La trama de violencia policial detrás del crimen de Franco Casco

Franco Casco - Mariano Martino

Gastón Rodríguez – Tiempo Argentino.-

Los restos de Franco Casco fueron inhumados ayer en el cementerio municipal de Florencio Varela. Había desaparecido el 7 de octubre, tras ser apresado por agentes de la Comisaría 7ª de Rosario. Su cuerpo fue hallado 23 días después en el río Paraná. Según una jueza, el caso debe investigarse como desaparición forzada de persona.

Mosconi al fondo y después a la derecha. Cementerio Municipal de Florencia Varela. El pobrerío entierra otro pibe. Son del barrio La Sirena, unos 20, pero el colectivo que alcanzaron a pagar salió de la cochería Colonial, en el centro. Es temprano y el sábado asoma insoportable.

El cura da su oración de muerte y pide descanso eterno para Franco Ezequiel. Elsa, si eso es posible, se arruina un poco más. Cae, estira los brazos, quiere estar cerca. La sujetan para moderar el drama: la creen capaz de arrojarse a la fosa que cavaron para el hijo. Ramón, el padre, es inútil para el consuelo. Baja la cabeza y esconde el llanto. Un funebrero curtido demora la seña. Mientras tanto debe pensar que lo vio demasiadas veces. Sólo cuando la mujer se calma hace el gesto y dos empleados empiezan, rutinarios, a palear la tierra. Uno de los diez hermanos que tenía Franco pide un aplauso en reclamo de justicia. Alguien avisa que se apuren porque la tarifa del chofer no contempla tanta espera. Antes de subirse al colectivo piden que se escriba que a Franco lo mató la policía.

LA CAUSA. Franco Ezequiel Casco tenía 20 años y vivía en Florencio Varela con su mujer y su hijo Thiago, de apenas tres. Durante la última semana de septiembre viajó a Rosario para visitar a unos parientes instalados en Empalme Graneros. La mañana del 6 de octubre una tía lo acompañó hasta la estación Rosario Norte para tomar un tren hacia Buenos Aires pero no había boletos para ese día y volvieron a la casa. También se sabe que estuvo detenido en la seccional 7ª por presunta resistencia a la autoridad y dejado en libertad alrededor de las 22 del 7 de octubre. Tuvieron que pasar 23 días para conocer el paradero de Franco, cuando agentes de Prefectura encontraron su cuerpo en el río Paraná, frente al Parque España. Desde entonces la familia busca a los responsables.

“A mi hijo lo mató la policía porque el último lugar en que lo vieron fue en la comisaría. Además hay muchas contradicciones entre ellos. Ni siquiera se ponen de acuerdo en el día que lo metieron preso”, se queja Elsa.

En el libro de guardia de la seccional 7ª consta que un tal Franco Godoy (apellido materno de la víctima) ingresó detenido a las 13 del 7 de octubre, sin embargo, al padre un efectivo le reconoció que lo habían detenido el 6 a la noche y que cuando se retiró estaba bien, aunque eso no fue constatado por ningún médico.

Dos autopsias no alcanzaron para determinar la causa de muerte debido al avanzado estado de putrefacción (el cuerpo estuvo sumergido al menos 15 días). Las pocas conclusiones descartaron lesiones externas o signos de afecciones previas, como un infarto. Tampoco se evidenciaron indicios de que al caer al agua Franco estuviera vivo.

Para el defensor general de Santa Fe, Gabriel Ganón, que representa a la familia de la víctima, “los hechos se simularon como resistencia y atentado a la autoridad, encubriendo una detención ilegítima que no contó en ningún momento con el control judicial requerido”.

El jueves, la jueza Roxana Bernardelli anunció que la causa por la muerte de Franco pasaría a la justicia federal –dándole la razón a la familia– al recaratular el hecho como una desaparición forzada de persona y ofició al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y al jefe de la Unidad Regional II, José Luis Amaya, a fin de que se realicen las actuaciones administrativas correspondientes para esclarecer la probable comisión de faltas por parte del personal de la Comisaría 7ª.

La magistrada también planteó sus dudas acerca de la teoría de que Franco haya muerto en forma accidental o se haya suicidado. “Si alguien se tira desde el puente Rosario-Victoria el cuerpo sigue el cauce del río, pero no aparece en ese mismo lugar salvo que haya sido atrapado por camalotes”, especuló.

“No voy a permitir –concluyó– que pase un mes más para que esto se investigue como corresponde. Es una grave violación de los Derechos Humanos y no se puede esperar que transcurran los años.”

VERSIÓN POLICIAL. En la audiencia con la jueza Bernardelli, el fiscal Guillermo Apanowicz, muy criticado por la familia de Franco (ver recuadro), defendió la competencia de la justicia local e insistió en apoyar los dichos de los policías. Según esa versión, Franco fue detenido en el mediodía del 7 de octubre luego de que un vecino llamara al celular del subcomisario Diego Álvarez, jefe de la Comisaría 7ª, para denunciar que el joven estaba haciendo desmanes en la calle.

A las 15: 30 se dio aviso al fiscal Álvaro Campos y se le abrió una causa por resistencia a la autoridad al intentar apedrear a los efectivos. A las 16 la médica policial lo examinó y determinó que “estaba desorientado en tiempo y espacio”. A las 22:05 Franco recuperó la libertad.

Si bien el fiscal no se atrevió a descartar la participación policial en la muerte de Franco, se inclinó por un autor distinto o un accidente. En ese sentido expuso que en las imágenes de las cámaras de la municipalidad aparece una persona similar al joven “a las 23:30 del 7 de octubre en el shopping Alto Rosario, a las 2:20 en el cruce Alberdi, luego en el viaducto Avellaneda y en el cruce de Cordiviola y Avellaneda”.

Cuando la jueza le preguntó si había una cámara en la comisaría, el fiscal dijo que sí pero aclaró que las imágenes se borran automáticamente a las 48 horas, admitiendo que no pudo observarlas.

También informó que ya se encuentran peritando los teléfonos celulares secuestrados la semana anterior a efectivos de la Comisaría 7ª, entre ellos, el que fue utilizado para tomar la última foto en vida de Franco y que figura en el registro policial (también se espera la designación de un perito calígrafo para evaluar la firma en el acta). Sobre la competencia del caso, Apanowicz sostuvo que él debía conservar la investigación ya que no están dados todos los requisitos de la desaparición forzada de personas

“Corresponde que en la privación de la libertad –justificó el fiscal– participen policías y que estos nieguen la existencia de la detención. En este caso no hubo ocultamiento.”

Los cuestionamientos a la justicia

Entre los señalamientos planteados por los abogados de la familia de Franco ante la jueza Bernardelli se habló de “anormalidades producidas” por el fiscal Guillermo Apanowicz.

“El funcionario delegó la investigación en la propia policía de Santa Fe en clara infracción a los estándares internacionales previstos para este tipo de delitos.” Luego detalló que “actuó con desidia tras recibir la denuncia de averiguación de paradero (de Casco). No cumplió con el protocolo. No controló a la policía. No se hizo nada para averiguar lo que pasó en la Comisaría 7ª hasta que la familia denunció el caso en los medios.”

“Hizo perder filmaciones –continuaron– y no advirtió que el celular que le entregó la policía no era el mismo aparato con el que habían sacado las fotos en las que Franco aparecía golpeado. No ordenó medidas con relación al personal de la comisaría”, dijeron.

Carátula

Si la justicia define finalmente que la causa pase al fuero federal se investigará un hecho que significa una grave violación a los derechos humanos.

Foto: Mariano Martino / Tiempo Argentino

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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