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Desde la organización Tupac Amaru informaron que este jueves, alrededor de las 23 horas, Milagro Sala se autolesionó en el penal. A las 21.40 cuatro integrantes del Juzgado de Control N 4 la habían notificado del rechazo a un pedido de internación realizado en una clínica privada. El pedido se había hecho tras un habeas corpus luego de su traslado al penal de mujeres de Alto Comedero, violatorio de la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún vigente.

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Hoy por la mañana el Comité por la Libertad de Milagro Sala va a presentar una denuncia penal en Comodoro Py contra Macri, Garavano y Morales por inducción al suicidio, por incumplir la cautelar de la CIDH y otras resoluciones internacionales y por el permanente hostigamiento que sufre por parte del poder judicial y el servicio penitenciario.

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Milagro Sala fue atendida primero por el SAME y luego por el médico cirujano del penal que saturó la herida en el antebrazo en la unidad carcelaria. Las primeras versiones indican que rompió un vidrio y se cortó la mano. Los médicos le dieron cinco puntos externos y cuatro internos.

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El pedido de internación no es nuevo. Desde el 11 de octubre, a través de un médico del Poder Judicial dio a conocer que estaba tramitando la internación en una clínica privada para realizarse distintos estudios médicos, tal como la habilita la ley de Ejecución Penal 24660.

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El viernes 13, el juez Pullen Llermanos sin previa notificación ni a la diputada del Parlasur ni a su defensa, envió una decena de policías para trasladarla de forma compulsiva al Hospital Pablo Soria, supuestamente a realizarse análisis de sangre y un electrocardiograma. La dirigente social se negó, advirtiendo que no estaban notificados sus abogados. En otre otras cosas, le llamó la atención que la buscaran para realizar estudios clínicos sin el ayuno correspondiente.

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El sábado, un grupo del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales la trasladó violentamente en piyama al penal, según el juez, para cuidar su estado de salud, aunque citó en la resolución los informes de Departamento Médico del Poder Judicial que sugerían contacto con la familia las 24 horas y daban cuenta de un cuadro de depresión y de ideación suicida.

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El martes se presentó ante el juzgado de turno un hábeas corpus con dos objetos. El primero que se autorice la internación en la clínica privada. Y el de fondo que se resuelva el traslado al inmueble de El Carmen para que se continúe dando cumplimiento parcial a la medida dispuesta por la CIDH ante el riesgo de daño inminente para la salud psicofísica de Milagro Sala de permanecer dentro de la unidad carcelaria.

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El miércoles se realizó una audiencia en sede del juzgado con la presencia del juez Cruz y con los abogados Luis Paz, Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte. Allí dieron cuenta del estado de la dirigente social, se pidieron los estudios del departamento médico que el martes por la tarde realizó un informe según el cual la dirigente social atravesaba un cuadro de depresión, con elevado monto de angustia, que impidió incluso que la dirigente mantuviera contacto visual con las personas que la entrevistaban producto de una crisis de llanto que se desató cuando comenzó a relatar los hechos que tuvieron lugar el sábado. Además presentaron el certificado de la clínica a través del cual autorizaban la internación de la diputada.
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Ayer, a las 21.40 horas, se presentaron en el penal cuatro integrantes del juzgado para notificarle la decisión del juez de no autorizar ni la internación en la clínica, ni el traslado a la localidad de El Carmen. La dirigente les mostró los golpes que tiene en el cuerpo, dio cuenta de los síntomas que sufre producto del colon irritable y reclamó que desde su traslado la médica del penal sólo la atendió una vez y no la medicó.

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Pocos minutos después de retirarse del penal, desde el servicio penitenciario llamaron a Luis Paz para avisarle que Milagro se había autolesionado. Ya en la unidad carcelaria la atendió el SAME y luego un cirujano le dio 5 puntos en la parte profunda de la herida y otros 4 en el antebrazo que se había cortado al romper un vidrio.

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Desde la Tupac Amaru responsabilizan en forma directa al Presidente Mauricio Macri por el incumplimiento de la medida cautelar vigente de la CIDH, al contador Gerardo Morales y a los jueces Pablo Pullen Llermanos e Isidoro Cruz por negarle la atención médica que solicitan y que está autorizada por la ley de Ejecución Penal.