la12vsriver081010Cosecha Roja.-

– Son grupos comando, que actúan por plata en cualquier delito-, dice el hombre trajeado sentado a la última mesa del bar, mientras revuelve un café.

Se refiere a algunos hombres de La 12. Ha tenido que lidiar con ellos. Y para ser gráfico, comparte el secreto que le fue confiado por un alto comisario de la Federal: que el uruguayo Richard Laluz Fernández, el hombre que dice haber llegado a comandar la barra de Bocay recibió tres tiros por la espalda de pistoleros del Rafa Di Zeo en marzo de 2011 en el cabaret Cocodrilo –en una guerra de negocios, no de pasiones-, lleva un tatuaje de River impreso en la piel.

La historia se remonta a julio de 2008. Jorge Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, alias “Monoteto”, eran dos narcos colombianos que fueron asesinados sin mediar palabras en el estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez. Los dos sicarios, que empuñaban pistolas calibre 40, llegaron en moto y fueron expeditivos: una forma muy colombiana de liquidar. Se dijo que había sido un encargo del capo Daniel Barrera Barrera, alias “El loco”; y más recientemente se especuló con la participación de Jesús López Londoño, el célebre capo narcotráfico “Mi Sangre”, capturado en noviembre por la Side.

Luego de las primeras semanas de investigación, la fiscalía de San Isidro se topó con un dato inesperado: los informes de inteligencia indicaban que había miembros de la hinchada de Boca involucrados en el ataque. Para esta nota, luego de años de investigación, desde la fiscalía afirman que se habrían ocupado, cuanto menos, de aspectos vitales de la logística.

El primer nombre que surgió fue precisamente el de Laluz Fernández. Los días que precedieron y sucedieron al doble crimen, hubo llamadas entrantes y salientes de una de las empresas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá –presos en Barcelona por narcotráfico-, Madero Oficce Center SRL –la Justicia tiene fuertes sospechas de que fue una de las bases de operaciones desde donde se montó la masacre-, hacia su teléfono móvil.

El Uruguayo, luego, habría acercado al resto de los rufianes de La 12. Víctor Hugo “El pelado” Ovejero Olmedo (preso en la cárcel modelo de Barcelona por robo con violencia e intimidación), por ejemplo, habría hecho el seguimiento de las víctimas. Uno de los dos matadores sería un tercer barra de Boca: el “zurdo” Jorge Daniel Moreira. La justicia no ha logrado determinar si conducía la moto o apretó el gatillo. Hay otros hinchas de Boca investigados en el expediente: Horacio “El Ninja” Enrique, alguien apodado “Cobi 100% bostero”.

Según los sabuesos, dos personas pueden haber oficiado como enlace entre los barrabravas y los ideólogos del doble crimen. La más probable es “el pájaro” Carlos Gustavo Luaces, hombre de máxima confianza de Gustavo Juliá, director cesante de su empresa Federal Aviation, con la que se comunicó El zurdo Moreyra antes de los asesinatos. Gustavo Juliá declaró en la causa que el celular que recibió esa llamada es usado por Luaces. “El pájaro” reconoció esa circunstancia, pero negó que tuviera relación con los homicidios. La otra posibilidad que maneja la justicia es el empresario Martín López Magallanes, también vinculado al triple crimen de General Rodríguez, y mencionado el 11 de agosto de 2008 en una conversación telefónica entre el Zurdo Moreyra y un tal Dani.

Del expediente surge que los barras habrían cobrado por el encargo un millón y medio de pesos cada uno. Sin embargo, la cifra es desorbitada para la época. Sí es más firme que el Ovejero Olmedo habría comprado un departamento y un auto, y El Zurdo habría utilizado parte de su tajada en comprar un lavadero de autos en Avenida Juan B. Justo, vinculado a la piratería del asfalto, a través de una persona llamada Alejandro Albanese, “Anteojito”. Esa pesquisa se encuentra empantanada ahora por los constantes escollos administrativos que interpuso el fiscal General de San Isidro, Julio Novo. Las trabas sistemáticas llevaron al diputado Marcelo Saín a pedir en septiembre del año pasado el juicio político de Novo y al propio fiscal Angelini a denunciarlo por encubrimiento, narcotráfico, corrupción estructural y gravedad institucional, aunque ninguno de los trámites avanza porque –alegan los denunciantes- Novo cuenta con el amparo de la Procuración General de la provincia y con protección política.

De las escuchas telefónicas del expediente, sin embargo, surgen conversaciones donde los barras de Boca se refieren a salideras bancarias, drogas, y robos a cargamentos en el puerto de Buenos Aires. El hombre apoya en la mesa el pocillo, ahora vacío, y repite: “Grupos Comando”.