Narcos mexicanos invierten cifras millonarias en sobornos a policías

El Diario.-

Distrito Federal— A fin de mantener su poder, se estima que los cárteles mexicanos destinan mil 200 millones de pesos anuales para sobornar a los elementos de las policías estatales y municipales, para garantizar su protección y operar en diversos territorios del país, revela un diagnóstico del ex zar antidrogas de Estados Unidos, Barry R. McCaffrey.

El documento advierte que la corrupción y la impunidad son retos que enfrenta el país en la lucha contra el crimen organizado, además de que “la delincuencia callejera y la violencia descontrolada son un desafío implacable de la vida cotidiana en México”.

Así lo indica el reporte que elaboró a partir de la visita que realizó McCaffrey del 1 al 3 de junio pasados a México, en el que cita como fuentes a funcionarios federales mexicanos de alto nivel, con los que se reunió, de acuerdo con el informe que entregó a la Academia Militar de West Point.

El general retirado, quien fue director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCOP, por sus siglas en inglés), elaboró la evaluación sobre la lucha que emprendió la administración del presidente Felipe Calderón “para establecer el Estado de Derecho en México”.

En el diagnóstico dedica un apartado al tema Crimen y corrupción en México, en el que señala que el presidente Felipe Calderón ha reconocido que la corrupción es “un problema grave en las fuerzas policiales y la razón principal para el uso del Ejército mexicano y de la Marina en la lucha interna antinarcóticos”.

En el documento revela que “algunas estimaciones sugieren que los cárteles gastan 100 millones de pesos por mes para sobornar a las fuerzas policiales estatales y locales”, para garantizar la protección de las células criminales que operan en diversas regiones del país.

Además de que los cuerpos policiacos estatales y municipales no sólo brindan protección a los integrantes del crimen organizado, también participan de su actividad criminal: “Están frecuentemente involucrados en el secuestro, la extorsión y actúan directamente en nombre de la delincuencia organizada”.

Por ello, McCaffrey destaca que la administración de Calderón “despidió a 40 funcionarios de alto rango y cientos de empleados federales en 2011 por corrupción”, además de que se han adoptado medidas de inteligencia para detectar a personal ligado a actos de corrupción en la Policía Federal, en la Procuraduría General de la República (PGR) y el sistema penitenciario federal.

El ex zar antidrogas de Estados Unidos incluso destaca en su reporte que ante el escenario de corrupción de los cuerpos policiacos en el país, “sin el coraje y la integridad relativa de los 225 mil miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas (que han sido ampliamente desplegados en 10 estados de México), hay una posibilidad razonable de que México se hubiera convertido en un Estado fallido durante la última década, ante la lucha interna cada vez más violenta entre las organizaciones delictivas transnacionales”.

McCaffrey señala también que “ha habido algunos éxitos relativos dramáticos en la lucha contra los cárteles”. Como ejemplo indica que las fuerzas militares mexicanas han sido retiradas de Ciudad de Juárez, Chihuahua, “que era zona de guerra”, y que el Ejército fue sustituido por la Policía Federal.

Indica que las muertes violentas en Ciudad Juárez se redujeron 50% en 2011, “a pesar de que todavía sufren una tasa de homicidios, que es de 1,100% de la media de México”.

Aunque reconoce estos esfuerzos, el general estadounidense también advierte que “la delincuencia callejera y la violencia descontrolada son un desafío implacable de la vida cotidiana en México”, ante los 52 mil asesinados desde 2006. Una cifra que se traduce en que la tasa de homicidios en el país es casi cinco veces el nivel que existe en Estados Unidos.

También acepta que Estados Unidos tiene un nivel de responsabilidad en la violencia que se registra en México, “en parte por la amplia disponibilidad de armas de fuego en manos de los delincuentes”.

Advierte, además, que “el principal desafío de México es establecer el imperio de la ley y la eliminación de un problema histórico generalizado: la impunidad”. A pesar de la reforma constitucional de 2008, afirma, el proceso ha sido muy lento “y resistido por una cultura de la corrupción entre algunos niveles del sistema fiscal. Hay menos de 2% de condenas en el crimen violento”.

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