reloj en la muñeca izquierda. “La presencia policial está establecida, pero no puede estar todo el tiempo”, entona desde la silla de su despacho en Tegucigalpa.

El centro de estudios Woodrow Wilson, con sede en Washington DC, estima en el informe Organized Crime in Central America: The north triangle, divulgado a finales de 2011, que Honduras recibe cada año entre 350 y 550 de toneladas de cocaína en su trasiego al norte —el analista James Bosworth, autor de las páginas sobre Honduras, indica no obstante que la cantidad podría alcanzar las 850 toneladas—. La mayor parte se filtra a los departamentos fronterizos con Nicaragua, como Olancho y recorre la costa atlántica del país para filtrarse de nuevo, esta vez a Guatemala. En la frontera con Nicaragua aterrizan además muchas avionetas cargadas de coca provenientes de Venezuela.

Olancho es quizá el departamento clave. Inestroza lo menta repetidamente durante la conversación. ¿Haciendas donde aterrizan las narcoavionetas? En Olancho ¿El lugar dónde se organizan los cárteles? En Olancho ¿La zona donde decomisan más armas? Olancho… Se trata de un departamento enorme, boscoso. Sólo una carretera lo cruza y apenas alcanza tres o cuatro pueblos medianos. “Imagínese”, compara Inestroza, “sólo Olancho es más grande que todo El Salvador y nosotros somos mil efectivos para todo el país. Eso contando a los choferes y las secretarias y todo”.

Sea por falta de medios o por inefectividad, los narcos apenas sufren pérdidas en Honduras. El mismo Inestroza reconoce que decomisan poco: “El otro día agarramos ocho o diez kilos en El Amatillo, en la frontera con El Salvador y otro día le encontramos un kilo a una señora que venía de Nicaragua”. Tiene que remontarse cinco años atrás para un decomiso de 100 kilos que ellos hayan hecho solos. “Cuando pasó me alegré. ¡Uno se alegra de esas cosas!”, exclama.

El doctor Juan Almendares, ex rector de la Universidad Nacional y antiguo candidato presidencial, resumirá sarcástico días después todo lo que trata de explicar Inestroza: “Si en Puerto Cortés (océano Atlántico) se declarase todo lo que entra, el Gobierno no tendría deudas”.

Los decomisos

En marzo de 2011 la Policía ubicó un narcolaboratorio a unos 250 kilómetros de San Pedro Sula, su capital económica. Era el primero que se descubría en el país: una estructura menuda, sólo de metal y madera, con un toldo plástico de color negro. La maquinaria instalada y los químicos almacenados hubiesen generado hasta ocho toneladas de cocaína pura. El ministro de Seguridad de entonces, Óscar Álvarez, dijo enseguida que el cártel de Sinaloa estaría detrás de la instalación. Sin embargo, la Policía descubrió días después un arsenal de armas en San Pedro que atribuyeron a Los Zetas, lo que hizo cambiar de opinión al ministro. Al final nadie supo de quién era. Fuera de quien fuese, Álvarez alertó que Honduras podría estar convirtiéndose en un “maquilador de cocaína”.

El comisionado Inestroza asume que los cárteles mexicanos tienen una presencia creciente en Honduras. “Todo viene de allá”, señala, “lo de aquí sólo son ramas”. Esas ramas, explica, se encargan de organizar las rutas y de mover la droga que se queda para el mercado local, un fenómeno relativamente nuevo que se da “desde hace seis u ocho años”, cuando los cárteles empezaron a pagar en especie. Una “rama” sería por ejemplo el grupo responsable del arsenal que hallaron en San Pedro Sula el año pasado. Aunque señalasen a Los Zetas, todos los detenidos eran hondureños y guatemaltecos.

La prensa informa continuamente de avionetas que se queman en la jungla hondureña, de lanchas abandonadas en ríos de la vertiente caribeña, de persecuciones y balaceras. En julio, las Fuerzas Armadas agarraron dos toneladas de cocaína con el apoyo de la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, después de perseguir tres lanchas por el río Kruta, en la frontera con Nicaragua. Los narcos la emprendieron a balazos y encallaron las lanchas para escapar por el bosque.

El decomiso fue un éxito y engrosó la pequeña lista de victorias del equipo que forman el Ejército hondureño y la agencia de EU. Pese a ello, las operaciones conjuntas han cesado por una serie de irregularidades cometidas en los últimos meses. Oficiales de la DEA mataron a un supuesto traficante en julio durante una operación conjunta, por pura sospecha. En esos días, pilotos hondureños de la Fuerza Aérea derribaron dos avionetas basándose en la información de radares estadounidenses. Pensaban que transportaban droga. El rol de la DEA quedó en entredicho y ahora tratan de armar un nuevo plan con los hondureños más enfocado a reforzar las instituciones.

Entre tanto, las “ramas” continúan creciendo. El doctor Almendares, candidato presidencial en 2005, indica por ejemplo que “por aquí circula el 80% de la droga que va para EU. ¿Qué esperan?”. El comisionado Inestroza se despacha: “Mire, hay gente poderosa. Usted sabe que en el crimen organizado hay gente de plata, empresarios metidos en lo que es la droga, gente de todo el país. Uno no puede decirlo así nada más porque se requiere un proceso de investigación, hay que probarlo. Una forma incluso de lavar dinero producto del narcotráfico o tráfico de armas, es a través de los empresarios. Ellos pueden lavar, tienen plata, todo el mundo los conoce. Cualquier gran empresario que tiene 50 empresas puede poner cinco más todos los meses, y lo justifica sin problemas”.

Inestroza sabe además que en todas esas zonas, los cárteles “rama” funcionan como familias, que incluso toman el apellido para identificarse.

—¿Qué familias?

—Eh, hay… no me gustaría mencionar el nombre de familias.

—¿Por qué no?

—Por cuestiones de seguridad… ya sabe, el manejo de la información.

La comisionada Borjas, exdirectora de la Policía en el departamento de El Paraíso, tiene otra idea y la explica mediante una anécdota: “A mí un oficial me dijo hace poco, ‘Comisionada nosotros ahorita estamos de ver, oir y callar. No podemos actuar contra un delincuente, contra un narco, porque no sabemos con qué jefe (de la Policía) está relacionado, porque las represalias para nosotros van a ser grandes y nosotros también tenemos familias’”.

La policía que no protege

Llegamos a media tarde a la cárcel de Támara, 20 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Frente a la entrada, un grupo de reos cargaba sacos de víveres hacia el interior. Dos agentes de la Policía Nacional observaban la escena medio aburridos. Entramos y esperamos. Tres visitantes —dos chicas y un chico— aguardaban el permiso del guardia para salir del lugar. El muchacho traía la cabeza tapada con una capucha y apenas levantaba los ojos del suelo. Las chicas parecían preocupadas. Él era un tipo flaco que parecía un espantapájaros. Cuando el grupo dejó la prisión, uno de los guardias murmuró: “Le acaban de dar bien”.

Luego nos explicaron que el muchacho acababa de salir del módulo de Barrio 18, una de las dos pandillas más grandes de Centroamérica. Los jefes le habían mandado llamar a la cárcel para darle una tunda. El guardia dice que “habría hecho algo mal” y que los que hacen algo mal tienen que ir a prisión a que sus jefes les den su merecido. Su explicación responde a una dinámica habitual en las pandillas. La ley antimaras que aprobó el Gobierno en 2003 encerró a buena parte de los líderes en prisión. Las calles ahora se controlan desde allí.

La cárcel de Támara no es una cárcel normal. De hecho, ninguna prisión hondureña lo es. Los reos viven hacinados en cada una de las 24 que hay en el país y el número de guardias resulta siempre insuficiente para controlar la situación.

Entendí eso recién ingresé al módulo de Casablanca. Me abrieron la puerta desde dentro, no desde fuera. Luego vi que eran los internos quienes guardaban las llaves y que la policía entraba porque yo lo haría —normalmente se queda fuera—. Los presos organizaban el comedor, conseguían marihuana y cuidaban de sus mascotas —hasta un venado, una cría con motas blancas en el lomo y un lazo rojo decorándole el cuello—. Contaban con un palenque para peleas de gallos y me aseguraron que invitaban a los guardias cuando organizaban una. También había, por supuesto, una zona habilitada para guardar las jaulas de los gallos, no muy lejos de la mesa de billar.

También me explicaron que, de cuando en cuando, la situación se descontrolaba. El chico de la capucha tuvo algo de suerte y sólo recibió unos golpes. Otros, como el pandillero Cabeza, no pudieron contarlo. A Cabeza le asesinaron en octubre de 2011. Le liberaron de noche, algo que no suele ocurrir, y aún no se había alejado 500 metros de la entrada cuando le tirotearon. Luego la prensa dijo que Cabeza, uno de los líderes del Barrio 18 en Támara, era un prestanombres. En un reportaje publicado el pasado enero, el diario Miami Herald explicaba que Cabeza salía de prisión todos los martes y jueves a las 9:00 en punto a cumplir encargos del jefe: entregaba drogas o armas y volvía con dinero. El rotativo indicaba que el jefe era un alto cargo policial de instituciones penitenciarias e ilustró el texto con una foto de Cabeza vistiendo un uniforme de la Policía Nacional, el mismo que llevan los guardias de la prisión. Un ex alto cargo policial indica que fueron agentes de policía quienes le balacearon, pero nunca se detuvo a ningún sospechoso.

Las cárceles son sólo otro eslabón en la cadena de corrupción hondureña. La corrosión afecta a todos los estamentos y las cárceles se convierten así en otra plataforma para delinquir. La Policía juega en ese asunto un papel clave. “Hasta hace un año ellos decían ‘estos jóvenes están en bandas, andan en la droga’ y la gente decía que los asesinatos eran ajustes de cuentas. Yo creo que lo que ahora es claro es que ellos son en muchos casos los responsables”, analiza Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Castellanos ha sufrido de cerca la podredumbre policial. Apenas una semana después de la muerte de Cabeza, cuatro agentes asesinaron a su hijo. Castellanos desgrana su historia, detalles que ha recorrido cientos de veces. La rectora no demuestra dolor, más bien resignación. Espera que se haga justicia, pero los meses pasan y los adelantos son mínimos.

El Gobierno había renovado la cúpula de la Secretaría de Seguridad un mes antes de aquel octubre del asesinato, y las investigaciones en el caso del hijo de la rectora apuntaban de nuevo al cuerpo policial. “El jefe de Policía vino a mi despacho y reconoció que habían sido sus agentes”, recuerda Castellanos. Los detuvieron y encerraron, pero escaparon. “El viernes, después de encerrarlos, los dejaron salir para que se volvieran a presentar el lunes, pero no lo hicieron”.

Recién en octubre se entregó uno de los supuestos asesinos, aunque todavía quedan dos prófugos.

Tras el ataque al hijo de la rectora, el Gobierno lanzó otra operación para depurar la Policía, que hasta el momento ha dejado fuera a unos 500 agentes y decenas de cargos medios y altos —entre ellos el del propio director, Ricardo Ramírez—. Se desarticuló incluso una banda de policías que operaba en una de las comisarias de Tegucigalpa, el Cártel de la Granja, especializado en asaltos, extorsiones y sicariato.

El doctor Almendares, ex rector de la universidad nacional y antiguo candidato a presidente, cree que en Honduras “hay mucha impunidad y bajo eso se esconden muchas cosas. Yo no creo que el estado no sepa lo que ocurre, que no tenga información, pero toda la culpa se la echan al narcotráfico”. Almendares recuerda que a principios de siglo, la percepción del Estado era similar, sólo que los culpables entonces eran los pandilleros. El Gobierno de Ricardo Maduro adjudicaba cualquier crimen durante su mandato (2002 – 2006) a la violencia entre las pandillas. Maduro y su ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, lanzaron en 2003 la ley antimaras según la cual un simple tatuaje te convertía en sospechoso de pertenecer a una pandilla. “El sistema culpabiliza a los jóvenes”, indica Almendares, “la limpieza social existe desde hace años”. Igual que entonces los pandilleros, el narcotráfico es ahora el principio y el fin oficiales de todos los problemas de Honduras. Si hay un balaceado, es un ajuste de cuentas por drogas. Si la Policía decomisa armas, éstas van a engrosar el arsenal del crimen organizado. Almendares, que atiende a víctimas de tortura en las prisiones hondureñas desde hace años, cree que el narcotráfico tiene que ver, pero que no lo es todo. La cuestión para él está en quiénes son los narcotraficantes.

—¿Quiénes son? —pregunto.

—No hay respuestas. Aquí aparecen avionetas y desaparecen los pilotos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿quiénes son los narcos acá? ¡Son los mismos, están ligados a la estructura de poder! Lo que pasa es que nadie los identifica. Sufrimos una violencia represiva, eliminan a la gente y le echan la culpa al narco. Hablan de droga y no dicen quiénes son los narcotraficantes. Es imposible que no lo sepan.

Turbio

Semanas después de reunirnos, Hilda Caldera me contestó un mail con respuestas sobre su esposo Alfredo. Entre otras cosas, respondió que tanto ella como su hija “eran de la idea” de que iba a pasarles algo, que su esposo sabía mucho “de lo que es mejor no saber y, si se sabe, es mejor callar”. No sabía a quién pedir ayuda y le preocupaba que, si le hacen daño, se dijeran mentiras sobre ella: “Como en Honduras vivimos una mortandad espantosa y no hay respuestas de nada, a aquellos a los que matan, pronto se dice que andaban en algo turbio”. (Con información de Alejandra S. Inzunza y José Luis Pardo).