Cosecha Roja.-
Juan ‘El Francés’ Viarnes -un informante ilegal que trabajaba para la policía desde 2010 y que ahora está prófugo- le contó al fiscal federal Enrique Senestrari todo lo que sabía sobre la división antidrogas: cómo lo mandaban a actuar de agente encubierto, a hacer de narco, abogado, policía y militar. Así empezó la causa de los narcopolicías. En agosto de 2013, después de un allanamiento en su casa, el caso llegó a la justicia. El expediente lleva más de un año e involucró a referentes del gobierno provincial. A principios del año que viene comenzará el juicio.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro resolvió elevar a juicio la causa que implica a seis policías cordobeses vinculados con el narcotráfico. Los ex miembros del área de Drogas Peligrosas están acusados de “presuntos vínculos con narcotraficantes, asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y privación ilegítima de la libertad”.
Después de las declaraciones de Viarnes y el inicio de las investigaciones, fue removido el ministro de Seguridad de Córdoba, Alejo Paredes, y el jefe de la policía, Ramón Farías. Alejandra Monteoliva y César Almada los reemplazaron, pero también renunciaron.
La banda de narcopolicías estaba comandada por Rafael Sosa, el ex jefe de la división Lucha contra el Narcotráfico de la policía provincial. Tiene prisión preventiva y está acusado de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad, en carácter de coautor. Sosa mandaba a hacer sumarios a policías con información falsa y mantenía agentes encubiertos, como Viarnes y Daniel Córdoba. A ellos los usaban como contactos con narcotraficantes y para ‘plantar’ drogas en operativos policiales.
Los otros implicados son el comisario Alfredo Saine, los suboficiales Juan Peralta Datoli yMario Osorio -que había robado un pendrive con conversaciones telefónicas de la policía desgrabadas que luego le incautaron en un allanamiento-, el oficial Franco Argüello y Gustavo Julio González, el ex jefe de la División Inteligencia. Se comprobó que González, mientras estaba preso, envió órdenes para destruir un disco rígido que tenía datos importante para la causa.
El pedido de elevación a juicio había sido presentado en conjunto entre la fiscalía Federal de Instrucción de Córdoba y la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), en octubre de este año. “El fiscal ha enfrentado situaciones muy complejas y momentos difíciles de confrontación pública con las máximas jerarquías de la provincia. Nosotros le damos todo el apoyo institucional y lo expresamos inequívocamente”, dijo a Cosecha Roja el titular, Félix Crous.
La causa por el narcoescándalo tiene tres muertos: el oficial Juan Alós (lo encontraron con un balazo en la cabeza en el interior de su auto en la zona de Alta Gracia, en septiembre de 2013), la agente Damaris Roldán (apareció muerta en un baldío el mismo mes) y subinspector Lucas Emiliano Paredes que, dijeron, se suicidó cerca de Bosque Alegre.
Además, está imputado el exdirector de Drogas Peligrosas (2009 a 2012), Mario Nieto, a quien también se le atribuye responsabilidad en una presunta asociación ilícita. Por su parte, los comisarios Fabián Hoyos (del CAP) y Daniel Moroldo, jefe de Brigadas Civiles, se encuentran imputados por incumplimiento de deberes en el marco de un presunto ‘narcosecuestro’ que forma parte de la causa.
El fiscal Enrique Senestrari dijo al periódico Será Justicia que, de no haber muerto, el oficial Juan Alós “hubiera sido otro imputado”.
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