Luciano Arruga: nueve años sin justicia

Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009. Desde el primer día, la familia denunció que el joven de 16 años era hostigado por la Policía por negarse a robar para ellos. Las dos fiscales y el juez provincial que tuvieron a cargo la causa durante los primeros años se negaron a investigar a la Bonaerense y pusieron la causa en sus manos. A nueve años de su desaparición y a tres de la aparición del cuerpo no hay responsables de la muerte de Luciano.

A las tres y media de la madrugada del 1 de febrero, un auto atropelló a Luciano cuando cruzaba corriendo la General Paz a la altura de Emilio Castro, en un sector no habilitado para el cruce peatonal. Iba descalzo y asustado y llevaba ropa diferente a la que vestía cuando desapareció.

El primer testigo que llegó al lugar vio una camioneta de la Bonaerense en la colectora. Una ambulancia del SAME trasladó a Luciano al hospital Santojanni donde fue operado. Murió a las 8 de la mañana.

La Bonaerense en la mira

Desde los primeros días la familia de Luciano declaró que el joven era constantemente hostigado por la Policía Bonaerense por negarse a robar para ellos. Particularmente relataron una detención del 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. Ese día lo llevaron al destacamento de Lomas del Mirador, a pesar de que el lugar no estaba habilitado para alojar detenidos, mucho menos a menores de edad.

Aquella vez Luciano pasó nueve horas aislado. Entre tres policías le pegaron en la cara y en el cuerpo y le hicieron comer un sándwich escupido. El teniente primero Julio Diego Torales, a cargo del destacamento lo amenazó con llevarlo a la Comisaría 8 con “todos los violines”. Vanesa Orieta escuchó a su hermano gritar de dolor desde la celda.

Los testigos y el médico de guardia del Policlínico de San Justo constataron los golpes. Seis años y medio después, Torales sería condenado a 10 años de prisión por las torturas. Los otros dos policías no pudieron ser identificados.

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Los sospechosos a cargo de la investigación

Tras la desaparición de Luciano, la fiscal Roxana Castelli se negó a recibir a los familiares y delegó la investigación en la Bonaerense. En la causa constaban las huellas dactilares de Luciano pero la fiscal no las usó para buscarlo. Los familiares recorrieron hospitales y despachos judiciales. Nadie los escuchó.

“Desde el primer momento la fiscal descartó la hipótesis policial y tuvo a la Bonaerense investigando. Queda claro que Luciano era parte involuntaria de una relación con la policía y todo lo que pasó tiene que ver con eso”, explicó a Cosecha Roja Federico Efrón, coordinador del área Litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales.

Castelli estuvo apenas 40 días a cargo del expediente: fue apartada luego de un pedido de la familia por las irregularidades en la investigación.

La familia de Luciano en la mira de la Justicia

La nueva fiscal, Celia Cejas, tampoco investigó a la Bonaerense. En cambio, puso la mira en la familia de la víctima: pidió intervenir los teléfonos de la madre, la hermana, la abuela y la pareja de la abuela de Luciano y dispuso una vigilancia las 24 horas a cargo de agentes de la DDI de La Matanza.

La fiscal pidió extender las intervenciones telefónicas catorce veces sin explicar cuál era la hipótesis en la que basaba esa medida. El juez de Garantías Gustavo Banco aprobó todos los pedidos. “Es una medida extremadamente invasiva y violatoria de la intimidad: le pincharon los teléfonos a la familia durante un año y medio sin motivos”, explicó Efrón.

Durante varios años, los familiares y amigos de Luciano Arruga también sufrieron ataques y amenazas: desde provocaciones en la calle y persecuciones de autos sin patente hasta detenciones arbitrarias.


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La búsqueda deficiente

La fiscal había enviado un pedido a la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para saber si a partir del 30 de enero de ese año había ingresado un menor de edad o NN de 16 años con los datos antropométricos de Luciano.

En la morgue no tenían registrado un cadáver con esas características: el forense José Ángel Patitó, que había intervenido en la autopsia, había calculado una edad aparente de entre 25 a 30 años. El cuerpo de Luciano estuvo un mes más en uno de los 92 nichos del depósito de la morgue hasta que lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita.

Un año después, la fiscal hizo un nuevo pedido al Cuerpo Médico Forense. Esta vez reclamó las copias de todas las autopsias y fotografías sacadas a todos los NN masculinos desde el 30 enero de 2009 hasta enero de 2010. Cejas recibió en su despacho 52 fichas de cuerpos masculinos NN. Una de ellas era la de Luciano Arruga. Incluía tres fotos de la autopsia, la información de las huellas dactilares, las placas odontológicas y la constancia de que se habían tomado muestras de tejidos para preservar el ADN. La información estuvo en la causa desde entonces. Ni la fiscal, el juez y otros funcionarios judiciales analizaron los 52 legajos.

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La Bonaerense detrás de la desaparición forzada de Luciano

En enero de 2013 la querella logró que la causa pase a la Justicia Federal y sea investigada como desaparición forzada de personas. La nueva carátula era un reconocimiento de las sospechas de que la policía había estado involucrada en la desaparición de Luciano.

La fiscal Cejas tardó cinco meses en enviar la causa completa al Juzgado Federal de Morón. Cuando recibieron el expediente los investigadores descubrieron un legajo que la fiscal había mantenido en secreto durante cuatro años. Ahí constaba que habían espiado a la familia de Luciano durante un año y medio. El “legajo fiscal” es un documento reservado en el cual los fiscales pueden resguardar “anotaciones” propias sobre la investigación. Pero todas las medidas de prueba que produzcan deben constar en el expediente principal al que pueden acceder las partes. La fiscal produjo prueba en secreto de manera ilegal durante más de tres años.

En base a ese sumario secreto, el CELS presentó un pedido de jury contra la fiscal Cejas y el juez Banco. “Este hecho constituye un episodio más  (particularmente grave) en la cadena de abusos por parte de la Policía y la Justicia bonaerense que revictimizaron durante cuatro años a la familia Arruga. Además explica, en buena medida, por qué la investigación conducida por Cejas no produjo ningún avance sustantivo en la principal y hoy única hipótesis: la del involucramiento policial en la desaparición de Luciano”, planteó el Cels. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense hizo lugar al jury. A lo largo de tres años la defensa de los funcionarios judiciales dilató el inicio del juicio.

En 2014 la querella presentó un hábeas corpus y el juez Salas pidió ayuda al Ministerio de Seguridad de la Nación. Un mes después, el 17 de octurbre, encontraron el cuerpo enterrado como NN en el cementerio Chacarita.

A nueve años de la desaparición de Luciano su familia todavía no sabe qué pasó el 31 de enero de 2009. La principal hipótesis sigue apuntando a la Bonaerense.

El Poder Judicial es el principal responsable de que los mismos policías sospechados de la desaparición se hayan involucrado y entorpecido la investigación. “Eso lo paga la familia porque todavía no saben lo que pasó y nadie es responsable”, agregó el abogado del CELS.

 

Fotos: Facundo Nívolo

Sebastián Ortega
Sebastián Ortega

Periodista

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