Impidió un aborto legal, sus colegas la sancionaron y la justicia la defendió

Una psicóloga de un ONG antiaborto se infiltró en un hospital e impidió que una nena de 12 años con retraso que había sido violada accediera a un aborto legal. El Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos la sancionó, pero la Justicia santafesina falló a favor de la profesional por un tecnicismo.

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El Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos de Santa Fe sancionó a una profesional por imponer sus creencias personales sobre el bienestar de una nena de 12 años violada que había pedido un aborto legal. A los dos días de que la resolución fuera publicada, la psicóloga y la ONG Grávida -a la que pertenece- apelaron la medida en la Justicia santafesina. El tribunal falló a favor de los militantes antiderecho por un tecnicismo y dejó un mensaje adoctrinador.

En 2015 una nena de 12 años con discapacidad intelectual empezó a tener problemas en la escuela. Sus maestras intervinieron, hablaron con ella y convocaron a la madre para trabajar de manera articulada. Así descubrieron que la chica había sido violada y que estaba embarazada. La nena señaló a su padrastro como el violador. La situación había ocurrido varias veces.

La mamá la llevó al hospital Iturraspe. Es el mismo en el que dejaron morir a Ana María Acevedo hace 11 años y en el que hoy todos los médicos del servicio de Ginecología son objetores de conciencia, pese a que no se inscribieron en tiempo y forma en el registro provincial.

La mamá y la nena pidieron que se hiciera un aborto. El artículo 86 del Código Penal lo habilita. La gestación era producto de una violación a una niña con discapacidad y ponía en riesgo su salud en los términos que la define la OMS.

Los médicos decidieron ingresarla en el área de Maternidad pero al tiempo tuvieron que cambiarla de sector porque la chica se desesperaba, lloraba y gritaba cada vez que escuchaba a un bebé. La trasladaron a Pediatría mientras el equipo interdisciplinario evaluaba los pasos a seguir en función de que la gestación estaba muy avanzada y su interrupción implicaba riesgos que debían considerarse.

La psicóloga María Belén Catalano no trabajaba en el hospital pero milita para la ONG Grávida, vinculada a la Iglesia católica y que se opone al aborto. Durante el fin de semana entró a su habitación, comenzó a jugar con la nena y a charlar con la madre. Así las convenció de no seguir adelante con el procedimiento, de que firmen el alta voluntaria para continuar el embarazo y dar el bebé en adopción. También las convenció de reunirse con Emilio Perizzotti, el titular de la organización. Peritozztti es hijo de Juan Calixto Perizzotti, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y que pronto enfrentará otro juicio en el que se lo acusará de haber forzado un aborto en Silvia Suppo, tras haber quedado embarazada producto de las violaciones sufridas durante su detención ilegal.

“En el expediente consta que en el teléfono de la madre de la nena estaba grabado el número del titular de Grávida pero diciendo que pertenecía a la Subsecretaría de Niñez. O sea, se saca la conclusión de que esta gente se hacía pasar por miembros de esa dependencia del gobierno para tener mayor accesibilidad a la madre de la niña violada como un mecanismo para lograr su confianza”, explicó el abogado del Colegio de Psicólogos, Jorge Pedraza.

El lunes la mamá y la nena dejaron el hospital. Pese a que el embarazo infantil forzado se considera tortura, los mismos integrantes de Grávida relataron que acompañaron a la nena hasta que la gestación llegó a término y que el bebé fue dado en adopción.

Las amedrentaciones

Durante el tiempo en que estuvo internada, la nena dijo en varias oportunidades que si tenía al bebé “lo iba a tirar por las escaleras” y cada vez que escuchaba hablar del tema se autolesionaba. Por eso, las psicólogas que integran el equipo interdisciplinario del hospital consideraron que el actuar de su colega había sido errado y la denunciaron al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1ra Circunscripción.

Hace un año, ese tribunal falló contra la denunciada. Se indicó que había actuado incorrectamente porque había intervenido en un caso que estaba a cargo de otras profesionales, había impuesto sus creencias religiosas por encima del bienestar de una niña violada y, para eso, había utilizado “procedimientos del quehacer profesional”. Por lo tanto decidió “aplicar la sanción de apercibimiento público y suspensión de la matrícula por el término de seis meses a la licenciada María Belén Catalano, matrícula Nº 836, DNI 30.292.445″.

Apenas dos días después de que se publicara esa resolución, Catalano presentó una apelación en la Cámara de Apelación en lo Penal Circunscripción Judicial Nº 1 y solicitó que se retire de la web del Colegio la sanción y se deje sin efecto hasta que se resuelva el trámite judicial. De manera paralela las organizaciones antiderecho de la región comenzaron una campaña de desprestigio y denuncia contra el Colegio.

Para la presidenta del Colegio Psicólogos de Santa Fe, Mónica Niel, “indudablemente hay un ensañamiento con el Colegio a partir de esta decisión”.

En las cuentas de correo oficiales de la organización profesional se recibieron unos 10.000 mails en el que le recriminaban la sanción y tildaban a las autoridades de “abortistas”. Los antiderecho emitieron comunicados de prensa y dieron notas en medios afines a nivel nacional señalando que se trataba de un “un procedimiento discriminatorio, arbitrario e injusto” y que el Colegio actuó “ en las antípodas de los Derechos Humanos, de la seriedad y buena fe con uno de sus propios colegiados”.

Incluso iniciaron una colecta de firmas en Change.org donde, entre otras cosas, afirman: “Abortistas pretenden amedrentar a los que defienden la vida”, “Grávida tomó conocimiento del caso en el Hospital Iturraspe de Santa Fe y –junto a sus profesionales- acompañó a la pequeña y a su familia, durante el embarazo y el parto. Al día de hoy la siguen asistiendo”; y “el violador fue detenido y gracias a que el bebé vive se pudieron hacer los cotejos de ADN que lo señalan como autor del delito”.

El año pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Penal tomó el caso y escuchó a la partes. La defensa del Colegio mostró las razones por las cuales el accionar de Catalano había sido antiético. El abogado de la psicóloga se limitó que ella sólo había jugado con la nena (desconociendo que ésa es una de las estrategias de trabajo de ese tipo de profesionales) y a señalar que se trataba de una persecución ideológica.

“La Cámara decidió anular la sanción. Los argumentos que esgrimieron los doctores que integraron el tribunal pluripersonal -Roberto Ernesto Prieu Mántaras, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano- no se metieron en el fondo de la cuestión sino que tomaron una cuestión meramente formal que es que, supuestamente, el Colegio de Psicólogos no había precisado en su acusación cuál era el artículo concreto del Código de Ética que se presumía transgredido”, detalló Pedraza.

En ese sentido, Niel aclaró: “El Tribunal de Ética en ningún momento se expide a favor o en contra del aborto. Se expide sobre un accionar profesional que no es ético. Si hay un principio elemental de nuestra práctica es que vos no tenés que tratar de influir en las decisiones de la gente, vos tenés que tratar de ayudarlo a que elija lo mejor de acuerdo a sus propias convicciones. Un hospital público no es un lugar para hacer militancia y menos con una nena en esa situación”.

Tras la resolución de la Cámara las costas y todos los honorarios han quedado a cargo del Colegio de Psicólogos. Las autoridades de la institución han decidido realizar una queja ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. “Nosotros exhortamos a los ministros de la Corte de la provincia a que abran el caso, a que analicen la gravedad institucional de que estos grupos se introduzcan en el hospital público más importante de la provincia a pretender imponer conductas mediante sus dogmas religiosos. Acá se está afectando la salud pública”, remarcó Pedraza.

De manera paralela, Grávida inició acciones legales contra las autoridades del Colegio por haber difundido el caso pese a que ellos también lo hicieron, en el mismo momento, en portales de noticias afines al catolicismo con posturas antiderecho.

A pesar de todo, Niel reafirma la resolución del Tribunal de Ética. “Nosotros estamos muy orgullosos de la decisión que se tomó”, marcó.

Victoria Rodríguez
Victoria Rodríguez

Periodista de Santa Fe - Participó de la Beca Cosecha Roja

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