México, lavadero de la DEA

Por Miguel Ángel Vega – Río Doce.-

Justo cuando legisladores mexicanos y estadounidenses concluían que el operativo Rápido y Furioso sería el mayor escándalo de negligencia gubernamental de Estados Unidos en el 2011, el diario New York Times reportó la semana pasada que la DEA introdujo a México de manera ilegal varios millones de dólares para luego lavar esos recursos mediante el financiamiento de sus operativos.

La noticia dio la vuelta al mundo y el Gobierno estadounidense no tuvo otra que reconocer que, efectivamente, una de sus agencias utilizaba dinero asegurado al crimen organizado para tiempo después regresarlo a México “con el único fin de continuar realizando investigaciones encubiertas en territorio mexicano”.

A pesar de reconocer esa actividad, de la cual el Gobierno mexicano dijo estar enterado, ninguna nación ha detallado a cuánto asciende la cantidad de dinero que la DEA ha enviado de manera ilegal a México ni explican cómo utilizan esos recursos, ni de qué manera se comprobarán gastos y “viáticos”, como tampoco se especifica el vía crucis que implica traer millones de dólares a este país.

“No vamos a discutir ni vamos a entrar en detalles respecto a los señalamientos que hacen los medios de comunicación, y menos vamos a descubrir las operaciones que la DEA realiza ni su metodología”, dijo a Ríodoce Jeffrey Scott, vocero de la DEA en Washington, luego de enviar un comunicado a este semanario en donde reconocen “su esfuerzo para detener el lavado de dinero en México”.

Lavadero antiguo

Aun cuando las autoridades estadounidenses dijeron que de momento no revelarían detalles respecto a los señalamientos que hace el diario neoyorquino, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) adelantó el viernes pasado que la DEA tiene lavando dinero del narcotráfico desde 1984, y que todas esas transacciones las autoriza el Congreso estadounidense.

Sin embargo, ni el Congreso ni el Senado estadounidense dijeron estar enterados de tales prácticas por parte de la DEA, y pidieron una explicación a sus actividades.

“No hemos estado enterados y considero que a estas alturas hacen falta muchas respuestas”, dijo Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos.

Por ello, el DOJ entregó un documento el viernes al Congreso estadounidense, a raíz de las exigencias de Issa, en donde detallan cómo el Congreso ha autorizado a la DEA para que disponga de ese tipo de recursos desde la administración del expresidente Ronald Reagan.

En la misiva, firmada por Ronald Weich, se explica cómo el Congreso ha autorizado a la DEA usar fondos asegurados a grupos de narcotraficantes, incluso depositar ese dinero en bancos para facilitar las operaciones encubiertas.

De acuerdo con el documento, este tipo de operaciones son conocidas como “Operaciones Exentas del Procurador General”, y han estado vigentes por tres décadas, incluso se menciona una de las primeras operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por la DEA, la cual fue anunciada públicamente en 1987 por el procurador Edwin Messe. Se llamaba Operación Piscis.

“En ella se lavaron 116 millones de dólares en Panamá, logrando penetrar una red de tráfico de cocaína en Colombia, América del Sur y México”, explica el documento.

“Estas son operaciones encubiertas que están ocurriendo, cuyos detalles, por su propia naturaleza no son apropiados que sean discutidos públicamente dado que estas operaciones tocan preocupaciones importantes de seguridad nacional e involucran seguridad de agentes”, apunta el escrito.

La misiva puntualiza que el Departamento de Justicia hablará acerca de dichas operaciones en “un marco adecuado y cuando sea el momento indicado”.

En tanto, legisladores de ambos países exigieron iniciar una investigación que detalle a ambos gobiernos tales operaciones, así como el impacto que a corto y largo plazo pueden tener en las sociedades de ambas naciones.

“Lo que estamos viendo es que la DEA utilizó tácticas similares a las que en su momento utilizó otra dependencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que es la Oficina de Armas, Alcohol y Tabaco (ATF), y por lo tanto en ambos casos debe iniciarse una investigación que arroje respuestas que tengan lógica”, dijo Darrell Issa.

Issa, del Partido Republicano, es quien más presión ha ejercido al DOJ para que explique las consecuencias del operativo Rápido y Furioso, incluso, fue el único congresista que realizó una investigación por su cuenta, y con ello presentó un informe a mediados de este año sobre cómo las armas que ingresaron a México con anuencia del ATF, terminaron en manos del cártel de Sinaloa y han participado en la muerte de al menos 200 mexicanos.

Por ello, agregó el congresista en una carta previamente enviada al procurador estadounidense, Eric Holder, deben conocerse los detalles de ese operativo porque de lo contrario, sigue en entredicho su liderazgo, y sobre todo, los operativos que siguen saliendo a la luz pública, los cuales de entrada “han sido un desastre para ambos países”.

“A como veo que opera la DEA, no me extrañaría que hubieran lavado cientos de millones de dólares, lo cual generaría más preguntas”, señaló Issa.

Por su parte el Senado de la República en México, dijo que exigirían a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los operativos de la DEA en México, particularmente los que refieren al dinero que la agencia estadounidense introducía a México de manera ilegal.

“Las autoridades deben informar hasta qué punto sabían de la existencia de operaciones de lavado de dinero por parte de la DEA, cuántos agentes estaban involucrados y quién otorgó el permiso para que agentes extranjeros vinieran a México a realizar esas actividades ilícitas”, expuso Felipe González, secretario de la Cámara Bicamaral del Senado de la República.

De acuerdo con el legislador panista, no existe excusa para que la DEA haya introducido millones de dólares a México para después utilizarlo en sus operativos, acto que se conoce como lavado de dinero, y lamentó que solo mediante investigaciones periodísticas se informe de lo que realiza el gobierno mexicano cuando la obligación es que Gobernación dé pormenores sobre lo que acontece en nuestro país.

“Pero aún así, aquí se está violando la ley, una de ellas, la de Aduana, la cual señala que nadie puede introducir más de mil dólares porque si se hace, esa persona va a la cárcel”, expuso González.

La PGR por su parte, emitió un comunicado, pero al igual que Estados Unidos, tampoco especifica detalles sobre el modus operandi de la DEA en cuánto a lavado de dinero se refiere y utiliza en cambio una serie de rodeos que van desde su función ante la sociedad, hasta las acciones que esa institución realiza.

“Existe un intenso intercambio de información con Estados Unidos para detectar y desarticular redes de narcotráfico. Producto de este esfuerzo se han logrado avances y detenciones importantes. México ha insistido en la necesidad de reforzar las acciones en esta materia, particularmente para detener el tráfico de dinero en efectivo hacia territorio nacional”, redunda el testimonio enviado a Ríodoce, pero sin definir una postura en cuánto a las acciones de la DEA.

Cada vez que alguna dependencia estadounidense realiza una operación de lavado de dinero superior a los 10 millones de dólares, el Departamento de Justicia debe de aprobar la operación, aunque se desconoce en este caso cuál fue la mecánica ni la cantidad en dólares que se utilizó durante la operación.

Según la DEA, en el 2010 decomisaron ellos más de mil millones de dólares a redes del narcotráfico que operan entre México y Estados Unidos, mientras que el Gobierno mexicano apenas decomisó 26 millones de dólares, según señala el diario The New York Times.

Esa cifra sin embargo no pudo ser corroborada por la PGR en México, y según publicaciones, tan solo el 2008 en Culiacán se decomisaron 45 millones de dólares; 11 millones en junio en la colonia Guadalupe, 5 millones en una casa de seguridad ubicada por la calle Donato Guerra, y en septiembre de ese mismo año se decomisaron otros 29 millones en una casa de seguridad de la colonia Rincón del Valle, al suroeste de la ciudad.

* Con información de The New York Times y Proceso.

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