La justicia de EEUU lo acusa de estafa por culpa de los jefes

Desde hace tres meses Noelia se levanta los jueves y los domingos a las cuatro de la mañana. Viaja casi tres horas desde Paso del Rey hasta Ezeiza para visitar a su esposo, Gustavo Giménez. Él está preso, acusado de fraude, estafa y tentativa de asociación delictiva: lo acusaron sus ex jefes. Ella le lleva productos de higiene y también ingredientes de cocina que él usa para preparar los alfajores de maizena o pizzas que comparten con mates durante las visitas en el penal. “En esos momentos quiero llorar, abrazarlo, besarlo. Dos horas no alcanzan para recargar pilas hasta la próxima vez”, contó Noelia a Cosecha Roja.

Noelia y Gustavo están juntos desde hace 18 años y tienen un hijo de cinco. Los jueves va ella sola, los domingos lo lleva a Tobías. “Al nene lo llevo para que no pierda el contacto porque sufre mucho la situación, está angustiado. Yo también”, dijo. Los jueves Gustavo intenta no nombrar a su hijo. “Lo extraña mucho, al punto de que si dice su nombre se quiebra. Esta entero, pero angustiado”.

El 23 de febrero Gustavo Giménez estaba en su trabajo, un call center en Juan de Garay e Ingeniero Huergo en las Ciudad de Buenos Aires. A las 13.45 siete agentes de Interpol lo fueron a buscar y lo detuvieron. Tenían una orden de extradición a su nombre pedida desde Estados Unidos, donde lo acusan de estafa, fraude y tentativa de asociación delictiva. Martín Gioja y Daniel Carrasco, sus ex jefes, lo señalaron como cómplice de estos crímenes por los cuales ellos están presos desde hace cuatro años.

Gustavo había trabajado hasta 2013 (y durante nueve años) en el call center de American Lab, una empresa que vendía cremas y fajas reductoras al mercado hispano en Estados Unidos. Los dueños eran Gioja y Carrasco, que vivían en Miami. Desde allá dirijian todo y se comunicaban únicamente con los gerentes locales. En 2013 fueron detenidos y juzgados en Estados Unidos por fraude. La empresa cerró y 50 familias quedaron en la calle. En febrero de este año, hicieron un acuerdo con el fiscal y acusaron a Giménez de ser el encargado del call center en Argentina. Gustavo sólo era supervisor de ventas, tal como figura en la documentación de la empresa. Por la declaración de los dueños, la justicia norteamericana lo considera responsable de las estafas y pidió su extradición.

“La única prueba que tienen es inconstitucional”, dijo a Cosecha Roja Gabriela Carpineti, abogada defensora. Al hacer la declaración, Gioja y Carrasco apelaron a la delación premiada, un mecanismo por el cual dan información a cambio de algo acordado con el fiscal. “Si se hace uso de la herramienta, sólo se puede delatar a un superior o a alguien en igualdad de condiciones. Ellos inculparon a un empleado, alguien inferior”, explicó.

Carpineti y Nahuel Berguier representan a Gustavo y esperan que la justicia dicte la excarcelación y la inconstitucionalidad del pedido de extradición. “No hay indicios que demuestren que podría entorpecer la causa ni existe peligro de fuga. No hay razones para que Gustavo esté preso”, explicaron. Los abogados se presentaron ante las cámaras de Casación y Apelación por “privación ilegítima de la libertad”. En ambas instancias les denegaron el pedido. “Le niegan el derecho a la tutela efectiva (el derecho al debido proceso). Se negaron a otorgar el recurso de excarcelación presentado en primera instancia por una arbitrariedad, no porque existan riesgos de que entorpezca el proceso”, dijo Carpineti.

La causa está en el juzgado N° 6 de Rodolfo Canicoba Corral y en la fiscalía de Federico Delgado. “El Ministerio Público Fiscal actúa como acusador pero también debe cumplir con el principio de objetividad. Es competencia del organismo acusar en base a pruebas”, explicó Carpineti.

En Argentina, el juicio por extradición es correccional: se discuten las pruebas, no la culpabilidad del acusado. “Estamos esperando que se produzca la prueba en el país tendiente a demostrar que Gustavo era un trabajador y que no está implicado en nada de lo que se lo acusa -contó Gabriela Carpineti-. Además, él fue detenido cuatro años después de que juzgaran a Gioja y Carrasco”. En caso de que se dictara la constitucionalidad del pedido de Estados Unidos, el Poder Ejecutivo podría intervenir y negar la extradición.

“No dudo de la inocencia de mi marido ni de él. Dudo de nuestros medios económicos para afrontar la situación”, dijo a Cosecha Roja Noelia Rivera, esposa de Gustavo. Si a Gustavo se lo llevan a Estados Unidos, la defensa correría por su cuenta y no tienen el dinero. “Nos asignarían un abogado, pero a mi eso no me garantiza un proceso justo”. No tienen ningún bien a su nombre y alquilan. Desde la detención de Gustavo, la mamá de Noelia le pasa plata para comprar la comida, sino no llega.

Por Julieta Cáceres

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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