El jueves pasado Nicolás Lucero estaba contento. Después de muchos meses buscando trabajo había pasado la tercera entrevista en una fábrica de plásticos. Esa tarde esperaba el llamado que le iba a confirmar que el viernes empezaba a trabajar. Ya le habían tomado las medidas para el uniforme y le habían adelantado que el puesto era suyo. Al mediodía habló por teléfono con Sandra, su mamá, y quedaron en que la pasaba a buscar para volver juntos a la casa de José León Suárez en la que viven con su papá y sus hermanas de 14 y tres años.
Al llegar se encontraron con un despliegue de patrulleros digno de una serie policial: doce efectivos de la División Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal lo esperaban con una orden de allanamiento. El chico de 20 años estaba siendo investigado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2 por intimidación pública al Presidente Mauricio Macri. El motivo: un tuit que Nicolás, fanático de Chacarita, había escrito el 17 de agosto de 2016 con uno de los hits de la cancha. “Macri, te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal (La 12)”, decía.
Su detención por twitear no fue la primera de la gestión Macri: el año pasado, dos chicos de 21 y 23 años que crearon un perfil falso en Twitter donde se hacían pasar por terroristas del grupo ISIS fueron investigados durante meses por la Agencia Federal de Inteligencia. Uno de ellos, Miguel De Paola, estuvo 50 días preso y sigue procesado por intimidación pública. Hubo otras acciones similares a raíz de llamados al 911 y mensajes en las redes sociales, como le pasó a la docente universitaria Mónica Sterki, hoy imputada también por intimidación pública por sus tuits irónicos contra el Gobierno nacional.
“Eran las dos y media de la tarde. Nos metieron en la casa y nos revisaron de punta a punta: se llevaron los teléfonos de todos. Estamos muertos de miedo con lo que pueda pasar. Nicolás es un chico que nunca nos dio problemas, su único vicio es el fútbol y está todo el día cantando las canciones de su club. No se refería al Presidente, es una canción que viene de la época en que Macri era presidente de Boca, un equipo rival de Chacarita”, contó Sandra a Cosecha Roja.
Macri no es el único político “amenazado” en las redes sociales. Contra dirigentes opositores como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también es usual que se lancen intimidaciones. El año pasado, la diputada de la izquierda Myriam Bregman fue amenazada telefónicamente y luego le hackearon su cuenta de Twitter. Esos hechos no fueron investigados ni se dedicaron grandes operativos para detener a los responsables.
Nicolás estuvo detenido en la comisaría federal de San Martín desde las cinco de la tarde hasta la medianoche de ese jueves. También secuestraron la netbook que la escuela le había dado a la hermana más grande hace un mes y una tablet que Sandra se había ganado en un sorteo del Día del Niño de una carnicería del barrio para su hija menor. El papá de Nicolás quedó desocupado en octubre y las changas que el joven estaba haciendo con un fletero del barrio son imprescindibles para la familia: ahora, nadie puede llamarlos para ofrecerles trabajo.
El despliegue de recursos de las fuerzas de seguridad para investigar estas supuestas amenazas parece desmesurado y no guarda relación con la peligrosidad real de los mensajes, pero se convirtieron en una constante desde la llegada de Macri a la Presidencia. El operativo que terminó con Nicolás preso fue celebrado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes, vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia”, dijo en un comunicado.
“El derecho es claro en cuanto a lo que se entiende por amenaza: para que algo se constituya como una intimidación real debe expresar un intento serio de cometer un acto de violencia contra la persona amenazada. En este caso, era claro que no había una intención de ese tipo y pasó más de un año entre el mensaje y la detención, entonces no era una afirmación que pudiera ser prohibida o criminalizada porque no representaba un peligro real”, dijo a Cosecha Roja el abogado Eduardo Ferreyra, miembro de ADC Digital, una ONG que trabaja por el cumplimiento de los derechos humanos en Internet.
El Estado viene trabajando para mejorar sus mecanismos de investigación y detección de los delitos que se cometen de manera virtual, ya sean hackeos o defraudaciones económicas, o los que usan las redes para ejecutar delitos offline, como la captación de chicos para redes de pedofilia o mujeres para la trata. La Procuradora Alejandra Gils Carbó creó en 2015 la Unidad Fiscal Especializada en Ciber-delincuencia para mejorar la eficacia judicial cuando las amenazas representan un peligro real o hay un potencial delito en ejecución. “Se está avanzando desde el Estado para generar una metodología de investigación criminal para estos delitos y está bien que suceda, pero estos casos que el Gobierno se ocupó de mediatizar no representaban peligros reales”, explicó a Cosecha Roja la politóloga y periodista especialista en tecnología Natalia Zuazo, autora del libro “Guerras de Internet”.
Ferreyra coincidió: “Son casos de amenazas que no son tales y el Poder Judicial está actuando con estas medidas que luego no terminan en condena porque en realidad son hechos que tienen impacto mediático pero caen por su propio peso porque no hay conducta que merezca ser castigada. Esos recursos podrían usarse para otros casos donde uno esperaría una actuación más rápida de la Justicia porque hay derechos realmente amenazados”, como en los casos de violencia de género que pueden utilizar a Internet como vehículo.
“Tenemos que preguntarnos si es proporcional y necesario dedicar recursos estatales para investigar y detener a este chico que postea un tuit y hacerlo mediático, cuando hay otras cuentas, sobre todo fakes, que amenazan alos oficialistas sino a opositores. ¿Sólo nos ocupamos si el que recibe una amenaza de muerte es Macri? La práctica de perseguir y actuar desproporcionadamente frente a un tuit como una acción de intimidación y generar miedo y control social respecto del uso de las redes sociales es algo que veíamos en otro países pero que en Argentina no existía y ahora cada vez es más recurrente”, dijo Zuazo.
El uso de la figura de la intimidación pública en todas las causas judiciales que se abrieron en los últimos dos años también hablan de que lo que se busca es dejar un mensaje aleccionador. “Es un delito que de por sí es puesto en cuestión en el ámbito jurídico y se toma de manera ambigua, entonces con esa figura cualquier expresión ofensiva o intimidante puede ser penalizada. En una amenaza no puedo escudarme en la libertad de expresión, pero para que sea una amenaza debe representar un peligro claro e inmediato, algo que no se da en estos casos, porque no había intentos serios de matar al Presidente”, sumó Ferreyra.
“Lo primero que hace alguien que quiere cometer un delito en serio es esconderse. Si se expone, es un perejil. Lo demuestra la experiencia en investigación online y los llamados hackers, que constantemente crean herramientas de anonimato”, contó Zuazo.
No es el caso de Nicolás: las fuerzas de seguridad lo ubicaron fácilmente, a través del router de WiFi de su casa. Ahora que es una figura pública, sólo quiere volver al anonimato. “Queremos que se limpie su nombre y que este circo se termine para volver a la normalidad”, pidió su mamá.
