masacrepenalsantiagodelesteroErnesto Picco – Cosecha Roja.-

Treinta y cinco cuerpos sin vida y una decena de heridos salieron por la puerta del Penal de Varones de Santiago del Estero, el 5 de noviembre de 2007. El edificio se había incendiado y los familiares de los presos llevaban más de quince horas protestando en la vereda. Estaban asustados, desinformados y enfurecidos cuando comenzó el desfile de médicos y policías: cargaron cadáveres rumbo al hospital y la morgue. Hoy la justicia condenó a tres guardias y absolvió a otros seis.

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Después de ocho años y un proceso que sufrió innumerables dilaciones, muchas de aquellas madres, novias y esposas que rodeaban el Penal en 2007 se volvieron a reunir en los Tribunales para presenciar el final del juicio que empezó hace cinco meses. La sentencia de la justicia santiagueña no los conformó: de los nueve guardias que estaban procesados por homicidio culposo y lesiones graves, tres fueron condenados a penas mínimas y seis fueron absueltos.

La reconstrucción de los hechos del 4 y 5 de noviembre mostró que fue una auténtica masacre. Hartos de los malos tratos, y ante la suspensión abrupta de la visita dominical, los presos empezaron a protestar ante los guardias. Prendieron fuego colchones y mesas del pabellón, y los carceleros respondieron a los golpes y a los tiros, encerrándolos hasta que murieron quemados e intoxicados.

Entre aquella tarde de 2007 y el comienzo del juicio el 13 de mayo pasaron mucho tiempo y pocas cosas. El gobierno de la provincia destituyó al Subsecretario de Justicia, Santiago Nassif, y al director del Penal, Rodolfo Camaño. Las familias marcharon exigiendo justicia durante las primeras semanas, luego la mayoría dejó las calles. La Federación Argentina de Colegios de Abogados realizó un informe sobre el Penal santiagueño en el que se indicaba que el edificio, apto para 220 reclusos, alojaba 375. De ellos, 182 no tenían condena.

Las Madres Unidas del Pacará, una organización de vecinas y militantes que llevó la voz de la protesta durante estos años, venían denunciando abusos y malos tratos por parte de los guardiacárceles dos años antes de la masacre. Gladys Sosa, tía de una de las víctimas y referente de las Madres Unidas, repitió el día de la sentencia lo que sostuvo durante los últimos cinco meses: “El juicio ha estado plagado de interrupciones y no se ha logrado que se hagan cargo las autoridades políticas que han tenido responsabilidad. Ni siquiera los hemos podido traer a declarar”.

Los guardiacárceles escucharon la sentencia en la sala de juicio oral del tercer piso de Tribunales, mientras que decenas de familiares lo hicieron por videoconferencia, amontonados en una pequeña sala del primer piso. Todos los niveles del edificio estuvieron repletos de policías que montaron un operativo para evitar el paso entre los pisos y custodiar la salida de los familiares. Hombres y mujeres uniformados cerraron el paso sin pestañar en las escaleras del primer piso, ante el insulto y la bronca de los familiares, que demoraron más de una hora en abandonar el lugar.

“No hay derecho. Los volvieron a matar”, postearon en su cuenta de Facebook las Madres Unidas.

Los condenados y el futuro del caso

Carlos José Salomón, Mariano Arturo Cuellar, y Manuel Orlando Ocampo fueron condenados por la justicia a las penas de cinco, cuatro y tres años de prisión. Además de la imposibilidad de ejercer cargos públicos en el futuro. Los guardias Osvaldo Martín, Carlos Sánchez, Segundo González, Adrián Bellido, Juan Coronel, y Andrés García fueron declarados inocentes. Todos ellos habían pasado ya dos años y medio detenidos en la Escuela de Policías.

Al comienzo de la audiencia final, algunos de los guardias hablaron por primera vez. Ocampo defendió el papel de los guardias y criticó las instalaciones del Penal: “Ese día hemos dado nuestro mejor esfuerzo, pero ahí trabajamos en condiciones infrahumanas. Y los familiares lo saben”. Salomón, en tanto, se quejó porque tenía su obra social y el sueldo suspendidos hacía ocho años. “Todos hemos estado esperando con ansias este día, porque tenemos nuestros proyectos de vida suspendidos”, dijo Bellido. Los familiares se indignaron ante estas declaraciones.

Antes de condenar a los tres guardias, los jueces José Luís Guzmán, Elida Suárez de Bravo y Federico López Alsogaray, rechazaron un pedido de cambio de carátula a homicidio calificado que había hecho la abogada Luisa Cárdenas de Infante, representante de dos familias querellantes.

Después de la lectura de la sentencia, y mientras se desalojaba el salón, los tres guardias condenados hicieron un círculo junto a su abogado César Barrojo. Tratando de mantener la voz baja y contando con los dedos de la mano, calcularon los pocos meses en los que podían salir en libertad: considerando que se computarán los años que ya pagaron, y la posibilidad de excarcelación ante el cumplimiento de dos tercios de la pena, los tres podrían dejar la Escuela de Policías en el transcurso del año próximo.

En la vereda de Tribunales, agrupaciones de la Red en Contra de la Violencia Institucional rodearon y contuvieron a los familiares. Luis Garay, de la Asociación Por la Memoria, la Verdad y la Justicia, criticó el final de este episodio: “Las cárceles son un lugar donde todavía se sigue reproduciendo la violencia que es difícil de erradicar por parte de los que sostienen este sistema. Y la justicia no contribuye a avanzar sobre los temas de fondo”.

Pero la historia de la Masacre del Penal -la más grande después de la del Pabelló séptimo de Devoto en 1978- no terminará con este juicio. En agosto, las Madres Unidas se reunieron en Buenos Aires con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Allí, la funcionaria les dio su apoyo y dijo: “los Derechos Humanos son para nosotros una prioridad de gestión”. Aún así, sólo podrán actuar “si se federalizara el caso”. La estrategia será, ahora, apelar y agotar todas las instancias provinciales para ir en esa dirección.