La mala educación

Hoy comenzó el juicio por los abusos sexuales a chicos hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. Dos curas y un jardinero están en el banquillo de los acusados: podrìan ser condenados a penas de hasta 50 años de prisión.

La mala educación

Por Cosecha Roja
05/08/2019

El número de abusos espanta y habla de una sistematización perversa: el juicio que empezó hoy a los curas del Instituto Antonio Próvolo para niños hipoacúsicos tiene 28 casos. En la primera jornada las puertas de la sala estuvieron cerradas a la prensa y hubo traducción simultánea en lenguaje de señas ante la presencia de las víctimas y sus familiares. Los imputados Nicola Corradi (83), Horacio Corvacho (59) y el jardinero Armando Gómez (57) están acusados por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores”.

Los tres imputados llegaron a las 8.30, escucharon las imputaciones en su contra y se retiraron algunos minutos antes de las 11: en el caso de Corradi a su volvió a su prisión domiciliaria y al penal de Boulogne Sur Mer.

La mayor parte de la instrucción estuvo a cargo del fiscal Gustavo Stroppiana, que imputó a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gómez por seis hechos de abuso sexual a cada uno. Otra de las acusaciones formales restantes es por corrupción de menores: obligarlos a ver videos y revistas porno.

El monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, fue el primer condenado por los abusos del Próvolo: confesó en septiembre del año pasado durante un juicio abreviado ser autor de 11 abusos y deberá cumplir diez años de prisión. En la causa ya fue sobreseído y declarado “inimputable” por el Cuerpo Médico Forense Luis Ojeda, de 41 años.

Todas las denuncias contra los curas y contra los empleados del Próvolo provienen de ex alumnos del instituto, quienes dijeron haber tenido entre 5 y 16 años al momento en que se produjeron los ataques. El Arzobispado, que se había mantenido en silencio durante el proceso, difundió hoy un comunicado:

“La Iglesia de Mendoza toda quiere transmitir, una vez más, su solidaridad y cercanía a quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones. Lo que han relatado estas personas ha horrorizado, y con razón, a toda la sociedad mendocina. Así lo hemos experimentado en nuestras comunidades cristianas. Los pastores, los consagrados y los laicos de esta Iglesia diocesana nos hemos sentido desconcertados y dolidos ante estos hechos. Creemos que la acción de la justicia es imprescindible para esclarecerlos, establecer las responsabilidades y las sanciones que correspondan.

Por esta razón hemos procurado que nuestros pronunciamientos respecto de la causa y los hechos que se investigan sean respetuosos de los procedimientos y tiempos de la justicia de Mendoza. Como parte de este pueblo mendocino, queremos verdad y justicia, y ponemos en las manos del Dios, ‘fuente de toda razón y justicia’, el trabajo de quienes tienen la tarea de impartirla”.

Las escalinatas de los tribunales estuvieron colmadas de manifestantes, en su mayoría del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, que leyeron un comunicado en apoyo a las personas dañadas por la maquinaria de abusos de esta Institución:

“Observamos cómo la Iglesia Católica ha sostenido económicamente la defensa de los acusados. La no entrega de los resultados de la investigación canónica de los enviados del Vaticano, Dante Simón y Alberto Bochatey, es una clara muestra de ocultamiento y burla hacia el sistema judicial y la sociedad en su conjunto”.

Las personas imputadas en total son 14, en tres causas, y hay más de 20 las víctimas que declararon desde que salió a la luz el caso, en noviembre del 2016. Las otras dos causas serán elevadas a juicio más adelante, en las que se encuentran comprometidas dos monjas de la entidad, Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, y demás personal directivo y administrativo.

Se calcula que declararán alrededor de 200 testigxs, que podrían demostrar que se trató de una conducta delictiva sistemática que tuvo su correlato en La Plata y en Verona, Italia. Está previsto que el juicio concluya el último día de agosto, aunque se podría extender un mes más.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales
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