Imputaron a los prefectos por el descontrol en Costa Salguero

 

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El piso todavía está mojado en el salón de Costa Salguero. De la fiesta del viernes a la noche quedaron tiradas botellas llenas de agua, mucha mugre y humedad, indicios de que allí hubo hacinamiento. Así encontraron el lugar en la inspección ocular de esta tarde. Tres prefectos y los organizadores están imputados por el descontrol de la Time Warp y deberán declarar ante el juez Sebastián Casanello. Desde la justicia reconocen que hubo una zona liberada. “La soberanía no la tuvo el Estado, sino la organización de la fiesta”, contó a Cosecha Roja una fuente judicial.

Esta tarde el juez citó a declarar y prohibió la salida del país a 28 personas: el titular del predio Costa Salguero, Néstor Bogado; el apoderado de DELL Producciones S.A., Maximiliano Nahuel Ávila; el responsable del plan de evacuación Carlos María Garat; el responsable de la Seguridad privada, apoderado de SISEG SRL, Ezequiel Esteban Venturino; el responsable de los accesos, Carlos Miguel Nicodema Penise; el responsable de socorristas, vinculado SEC SRL, Nahuel Leandro Chumbita, los Inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control de la CABA/Gerencia Operativa de Eventos Masivos (Gustavo Alberto Herms, Néstor Ricardo Cella, Pablo Germán Fontanellas) y los 19 integrantes de la Prefectura Naval Argentina.

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Luego de la recorrida por el predio de Costa Salguero que hicieron el juez, el titular del SAME Alberto Crescenti y la Policía Federal, quedaron en el salón los agentes de criminalística realizando pericias para determinar qué ocurrió en la madrugada del sábado. Mientras, el Ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad a seis agentes de la Prefectura Naval Argentina por la falta de control durante el ingreso a la fiesta en la que murieron cinco jóvenes y otros cinco continúan internados.  

“El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, a fin de hallar a los responsables de lo sucedido, inició las actuaciones administrativas de rigor a los agentes involucrados en el operativo en cuestión, entre los cuales se encuentran un prefecto mayor, tres prefectos, un subprefecto y un cabo segundo”, comunicaron a través del sitio web.

El prefecto Alberto Pandiani fue quien recibió una “bolsa llena de sustancias estupefacientes” a las 3 de la madrugada. Recién la abrieron la tarde siguiente, cuando llegó a la fiscalía de instrucción y los jóvenes ya habían muerto. El agente, el jefe de servicio subprefecto Adrián Álvarez y la cabo segunda Ivana Gómez fueron imputados por el fiscal Federico Delgado. Casanello los citó a declarar.

No es la primera causa sobre descontrol de las fuerzas de Seguridad y tráfico de estupefacientes en fiestas electrónicas que investiga Delgado. En la resolución publicada en el sitio Fiscales, contó: “En el año 2013 iniciamos una investigación preliminar que se judicializó en el año 2014. La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 10, Secretaría n° 19 (c. n° 11793/14) que fue archivada finalmente por la Cámara Federal el 10 de marzo de 2015. Durante el mismo año 2015, realizamos otra investigación preliminar que quedó radicada en el Juzgado Federal N° 2, Secretaría n° 4 (causa n° 411/15) y que también fue archivada el 14 de mayo de 2015. En ambos expedientes intentamos desentrañar si había organizaciones delictivas que vendían drogas en las denominadas “Creamfields” Los denuncias tenían datos reveladores que a la luz de la tragedia del 15 de abril de 2016, adquieren otra dimensión”.

El lunes, el fiscal pidió la inmediata detención de Adrián Conci, presidente de la empresa “Dell Producciones SA”, organizadora de la fiesta. El requerimiento fue aceptado por Casanello pero el empresario aún no se presentó: está prófugo. Según Delgado, “la venta de droga organizada, la regulación de ese “mercado”, el hacinamiento y el calor” apuntan “al responsable del evento también como responsable de los hechos. Si bien la intensidad de esa responsabilidad se va a determinar con el devenir de la investigación, así como también la existencia de otros responsables, ya hay elementos suficientes como para disponer su inmediata detención”.

En la inspección ocular del lunes, y a partir de los relatos de los testigos, la justicia ya había registrado la poca ventilación, el calor y la escasez de bebidas. La venta de agua no sólo se racionó, también estuvo cerrada la red de agua corriente de los baños. Muchos jóvenes tuvieron principios de asfixia, las víctimas convulsionaron. Durante 15 minutos se oyeron los gritos de auxilio y cuando llegó el SAME ya era tarde. “Es inevitable pensar en Cromañón”, escribió Delgado en el comunicado.

“Lo del viernes fue un desastre. Voy a fiestas desde hace mucho tiempo y esta fue lejos la peor organizada que presencié en mi vida. No fueron capaces de poner un ventilador. En el lugar había tanta gente que apenas se podía caminar, los baños estaban en la peor ubicación del mundo y había muy pocos para la cantidad de gente que había. Llovía del calor”, contó a Cosecha Roja Ivana, una joven que asistió a la fiesta.

Francisco Bertotti (21 años), Nicolás Becerra (25 años), Bruno Boni (21 años), Martín Bazzano (22 años) y Andrés Valdez (23 años) murieron en la madrugada del sábado. Dos en el predio de Costa Salguero, dos en el Hospital Fernández y el quinto en el Rivadavia. Ahora, la justicia espera los resultados de las autopsias y los cultivos para ver qué sustancias tenían en el cuerpo.

 

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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