Lo declaró la justicia: en Argentina, no es constitucional condenar a menores a cadena perpetua

Cosecha Roja.-

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inconstitucionales las penas de prisión perpetua que enfrentan tres jóvenes por delitos que cometieron cuando eran menores de edad. Los casos de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, quienes ya llevan más de una década en la cárcel, deberán ser evaluados ahora por el Tribunal Oral de Menores N.º 1 para que tengan una nueva sanción.

La decisión del organismo de casación está basada en el informe 172/10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había sido presentado en noviembre del 2010, luego de la solicitud hecha por la Defensoría General de la Nación. Allí, la CIDH expresó que el Estado argentino estaba vulnerándoles a estos jóvenes, y a otros que aún están penados a prisión perpetua, los derechos de los niños, así como el derecho a la libertad personal y a la integridad personal.

Según el abogado Juan Facundo Hernández, del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, “la CIDH hizo dos recomendaciones a Argentina para solucionar ese problema: al poder judicial le pidió aceptar los recursos de revisión de los menores condenados a perpetua, y al poder legislativo le solicitó cambiar el régimen penal juvenil, porque el Estado, al imponer penas altas y máximas a menores, está violando tratados internacionales y dejando a un lado la garantía de protección que debe prevalecer sobre los niños y adolescentes judicializados”.

La decisión de la Sala II acata la primera recomendación. Sin embargo, la reforma al régimen penal juvenil, que evitaría a otros menores ser condenados a prisión perpetua, está aún lejos de concretarse. Ese camino comenzaría al final de este mes, cuando se espera que la Corte Constitucional emita una sentencia que esté de acuerdo con esa modificación. Hasta ahora, la ley vigente es la 22.278 –sancionada al final de la dictadura– que da discrecionalidad a los jueces para que apliquen o no, a los adolescentes de 16 y 17 años, el régimen penal de los adultos, que es más rígido y descarta los beneficios definidos para los menores.

César Mendoza, Claudio Núñez y Lucas Mendoza han pasado más de la mitad de sus vidas bajo la tutela del Estado: primero en institutos de menores y después en las prisiones. Fueron privados de la libertad en 1996 y 1999 acusados de homicidios y robos con armas de fuego. Según la Defensoría General de la Nación y organizaciones civiles, más allá de las penas de prisión perpetua que les impusieron, las condiciones en que estaban vulneraban cualquier protección que el Estado debía garantizarles.

Lucas Mendoza, quien perdió un ojo por problemas de salud y no fue atendido como correspondía, describió varias veces su vida en el penal de Neuquén: “Me encuentro alojado en el PB A celda individual donde permanezco las 24 hs. sin tiempos de recreación, sólo 15 minutos para limpiar mi celda y asearme, almuerzo y ceno en la misma celda, solo, no convivo ni tengo esparcimiento con ningún interno. Sr. Juez, me encuentro enfermo por la soledad al no conversar con nadie, tampoco voy a la capilla, no realizo ningún trabajo, no asisto a ninguna clase, ni oficio ni escuela. Cada día que pasa es una eternidad”.

Otro joven que había sido condenado a prisión perpetua se suicidó a los 20 años en el 2005: Ricardo David Videla se colgó en su celda de la Penitenciaría de Mendoza. Este caso fue uno de los que primero tuvo en cuenta la CIDH para confeccionar el informe que emitiría en el 2010 y que a su vez sería la base para anular las condenas de Lucas Mendoza, César Mendoza y Claudio Núñez.

El fallo de la Sala II que ordena al Tribunal Oral de Menores N.º 1 dictar nuevas sentencias fue descrito como un precedente por los camaristas que intervinieron, Alejandro W. Slokar, Ana María Figueroa y Ángela Ester Ledesma. Según el documento, “La circunstancia -que en el caso concreto se ha cristalizado en efectos irreparables para las víctimas- impone la necesidad de una reforma integral del sistema que permita el adecuado cumplimiento de los derechos de orden superior que han sido lesionados para evitar que se produzcan situaciones análogas en el futuro”.

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada