Merlo: policías que arman causas para solucionar problemas personales

Federico Trofelli – Cosecha Roja.-

El cabo de la Policía Federal Omar Salvatierra aprovechó el calor de la noche del  31 de enero para salir a cenar afuera con su familia.  No sabía que esa simple salida lo iba a enredar en un complejo laberinto en el que está involucrada una comisaría de la bonaerense acusada por varias causas armadas. El problema de Salvatierra empezó como un conflicto barrial. Al regresar a su casa del barrio policial de Mariano Acosta, en Merlo, se encontró con un hombre que orinaba sobre un alambrado al lado del acceso a los monoblocks donde vivía. El desconocido era Martín Antonio González,  subcomisario de la Policía Bonaerense en el barrio.

– Che,-dijo el recién llegado- ¿no ves que hay una familia?

Señaló al lugar donde estaban su mujer y su hijo, el  hermano, la cuñada y el sobrino.  El otro no respondió.

-¿Qué estás haciendo? – insistió Salvatierra.

González giró su cuerpo con el miembro en mano y casi salpicando al hombre que lo consultaba, le espetó:

-¿No ves boludo? Estoy meando.

Los dos se miraron fijo y sin reconocerse como policías, comenzaron a insultarse. Salvatierra advirtió que González, en un parsimonioso movimiento por cerrar su bragueta, estaba armado. Cuando éste último se acercó para increparlo, el de la Federal sacó su pistola reglamentaria y disparó al suelo.

El subcomisario no entendía cómo alguien se había animado a tanto en su territorio.

-Te voy a romper el orto –dijo mientras se iba-. Yo soy el comisario.

Y se fue en su coche particular, donde  lo esperaba una mujer.

Por un rato, la familia Salvatierra volvió a lo suyo. “Es que los tiros en Mariano Acosta son parte de la liturgia”, indicó un jefe policial que conoce esa localidad del partido bonaerense de Merlo.

Unas cuatro horas después de la discusión, alrededor de las cinco de la madrugada, González volvió con su gente. Necesitaba una revancha. El subcomisario y los suyos golpearon con insistencia la puerta del departamento de Salvatierra, en la esquina de Kennedy y Sica. Antes de derribarla, alguien abrió. Era Omar, que se había levantado ya vestido para la ocasión. Enseguida supo que se lo llevarían preso: le pusieron las manos detrás de la espalda, lo esposaron y lo subieron a un patrullero.

Mientras tanto, la esposa de Omar y su pequeño hijo quedaron en la casa. Sin necesidad de orden de allanamiento, la mujer le permitió el ingresó solo a uno de los policías para que revisara la vivienda en búsqueda de supuestas evidencias: “El agente bonaerense estuvo bien, no hizo mucho desorden pero requisó el lugar de arriba abajo”, refirió a Cosecha un vocero judicial de Morón. Pero todo el esfuerzo del hombre de azul no alcanzó para encontrar el arma que había sido disparada unas horas antes.

Salvatierra no la había escondido, la tenía encima. Los policías bonaerenses recién se enteraron que el sospechoso estaba armado cuando en el hospital, donde lo llevaron para realizarle los controles rutinarios a los que son sometidos los detenidos,se la entregó a los médicos que lo revisaron.

La causa armada contra el cabo de la Federal ya estaba en marcha: el acta policial indicaba que el subcomisario estaba realizando tareas de vigilancia de civil en su coche particularcon otros compañeros cuando advirtió una actitud sospechosa de Salvatierra. Presuntamente, cuando quisieron identificarlo, el sospechoso les disparó.

Salvatierra pasó unos días encerrado, automáticamente quedó a disponibilidad de la justicia de Morón y se le abrió un sumario en el departamento de análisis legal y disciplinario de la Federal. Desde entonces,tiene el 40% de su sueldo retenido.

Pero la suerte de González no duraría mucho y a la par que avanzaba la investigación judicial, se desvanecía la increíble hipótesis de la comisaría de Mariano Acosta. “El caso era muy raro y el acta policial dejaba varios cabos sueltos”, dijo un alto funcionario judicial de los Tribunales de Morón.

La fuente se refiere a que los presuntos agentes que estuvieron en la escena de los hechos ni siquiera se habían tomado el trabajo de establecer en dónde había pegado el plomo disparado por el Federal. Ese dato no es menor, ya que Salvatierra podía ser acusado de los delitos de resistencia a la autoridad e intento de homicidio. Y la expectativa de pena es sustancialmente mayor.

Finalmente, el relato de los testigos terminó por desnudar la causa armada por la Bonaerense y la acusación se dio vuelta. Ahora, quien está siendo investigado es González y sus compañeros. Cosecha Roja pudo saber que el subcomisario está imputado de falsedad ideológica, exhibiciones obscenas, amenazas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

González ya fue indagado y corroboró ante los funcionarios judiciales su versión.

Una fuente que conoce el mundillo político de Merlo señaló a Cosecha que el imputado “está acostumbrado a manejarse con impunidad porque tiene una relación estrecha con la seguridad del intendente Raúl Othacehé”.

Una comisaría cuestionada

Lo que le ocurrió a Salvatierra no es un hecho aislado. Hace unos meses,  dos familias se animaron a denunciar a los agentes de la seccional sexta de Merlo, de la localidad de Mariano Acosta, por sufrir hostigamientos policiales. Son pobres y tienen miedo de que le armen una causa.

Lorenzo Fernández, de 36 años, es chatarrero y pocero. Vive en Hugo del Carril al 4200, en una zona ampliamente rural. Tiene carros, algunos caballos y una familia integrada por su mujer y tres hijos adolescentes. Hace algunas semanas presentó un hábeas corpus en los departamentos judiciales de Mercedes y Morón para que se establezca si él o su familia tenían algún asunto pendiente con la policía o la justicia.

“Me cansé de que me vengan a buscar cada vez que en el barrio volaba una mosca”, explicó el muchacho. Una vez, los agentes lo interrumpieron en medio de un velorio de un vecino; en otra oportunidad, lo despertaron a la madrugada porque una vecina había denunciado el robo de una bicicleta. “Los dejé entrar a mi casa y no encontraron nada”, continuó el joven.

El hombre se negó a acostumbrarse a las visitas de la Bonaerense y  le pidió colaboración a la abogada Elba Maciel, con quien presentó el Hábeas Corpus.

“La policía intentó esclarecer algunos hechos ocurridos en la zona usándolos a ellos como chivos expiatorios. Por eso tuvimos que interponer ese recurso judicial. Ellos venían sin orden judicial y en cualquier momento se los iban a llevar presos”, dijo la abogada a Cosecha Roja.

El Habeas Corpus fue respondido por la justicia y se confirmó que no avanzaba ninguna investigación contra Lorenzo ni su familia.

El caso de Marcela García, de 28 años, y su marido Antonio Torres, de 31, fue más allá. La pareja había comprado en noviembre una precaria vivienda en la esquina de Margarita y Heredia, en Mariano Acosta.  Precaria la casa, precaria la transacción: pagaron 10 mil pesos por un boleto de compra venta.

A los tres días de instalarse en el lugar, se presentaron dos hombres que dijeron ser el subcomisario y el jefe de calle. “De prepo quisieron echarnos. Nos dijeron que las camionetas de Tierra y Vivienda de la Municipalidad estaban en camino para desalojarnos, pero era mentira”, explicó Marcela a este medio.

Las visitas de los agentes se hicieron constantes hasta que el supuesto subcomisario llegó a amenazar de muerte a Antonio. La pareja denunció las intimidaciones policiales en la fiscalía de Morón.  Por un tiempo, los hombres de la fuerza dejaron de pasar por la casa.

Pero habían estado preparando otra estrategia. El 27 de junio, la vivienda fue allanada por drogas. Marcela reconoció ser consumidora y de su corpiño sacó un papel de cocaína. Nunca se hizo cargo de las decenas de bagullos de marihuana que encontraron.

La mujer estuvo presa algunos días y luego fue sobreseída  porque la gente que se veía entrando a su casa en “actitud sospechosa” en las  filmaciones de la eran vecinos, amigos y familiares de la pareja.

Más grave fue lo que le pasó al marido de Marcela,  que recibió un balazo en el estómago al mismo tiempo que la Bonaerense estaba allanando su casa. El hecho ocurrió a varias cuadras del lugar y aún no fue esclarecido. Antonio se recuperó después de estar varios días internado y someterse a dos operaciones.

Antecedentes

Dos años atrás, la comisaría de Mariano Acosta ya había sido descabezada por hechos similares. La justicia sospechaba que el 15 de agosto de 2010 un grupo de policías de esa seccional secuestró a Fabián Gorosito y lo torturó hasta matarlo: lo esposaron de pies y manos, lo golpearon y asfixiaron con barro.

Según la investigación de la UFI 4 de Morón, Gorosito, un joven de 22 años que trabajaba en un frigorífico de la zona, mantenía una relación sentimental con la mujer de uno imputados por el crimen: el oficial Adrián Giménez.

Por el crimen  fueron detenidos siete agentes y, a partir de una causa que se desprendió de esta investigación, quedaron detenidos otros cuatro efectivos más por haber detenido ilegalmente y golpeado a dos hermanos una semana antes del asesinato de Gorosito.

El entonces jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, ordenó el desplazamiento hacia otras zonas de la provincia de los 63 policías que cumplían funciones en la dependencia para garantizar la investigación que realizó la Gendarmería.

Al parecer, poco y nada cambió desde entonces.

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada