Once Mapuche presos hace un año por una declaración dudosa

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El 30 de marzo de 2016, tres años después del ataque e incendio al fundo Granja Lumahue, en Chile, la policía detuvo a once Mapuche en un allanamiento múltiple. Un año y un mes después, todavía siguen detenidos y sin juicio.

El hecho por el que son investigados es uno de los más emblemáticos La madrugada del 4 de enero del 2013 desconocidos incendiaron la casa patronal del fundo Granja Lumahue de Vilcún en la zona centro sur de Chile. Las llamas alcanzaron entre 800 y 1000 grados celsius. Cuando se apagaron aparecieron los restos de Werner Luchsinger (75) y Vivianne Mackay (69).

La investigación fue inmediatamente asociada al pueblo mapuche. Cinco años antes había asesinado por un balazo en la espalda Matías Catrileo Quezada (23) en un predio de la misma familia y zona. Pero también porque la misma noche del incendio que mató a la pareja Luchsinger Mackay la policía detuvo al Machi Celestino Córdova Tránsito, que huía con una herida de bala, a 1700 metros de la casa en llamas.

El Machi Celestino Córdova Tránsito es hasta el día de hoy el único condenado por el llamado “caso Luchsinger” y su sentencia es de 18 años en la cárcel sin acceso a beneficios.

Pero la fiscalía sostuvo siempre que no fue una acción posible de realizar en solitario, y, así, el 30 de marzo de 2016, tres años después del ataque e incendio, se realizó el allanamiento y detención de los once. Sus nombres son Sergio Catrilaf, Juan Tralcal, Aurelio Catrilaf, Eliseo Catrilaf, la Machi Francisca Linconao, José Córdova, Sabino Catrilaf, Luis Tralcal, Hernán Catrilaf y José Tralcal.

Todos llevan un año imputados, varios de ellos a tiempo completo en prisión preventiva, en un proceso judicial que no termina de empezar. La maraña jurídica sí tiene un punto de partida muy concreto: la extraña confesión de uno de los imputados, José Peralino Huinca.

incendio

Una confesión dudosa

El “testigo clave” pasó su cumpleaños número 30 en arresto domiciliario. José Peralino es un joven de apariencia tímida, flaco y de fe cristiana evangélica. Llegó hasta el penúltimo año de la primaria y, según dice, sabe leer y escribir “un poquito no más”. Habitualmente se mantiene del trabajo del campo, apotrerando para sembrar y cosechando en trabajos de temporada, sobre todo más al norte de Collipulli.

En octubre de 2015 esa rutina se vio alterada cuando empezó a ser abordado por oficiales de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Temuco, una división de la policía chilena que en esa zona está abocada a los hechos de violencia por el conflicto entre el estado chileno y los mapuche.

Según los oficiales Claudio Leiro y Guillermo Vilches lo suyo no era hostigamiento, sino que era el propio Peralino el que tenía “problemas de conciencia”. Su implicación en el caso proviene de una orden amplia de intervención de teléfonos otorgada por la justicia en Temuco antes del atentado contra los Luchsinger. En conversaciones con su polola, Peralino bromeó acerca de derribar una antena.

En octubre empezaron las visitas “amistosas” de la PDI. Llegaron varias veces su casa y le dejaron plata para que viajara a Temuco a declarar. José Peralino declaró finalmente el el 23 de noviembre de 2015.

“Tú tienes que hablar hoy, si tú no hablas vamos a ir a buscar a la rastra a Francisca Linconao, porque tenemos a la patrulla de la PDI en la posta, llamamos y la buscamos a la rastra. Y a tu polola, averiguamos al tiro, nos contactamos con Collipulli”. Esas fueron las palabras del subcomisario Claudio Leiro, según José Peralino, justo antes de que entrara a la sala de la PDI el fiscal Alberto Chiffelle.

“Encendieron el computador para mostrarme fotografías de otras personas y me preguntaban si las conocía, que dijera que sí. Finalmente respondí por miedo que sí, que los conocía“, continúa el texto de la querella de Peralino contra los funcionarios. Eso activó a la Fiscalía, que con una nueva “pista” llegó al 30 de marzo de 2016 con once nombres y un allanamiento masivo.

Cuando detuvieron a los once todos los medios publicaron íntegra la declaración que José Manuel Peralino Huinca le entregó a dos funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y un fiscal. En ella incluso decía “queríamos quemar, no que se murieran los viejitos”, aludiendo a los Luchsinger Mackay.

Entonces llegó la audiencia de detención. Y todo cambió. Peralino acusó presiones, trato denigrante, hostigamiento e incluso entrega de dinero por los policías. Su retractación, por supuesto, no tuvo la misma difusión que la primera declaración, entregada a todos los medios. Pese a eso, su defensor Pablo Villar estampó una querella por tortura que actualmente se volvió a activar. Tuvo que llegar hasta la Corte Suprema.

La brigada de los dos policías fue premiada en junio pasado. Mientras tanto, los once seguían presos. Entre medio, con una huelga de hambre la Machi Francisca Linconao logró esperar el juicio en su comunidad de Padre Las Casas. No todos han corrido la misma suerte. Sergio Catrilaf, acusando una persecución judicial, se encuentra prófugo.

El juicio que no llega nunca

Para ser un caso que las máximas autoridades chilenas acusan como un hecho de la “máxima gravedad” que debe ser resuelto lo antes posible, la causa por el incendio y muerte del matrimonio Luchsinger Mackay avanza a la misma inexistente velocidad de los compromisos presidenciales de la presidenta Bachelet de no aplicar la Ley Antiterrorista o instruir una comisión investigadora acerca de la violencia policial contra la niñez mapuche.

Paralizada durante todo el verano de 2017 gracias a un resquicio legal de los querellantes que fue finalmente desestimado -tiempo en que los imputados siguieron en prisión preventiva-, las audiencias preparatorias del juicio debían reiniciarse el 28 de marzo.Es en esta etapa donde se incluyen o rechazan las pruebas sobre las que luego se desarrollará el juicio.Se volvió a aplazar a solicitud de los representantes de los Luchsinger Mackay.

La primera audiencia se este nuevo año se realizó por fin el 28 de marzo pero no alcanzó a durar las cuatro horas programadas. Al inicio de la audiencia la Fiscalía señaló que por un “formateo” de computadores del archivo policial se había perdido una prueba que la defensa considera clave: la declaración de un oficial que contradice lo que los policías consignaron como “la confesión de Peralino”. En medio de un escandalillo y numerosas críticas a la poca seriedad de un órgano prosecutor que “pierde” pruebas, el Juzgado de Temuco le dio diez días para encontrarla.

Curiosamente la prueba apareció el jueves antes del feriado de semana santa. Según consigna Carabineros de Chile, “efectuada una revisión detallada y minuciosa” en una bodega del OS9 (división que se dedica a las organizaciones criminales) “se encontró una carpeta con documentación relativa al caso Luchsinger Mackay, encontrándose copia de la declaración del cabo 1ro. Alejandro Saldías”.

La preparación del juicio se retomará el próximo 24 de abril. Los once mapuche ya llevan presos un año y un mes. Según acusan sus abogados se está usando la prisión preventiva como pena anticipada, algo visto en casos anteriores como el del fotógrafo Felipe Durán o la comunidad Wente Winkul Mapu, que terminaron con la libertad de todos los acusados luego de largos periodos en la cárcel.

 

Foto: AgenciaUNO/Licencia El Desconcierto

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