“Las armas no nos harán libres”. Medidas del Mercosur contra el tráfico de armas

Por Sonia Alda – Ateneadigital.es

Son numerosas las iniciativas orientadas a controlar el tráfico ilegal de armas, tanto a nivel nacional como subregional. Brasil o Venezuela, por ejemplo, han realizado ya varias campañas y, en este último caso, hay toda una polémica nacional abierta en torno a esta cuestión. De particular interés son las iniciativas que se adopten por organismos subregionales como es el caso del Mercosur.

La principal estrategia adoptada por este organismo para disminuir la circulación ilegal de armas y con ello mejorar los niveles de seguridad es el desarme civil voluntario. Para el próximo año está proyectado realizar un nuevo encuentro en Buenos Aires para avanzar sobre políticas comunes a escala regional, que incluyan la homologación de leyes y procedimientos y un protocolo para la destrucción de las armas.

El intento de controlar estas armas es una forma también de combatir el crimen organizado. Como bien expresa el comunicado publicado por el MERCOSUR, “los funcionarios del Mercosur y Estados Asociados coincidieron plenamente en continuar trabajando en cuestiones vinculadas al combate del crimen organizado, sobre todo en fijar reglas respecto al recupero de activos surgidos de la lucha contra el lavado de dinero y otros hechos ilícitos”. Sin embargo, no por ello ha de pensarse que en este tráfico están implicados carteles o bandas criminales, sino también simples ciudadanos agobiados por unos niveles de violencia que les impulsa a buscar su protección por medios propios.

Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, tomando como referencia datos de la ONU, recientemente afirmaba que “el 42% de los homicidios con arma de fuego que cada año ocurren en el mundo tiene lugar en América Latina, donde vive menos del 10% de la población”. Si concretamos los datos por áreas, en América Central, una de las regiones más golpeadas del mundo por la violencia, los datos son aún más dramáticos. En Honduras, por ejemplo, la tasa de homicidios anuales por cada 100.000 habitantes octuplica la media mundial, mientras en Guatemala es seis veces mayor.

Entre el 70 y el 90% de esta violencia se genera mediante armas de fuego. Dicha violencia es compleja y está asociada al crimen organizado, grupos pandilleros o delincuencia callejera, lo que ha favorecido un rentable e incontrolable mercado ilegal de armas que, por sus características, crece sometido a una perversa espiral. La sensación de inseguridad y desprotección ciudadana da lugar a que no sólo alcance a grupos y organizaciones ilegales, mundos a los que este negocio está íntimamente vinculado, sino que también acaban siendo clientes de este mercado los ciudadanos particulares o las empresas privadas que buscan alternativas de seguridad ante un estado incapaz de garantizar la protección de sus ciudadanos.

Generalmente, éste es un comercio que se inicia de manera legal, ya que son producidos y vendidos legalmente, pero suelen terminar en manos del crimen organizado, grupos terroristas, pandillas, o simplemente meros ciudadanos. “La inmensa mayoría del armamento comienza como lícito, fabricado por una industria legalmente inscrita, que paga impuestos y muchas veces financia campañas políticas”, dijo el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo. El origen se encuentra en armerías legales,  ubicadas en Estados Unidos, como así se pone de manifiesto en buena parte de las armas incautadas. Por ello, algunos países iberoamericanos han exigido a Estados Unidos la instauración de mecanismos de control que eviten la deriva de este armamento al crimen organizado.

No obstante, y por necesario que sea este control desde Estados Unidos, es sólo un problema más que explica el tráfico de armas pero no el principal. La raíz del problema se encuentra en la existencia de una demanda que ha de ser erradicada mediante la actuación del estado. Por un lado, mediante su combate por medios represivos, por otro a través de políticas de desarrollo que incidan directamente en los colectivos de población particularmente vulnerables, por sus circunstancias, a acabar participando en las actividades del crimen organizado.

Sin embargo, más allá de la política o políticas elegidas para combatirlo, en cualquier caso no pueden ser aisladas. La lucha contra el tráfico de armas o cualquier otro tráfico ilegal es inútil si tiene una dimensión nacional. De acuerdo a la amenaza transnacional del crimen organizado, su combate solo es eficiente si también adopta la misma dimensión.

Como muy particularmente apuntaba la presidenta de la Fundación Arias al referirse a las legislaciones y autonomías nacionales esgrimidas muchas veces en contra de este tipo de tratado, “el enemigo es gigante y poderoso, globalizado (…). Que no nos atrape el marco nacional”. Por este motivo la preocupación expresada por el Mercosur siempre es positiva. Lo importante es que no quede en la retórica y que, aunque no cabe esperar que se logren medidas inmediatas que favorezcan la cooperación multilateral, al menos que este tipo de iniciativas contribuyan a sembrar la necesidad de asumir estrategias basadas en la cooperación entre países.

 

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