Masacre de Curuguaty: sobreseyeron a la última procesada

Raquel Villalba Ortíz era la única acusada de haber participado de la Masacre de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, donde murieron 11 campesinos y seis policías. Las irregularidades de la investigación se repitieron durante la etapa de recolección de pruebas. La defensa no descarta que la fiscalía apele.

curuguaty

Raquel llegó a Curuguaty en junio de 2012 para resistir junto a su compañero, Rubén Villalba, y para cuidar aquellas 2000 hectáreas tan rojas y fértiles como codiciadas. Rubén había conocido la historia del lugar por Avelino Espinola. Fue él quien le mostró documentos donde se detallaban que esas tierras habían sido cedidas al Estado por la empresa Industrial Paraguaya S.A. en 1967. Le contó que ese espacio había sido ocupado por la Armada, aunque no se había formalizado el traspaso, que se había instalado el Destacamento Naval Agropecuario hasta 1999 y que, en aquel entonces, estaban afectadas a la reforma agraria. Estaban allí para exigir que esas hectáreas se destinen a la reforma agraria.

El 15 de junio de 2012, el jefe del GEO, Erven Lovera, irrumpió junto a cientos de uniformados en aquellas tierras. Aunque tenían sólo una orden de allanamiento- solicitada por el caudillo colorado Blas N. Riquelme-, los policías iniciaron un operativo de desalojo.

Raquel corrió con su hijo en brazos y buscó refugio cuando escuchó el primero de los disparos. Los gases lacrimógenos le hicieron perder la orientación. Alcanzó cubrirse entre matorrales. El llanto de Derlis quedó tapado por el tableteo de las metralletas. Así pasó un rato. No sabe cuánto. Suficiente para que once de sus compañeros y seis policías fueran masacrados, muchos con disparos producidos a corta distancia con armas automáticas.

Sobre cómo construir un buen relato

Raquel fue detenida. Fue acusada de tentativa de homicidio, asociación criminal y ocupación de inmueble en calidad de autoría junto a otros once campesinos. Para el ex fiscal Jalil Rachid, hoy premiado como viceministro de Seguridad de la Nación, la joven fue un “señuelo” que buscaba llevarle tranquilidad a los uniformados. De esta manera, Rachid sentenció, antes que nadie, que los efectivos habían sido las víctimas.

“Ella tenía a su hijo de cuatro meses y con eso le daba seguridad a los policías para que lleguen a esa zona. Ante la indicación de Rubén Villalba salieron para ir a un lugar más seguro”, contó a Cosecha Roja la abogada de la joven, Sonia Von Lepel, integrante de la Coordinadora Nacional por los Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

En su hipótesis, cuyos fragmentos fueron publicados el 24 de diciembre de 2012 en el diario ABC Color, Rachid sostuvo que “en esa secuencia de acontecimientos, los oficiales se percataron de que las mujeres, que en principio se encontraban apostadas en el frente comenzaron a retirarse a pasos acelerados de la zona, en pleno conocimiento de que el enfrentamiento era inminente”. Y sugirió que los agentes no estaban preparados para un enfrentamiento: “No solo tenían prohibido usar su armas, sino que no contaban con escudos protectores balas”.

Todos culpables

Los jueces compraron el relato. Inclusive, durante el fallo plantearon que las campesinas se pusieron al frente de sus compañeros con sus hijos pequeños en brazos para “crear un ambiente de confianza” que permitiera disuadir a los policías.

Como Raquel era adolescente al momento de la masacre, su caso debió tratarse en otro proceso. La causa madre, como se conoció el juicio que investigó la responsabilidad de los once campesinos, terminó el 11 de julio pasado con un final tan anunciado como amargo. El Tribunal de Sentencia de Asunción, compuesto por Ramón Trinidad Zelaya, Manuel Silvero y Benito González, resolvió que todos eran penalmente responsables por haber asesinado a los seis policías.

La condena más alta fue para el dirigente campesino Rubén Villalba que, por determinación unánime del tribunal, deberá permanecer en prisión durante 30 años. Luis Olmedo recibió una pena de 20 años y Néstor Castro y Arnaldo Quintana de 18. Otros cuatro campesinos quedaron en libertad, puesto que habían recibido una pena que se equiparaba al tiempo que estuvieron detenidos durante el proceso.

Un caso aparte es el de las mujeres. Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López fueron condenadas a seis años de prisión. El tribunal consideró que se habían puesto al frente de sus compañeros con sus hijos en brazos con el objetivo de generar seguridad entre policías.

El fruto podrido, el árbol envenenado

Luego de ser detenida, Raquel debió haber sido evaluada física y emocionalmente para conocer cuál era su estado al momento de la masacre y si, efectivamente, presentaba condiciones para atravesar un proceso judicial. Nada de eso sucedió. Se pasó por alto parte del requerimiento del sistema penal adolescente paraguayo.

“Ella fue a juicio oral, contó Von Lepel, pero no se le realizó ningún estudio psicosocial. Y el Código de la Niñez establece dos requisitos obligatorios para el procesamiento de un adolescente. Uno es la realización del análisis. Y el otro es un estudio sociambiental, que sí se hizo pero no por una persona idónea. Esas dos cuestiones son fundamentales, porque para que un menor sea procesado no importa la edad, sino la capacidad”. Ese fue el germen que la defensa capitalizó al momento de solicitar el sobreseimiento de Raquel.

El fallo deja expuestas las irregularidades que se tejieron durante la recolección de pruebas y genera grandes expectativas por el pedido de nulidad de las condenas a los once campesinos en la causa madre. “Esto es un revés porque no se ha tenido en cuenta la garantía procesal debida en el caso de la menor. Y esto ocurrió con los mayores también”, dijo a Cosecha Roja, Amelio Sico, abogado defensor de los condenados.

Leandro Alba
Leandro Alba

Periodista

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