La ONU criticó a Bolivia y Uruguay por sus políticas de drogas

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Por Martín Cortés. Cosecha Roja.-

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dio a conocer hoy su informe anual 2013. Algunos datos se habían filtrado ayer a los medios de comunicación.  Este organismo es independiente, pero establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONI)  y su misión es monitorear la aplicación de las convenciones de control de drogas de ese organismo. Sus miembros son elegidos por el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas en calidad de profesionales, y no representando a sus países. Sin embargo, suelen ser naturales de países que defienden el prohibicionismo  como Estados Unidos y, respecto de América Latina, México y Colombia, únicos representantes de la región.

 

El informe no busca cuestionar el paradigma prohibicionista sino observar la correcta aplicación de los tratados sobre drogas creados dentro de éste, como la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Por eso no pueden sorprender algunas de las conclusiones del informe.

México

Sobre este país, el informe no oculta la cuestión de la violencia: los 80.000 muertos desde 2006, año de declaración de la guerra al crimen organizado, están presentes. Sin embargo, y aunque se admita que éste es el mayor problema contra la seguridad, propone ahondar el camino que llevó a eso: redoblar los esfuerzos para disminuir la oferta y la demanda bajo la premisa de la responsabilidad compartida. En ese sentido, felicita a México por el aumento en las cantidades confiscadas de heroína y cita como ejemplo de este principio el Plan Mérida de la era Bush, que aúna los esfuerzos de Estados Unidos, México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Gracias a esta iniciativa, los dos países del norte han desmantelado diez veces más laboratorios de metanfetamina en 2010 y 2011 que antes. Sin embargo, la cantidad de metanfetamina producida al sur del Río Bravo no deja de crecer, y la caída de precios y el aumento de la pureza han generado un crecimiento de la demanda entre los estadounidenses.

 

Bolivia

A la JIFE, como organismo burocrático encargado de hacer cumplir los tratados, le parece una violación grave y un precedente peligroso la legalización en Bolivia del cultivo y mascado de la hoja de coca a principios de este año. Este acto consistió en el reingreso, con reserva, del país andino a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la misma convención que creó, en 1968, la JIFE. El organismo se muestra preocupado por la campaña de Evo Morales y por el aumento del consumo de cocaína no ya en los países productores (Bolivia, Colombia, Perú) o los históricamente consumidores (Estados Unidos principalmente) si no en toda la región. Además, para la JIFE, la hoja de coca sigue siendo un estupefaciente por lo cual, a nivel internacional, seguirá siendo fiscalizada su producción, importación, exportación y uso. El tiempo dirá si triunfa esta iniciativa o la campaña que Morales prometió comenzar, el mismo día del reingreso a la Convención, por la legalización de la hoja en todo el mundo.

 

Estados Unidos

El país del norte es, junto con Bolivia y Uruguay, uno de los más criticados en el informe. No por el paradigma prohibicionista que aplica desde hace un siglo sino por la posible legalización de la marihuana en los estados de Colorado y Washington, decidido por referendo. Toda iniciativa que vaya en el sentido de legalizar el uso de marihuana con fines recreativos (y no médicos), afirma el informe, “infringiría los tratados de fiscalización internacional de drogas”. Por eso, también se critica al estado de California argumentando que, con la excusa de la “venta para uso medicinal”, la marihuana está legalizada de facto. Respecto de Canadá, critica la política de reducción de daños aplicada en la apertura de un centro de inyección segura para adictos a la heroína. El informe no menciona el descenso de un 35%, según la revista médica The Lancet, en las muertes por sobredosis en el barrio donde se instaló el centro. La JIFE se alarmó, además, por las declaraciones del presidente Obama a la revista Time, donde dijo que no es su prioridad perseguir a los consumidores ni imponer la ley federal de drogas a los estados.

 

Uruguay

El informe critica directamente al país charrúa por su iniciativa de legalizar el consumo de marihuana para introducir al Estado en este mercado y separarlo del de pasta base. Esta crítica se conoce un día después de que el estado uruguayo informara que otorgará 40 licencias y destinará 20 hectáreas (el 0,1% de su territorio) al cultivo de la planta de cannabis. Al JIFE no le importa cómo se llevará a cabo esta medida: si es por plebiscito, como en Estados Unidos, o tratado en el Parlamento, como en Uruguay. Lo central es que se están violando los tratados internacionales de fiscalización de drogas que estos países han firmado. La crítica está apoyada de un curioso argumento: la legalización hará que el delito organizado se involucre aún más en el tráfico. Esto significaría que los consumidores preferirían participar en el mercado ilegal de un producto de dudosa procedencia a una marihuana cuya calidad y distribución estaría asegurada por el estado. Hace algún tiempo, el presidente Mujica se refirió a la “verdadera burocracia planetaria” que la guerra contra las drogas ha generado. También dijo que “es natural que esta gente muy valiosa cuide su trabajo. No puede dejar de pensar en el perfeccionamiento de su trabajo, aunque los resultados prácticos resulten poco alentadores”.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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