Humanizar la guerra contra las drogas

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Por Mariano Fusero*

Roxana vivía en Barcelona con sus dos hijos, Lucca y Marco. Lucca tiene epilepsia, retraso psicomotor e hipotonía muscular. Marco, autismo. Estaba internado en una clínica psiquiátrica infantil con un diagnóstico de “desahucio farmacológico”. Ninguna medicina funcionaba para él.

La madre descubrió la posibilidad de tratarlos con cannabis. Le contó de la terapia alternativa a la pediatra de Marco y la médica la denunció. Estuvieron a punto de sacarle la tenencia de los hijos. La familia volvió a Buenos Aires. Sin la terapia en base a cannabis Marco convulsionaba, se golpeaba la cabeza contra la pared. Un día le sacó tres dientes a la madre de un golpe.

Roxana aprendió a cultivar y hacer mantecas con cannabis. Hace años que Marco no convulsiona. Historias parecidas podrían contar Soraya, Valeria, Erika, Laura y centenares de madres que cultivan cannabis para que la vida de sus hijos duelan menos. Todas ellas amenazadas con penas que podrían corresponder a un homicidio simple.

La Ley de Uso Medicinal del Cannabis 27.350 y su reglamentación (2017) no contemplan el autocultivo.

Desde 2016 la ANMAT impide a las familias la importación de productos en base al cannabis para patologías ajenas a la epilepsia refractaria.

Personas con cáncer, VIH, fibromialgia, artritis no pueden acceder a la sustancia legalmente.

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A Ariel lo detuvieron cuando caminaba por la plaza Los Aviadores del Palomar. La policía lo requisó y le encontró dos cigarrillos de marihuana. Lo condenaron en diversas instancias por tenencia de estupefacientes y quedó alojado en Villa Devoto. El 14 de marzo de 1978 murió en la Masacre de Pabellón Séptimo. Dos semanas después la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo condenó post mortem: los jueces sostuvieron que el consumo de drogas lleva irremediablemente a la “delincuencia común y subversiva”.

Durante la temporada de polo, Miguel cuidaba los caballos de una estancia en Pilar. Una tarde de septiembre de 2013 el Servicio de Apoyo Policial de Pilar (SAP) lo detuvo con algunos gramos de cannabis para su propio consumo. Lo encerraron en una celda de la Comisaría Primera de Pilar, que estaba inhabilitada por un juez para alojar detenidos. La primera noche de su detención Miguel apareció ahorcado por un cable contra las rejas de la celda. Presentaba golpes en el rostro y el pecho. Tenía 29 años y una familia que sigue reclamando justicia por su muerte.

Alcides es jubilado de la industria metalúrgica y vive con dolencias en su espalda, hombros y un zumbido constante en los oídos, recuerdo ingrato de las maquinarias que operó durante treinta años. Un amigo le regaló una semilla de cannabis que él cultiva en el jardín de su casa en Villa Constitución, Santa Fe. Alcides probó marihuana por primera vez a los 70 años. Se sintió mejor: se redujo el dolor, disminuyen los zumbidos. Los médicos lo acompañaron.

Una tarde de 2014 la policía allanó su casa. Encontraron cinco plantas y lo procesaron por el delito de “siembra y cultivo”, que establece una pena de 4 a 15 años de prisión, la misma que le puede corresponder a un narcotraficante o a un violador.

Cuatro años después Alcides es sobreseído por el mismo juzgado federal que lo había procesado. El juez declara inconstitucionalidad perseguir el autocultivo. Alcides no vuelve a consumir cannabis. Convive con el dolor y la mirada de algunos vecinos que recuerdan el allanamiento y su imputación como narco.

20 mil personas son detenidas por año por consumir sustancias prohibidas en Argentina

La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del delito de tenencia de drogas para consumo personal. Los fallos no impactan en la vigencia de la ley penal.

Una veintena de proyectos de ley se presentaron a partir del año 2009. Ninguno prosperó.

El 60% de las causas federales se deben a la persecución de consumidores

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Fernando es obrero de la construcción. Está casado y tiene una hija de ocho años. En sus ratos libres consume cannabis. Cultivar sus propias plantas para no comprarle al transa de Saladillo y obtener un producto de mayor calidad y seguridad. Un vecino miembro del Servicio Penitenciario Federal le roba algunas flores de su jardín. Discuten. El vecino lo denuncia.

La policía allana y le encuentran cuatro plantas que desgajan para que parezcan más: le imputan dieciocho plantas. El juzgado federal de Azul y un juzgado de garantías de La Plata debaten durante meses la competencia. Fernando sigue preso en cárceles de máxima seguridad bajo prisión preventiva.

Lo condenan a 4 años y 9 meses de prisión efectiva: más de un año de prisión por planta. En 2015 la Cámara de Casación bonaerense lo absuelve El fallo habla de las libertades individuales y la inconstitucionalidad de reprimir el autocultivo.

La penalización del autocultivo fue declarada inconstitucional

La ley penal amenaza a las personas que cultivan con penas semejantes al delito de violación u homicidio.   

En ninguno de los países que regularon el autocultivo se registró aumento del consumo o del mercado ilegal.

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Cuando Graciela era niña su padre la maltrataba y golpeaba. Años más tarde su marido le destrozó la cara a zapatazos. Incluso su propio hijo le partió la boca de una trompada. Un día buscó escapar de la violencia machista en su Nicaragua natal. Al no contar con dinero, un primo le ofreció llevar un paquete a Buenos Aires. Él se encargaba de pagarle los pasajes y la estadía. Aunque sospechaba, Graciela no chequeó el contenido. La desesperación y necesidad de escapar, pudo más.

Hoy cumple una pena por tráfico de cocaína en el penal de mujeres de Ezeiza. La ley no distingue entre el gran traficante y una “mula” como el eslabón más débil de la cadena de narcotráfico.

70%  de las mujeres detenidas en cárceles federales están por delitos menores y no violentos relacionados con drogas

Nueve de cada diez mujeres extranjeras en cárceles federales están acusadas por esos delitos.

La población de mujeres encarceladas por delitos de drogas aumentó 271% en entre 1989 y 2008.

Cuando el padre está preso la mayoría de los niños y las niñas quedan al cuidado de sus madres. Cuando ellas caen presas apenas el 10% de los hijos queda a cargo de sus padres

Saulo se crió en el contexto de una familia humilde de Godoy Cruz. A los once años le diagnosticaron diabetes y pasó a ser insulinodependiente. Sus amigos comenzaron a discriminarlo y apartarlo. Una profunda depresión derivaría en un consumo problemático de drogas. No tuvo acceso a tratamiento en Mendoza y el gobierno local decidió darle un subsidio a su familia para que encuentre tratamiento en otra provincia.

Terminó en una comunidad terapéutica de la zona norte de Buenos Aires. Durante el primer mes no tuvo contacto con el exterior, ni siquiera por teléfono. Golpes, represalias, encierro y sobremedicación con ansiolíticos y antipsicóticos. Tuvo una recaída en el consumo y lo encerraron en una celda de aislamiento. Saulo entró depresivo y sin la dosis diaria de insulina. Minutos después apareció ahorcado. Su madre y un periodista lograron que la causa se investigue. Los dueños y directivos del lugar están imputados por homicidio.

Uno de cada seis consumidores problemáticos en el mundo no tiene acceso a tratamiento

Argentina destina el 95% del presupuesto sobre drogas a la guerra contra el narcotráfico. Sólo un 5% a tareas de prevención y tratamiento. La media mundial es de 60%-40%.

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Detrás de la guerra contra las drogas, hay personas. Hay nombres. Hay víctimas. Generalmente se las suele observar como víctimas de las sustancias, cuando las drogas son objetos carentes de voluntad de daño. Las drogas no son buenas ni malas, sino que ello depende del buen o mal uso que se dé a las mismas –y ello siempre es subjetivo-.

Las víctimas son de las malas políticas de drogas. Del sistema penal. De la criminalización desproporcionada y masiva. De la falta de empatía por el dolor ajeno. De hacer siempre lo mismo para que nada cambie. De la irresponsabilidad humana que no puede ser trasladable a un objeto.

Muchos países reconocieron el fracaso de la guerra contra las drogas y buscan nuevos abordajes: despenalización a los consumidores, estrategias de reducción de daños y regulación de las sustancias. Humanizando la guerra, que no es más que acabar con ella.

 

* Director del Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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