Ley de medios: entre la sentencia de muerte y la Constitución

leydemediosCosecha Roja.-

El Jefe de Gabinete Marcos Peña anunció esta mañana que el presidente Mauricio Macri firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para unificar la AFSCA y AFTIC, y modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la abogada Graciana Peñafort, la medida es “ilegal, antidemocrática y viola los estándares internacionales” y es la “pena de muerte a la libertad de expresión”. El juez de La Plata Luis Arias dictó una medida precautelar para frenar el avance contra la Ley de Medios.

“Hoy se termina la guerra del Estado contra el Periodismo y comienza una política pública de comunicación del siglo XXI”, dijo Peña a la mañana. Mientras Macri sigue oficialmente de vacaciones, su Jefe de Gabinete fue el que informó a los medios que unirían las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El nuevo organismo estaría a cargo de Miguel de Godoy -ex secretario de Medios en Ciudad de Buenos Aires- y seis miembros más (cuatro del ejecutivo y tres de las principales fuerzas del Congreso).

Mientras, el juez Arias ordenó al Poder Ejecutivo que “se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento” de la AFSCA. La medida precautelar prohíbe “innovar y de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia” del organismo “mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”. Martín Sabbatella se acercó al edificio del organismo y exigió que los funcionarios puedan ingresar nuevamente a sus puestos de trabajo.

Para Peñafort, el decreto -que aún debe firmar Macri- es inconstitucional porque avanza sobre competencias específicas del Congreso; porque ambos organismos se financian con impuestos de asignación específica que requieren mayoría especial y el poder ejecutivo tiene vedado dictar DNU sobre materia impositiva; y porque viola los tratados internacionales de DDHH -que tienen rango constitucional-. Además, disolver al AFSCA y el AFTIC y ponerlos en cabeza del ejecutivo, es otro problema porque la autoridad de aplicación de la ley debe ser un órgano independiente.

El DNU modificará la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para permitir la transferencia y venta de licencias y eliminará la regulación de televisión por cable. “Los grupos Clarín y Telefónica, los dos gigantes del mercado infocomunicacional, son los principales favorecidos, pero no son los únicos”, escribió en Twitter Martín Becerra, Doctor en Ciencias de la Información. Además, aclaró que los artículos de la ley que cambian son los que la Corte Suprema de Justicia ratificó como constitucionales en 2013.

La LSCA fue elaborada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que surgió en 2004. Fue un grupo conformado por sindicatos de prensa, universidades, radios comunitarias, organizaciones sociales, radios comerciales (pequeñas) y organismos de DDHH. Antes de ser aprobada en el Congreso en 2009, la ley se discutió en foros abiertos a la comunidad desde Ushuaia a La Quiaca. “No fue improvisada, fue discutida en una coalición de agrupaciones y no fue votada solamente por el kirchnerismo sino también por amplios sectores de la oposición”, dijo a Cosecha Roja el doctor en Comunicación Social, Flavio Rapisardi.

Desde que asumió, Macri firmó más de 263 decretos. El número 12 creó el Sistema de Medios y Contenidos Públicos, que quedaría a cargo de Hernán Lombardi y que va por encima de Radio y Televisión Argentina. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 13 subordinó el funcionamiento de AFSCA y AFTIC al Ministerio de Comunicaciones. Para el juez Mario Juliano, que preside la Asociación Pensamiento Penal, “el festival de decretos se contrapone a la noción de una República deliberativa, donde la ciudadanía tenga la posibilidad de participar en un debate de ideas amplio y generoso, que contribuya a delinear el futuro en común”.

La intervención

Cuando el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, llegó el 23 de diciembre a las 8 de la mañana al organismo en Suipacha al 900, ya había un vallado policial. Antes de que apareciera el decreto 236/2015 en el Boletín Oficial, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anunció la intervención por 180 días de la AFSCA y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). En el mismo momento, Macri nombró a Agustín Garzón y Mario Frigerio en reemplazo de los respectivos directorios. Hasta esa mañana los organismos (descentralizados y autárquicos) estaban a cargo de representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de consejos federales y presididos por Martín Sabbatella y Norberto Berner.

Al mediodía presentaron una medida cautelar y un Habeas Corpus preventivo. Eduardo Barcesat, el abogado que acompañó la medida, explicó a Cosecha Roja que el recurso se utiliza cuando una la persona física está amenazada por un acto de autoridad que puede poner en peligro su libertad ambulatoria o el ejercicio de sus funciones. “Desde el año 1982 hasta la fecha no había interpuesto un habeas corpus, hoy volví a mi viejo oficio. Esto es el retorno de la excepcionalidad institucional”, dijo el abogado constitucionalista.

Desde temprano pasaron por la sede de Suipacha y Córdoba dirigentes y cientos de militantes y defensores de la ley. Cantaron y dejaron carteles con mensajes en contra de la intervención: “Pasamos la Navidad en AFSCA”, “La ley de medios no se toca”, “Fuera Clarín del Gobierno”, “No al silenciamiento del ajuste”, “No hay censura que pueda silenciar nuestras mentes”. Después del mediodía, las autoridades de la AFTIC no pudieron entrar a sus despachos. Por eso se volvieron a presentar ante la Justicia para ratificar el habeas corpus.

Al día siguiente, el juez federal Julián Ercolini envió a la Policía Federal a clausurar el organismo. Fue a raíz de una causa penal por abuso de autoridad y usurpación del cargo que inició Garzón. Se desalojó piso por piso el edificio y colocaron la faja de clausura. Hace dos días, el interventor echó a 15 directivos del organismo.

Hoy, la jueza Cecilia de Negre rechazó el pedido de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional para que se declarara la nulidad de los decretos que resolvieron la intervención del organismo y el traspaso al Ministerio de Comunicaciones.

Foto: Política Digital

Publicada el 30/12/2015

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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