Neuquén: los 18 guardias procesados por torturas a un preso que murió siguen en actividad

CARCEL U9 DE NEUQUEN.La Mañana de Neuquén.-

Dieciocho agentes penitenciarios de la Unidad 9 –entre ellos un médico y un enfermero– fueron procesados en relación al caso Argentino Pelozo Iturri, el interno que murió en 2008. Once de ellos están imputados por el delito de tormentos.
Le decían “rengo Argentino” y venía de la cárcel de Ezeiza. El 8 de abril de 2008, el por entonces director de la U9 –Héctor Oscar Ledesma– comunicó por fax al tribunal su deceso ocurrido por un presunto paro respiratorio.
Luego su muerte abrió paso a una investigación que, con el grado de probabilidad que requiere la etapa procesal por la que transita el proceso, demostró que el interno –antes de su muerte– habría sufrido diferentes tormentos por parte de varios agentes, circunstancia que a la vez intentó ocultar parte del personal médico que lo atendió en un primer momento, como diferentes autoridades de la cárcel, para procurar eludir responsabilidades en el hecho.
Así se deduce de la resolución judicial que fuentes cercanas a la Procuración Penitenciaria de la Nación, constituida en parte querellante, proporcionaron a La Mañana de Neuquén.
La medida fue resuelta por el juez federal Gustavo Villanueva y data del viernes, pero ayer trascendió a la prensa.
Los abogados Angélica Acosta y Federico Egea representan a la querella, y los imputados son asistidos por varios defensores, entre ellos el oficial.
Todos los acusados están procesados pero gozan de la libertad, antes y después de esta medida.
Según explicaron fuentes judiciales, no se les aplicó en el caso la prisión preventiva porque se consideró que no hay riesgo procesal, toda vez que el grueso de la prueba ya ha sido producida y por tanto no existe peligro de que puedan obstruir la investigación. Además, todos cuentan con arraigo y comparecieron ante el tribunal cada vez que lo requirió.
No obstante ello y con el fin de garantizar el proceso, el juez les impuso la prohibición absoluta de salir del país y la obligación de presentarse todos los meses ante la comisaría más cercana para dar cuenta de su paradero.

Actividad
La mayoría de ellos sigue en actividad, aunque no necesariamente en la U9. Los imputados procesados por el delito de imposición de tormentos en calidad de coautor son Carlos Roberto Vergara, Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Félix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, Fabián Alfredo Ruiz Díaz, José Lorenzo Retamal, Juan Carlos Leiva, Juan Manuel Campos y José Walter Quintana. Sin perjuicio de que la resolución no está firme aún, también se dispuso el embargo sobre sus bienes y dinero por un momento que asciende en cada caso a los 200 mil pesos.
Los otros procesados son Juan Carlos Heredia, Miguel Ángel Carrilao, Mario Humberto Leyria, Daniel Ricardo Huenul, José Roberto Sosa, Héctor Oscar Ledesma y Gabriel Eduardo Grobli.
Un grupo está procesado por el delito de omisión de denunciar doblemente calificada, por el tipo de delito que se ocultó –aplicación de torturas– y por ser funcionarios públicos. En este grupo están el médico Heredia y el enfermero Carrilao, por ejemplo; a quienes a su vez el magistrado les dictó la falta de mérito pero por otro delito menos gravoso, el de abandono de persona. En este punto, la pesquisa debe continuar.
El otro grupo está compuesto por los acusados de haber incurrido en el delito de omisión de evitar la comisión de las torturas. Sobre ellos también recae un embargo que, dependiendo el caso, va de los 150 a los 180 mil pesos. Todos con diferente rango, jerarquía y actividad.

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