Cosecha Roja.-

Juan Salgado está hace más de un mes de paso por Argentina y Uruguay. No precisamente haciendo turismo. Ha estado entrevistándose con autoridades en las dos orillas del charco, operadores judiciales y organizaciones de la sociedad civil, poniendo sobre la mesa su larga experiencia en procesos de reforma policial, violencia organizada y violación de los derechos humanos en México, uno de los países más violentos de América Latina. Las cifras de la violencia son escalofriantes: en los últimos seis años, el gobierno reconoce 48.000 muertos, mientras las estadísticas informales se acercan al número de 60.000 a 100.000 víctimas. “Sin embargo, como no hay investigación judicial y un bajísimo nivel de denuncia, no se sabe si pertenecen a muertos civiles por el narco, por la violencia de las fuerzas de seguridad, o a enfrentamientos entre las organizaciones delictivas por disputa de territorios”, asegura Salgado.

En un almuerzo y charla llevado a cabo en el Centro de Estudios de Derechos Legales y Sociales (Cels), el “policía” –como lo llaman las organizaciones de derechos humanos por su vasta experiencia en estudio de estructuras y procesos de reforma policial- habló durante una hora y media sobre las perpectivas de la nueva gestión presidencial respecto del modelo de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

“El gran debate en México ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado. Nosotros no tenemos una experiencia de régimen militar en el último siglo, y no se ve la gravedad de que los militares salgan a la calle a hacer tareas de seguridad pública. Es más, la ciudadanía lo pide. Pide mano dura, y los casos experimentales de reforma policial orientada hacia la proximidad terminó porque han dicho ‘no quiero que la policía venga a la puerta a hacerme preguntas, yo quiero que estén para golpear a los delincuentes y si los pueden matar que los maten. Es la respuesta conservadora de la sociedad la que ha terminado con ciertos esfuerzos por ciudadanizar a la policía. Y es la que respalda, en buena medida, la decisión cortoplacista de la administración Federal de sacar a las Fuerzas Armadas”, dice el docente e investigador de la UNAM y de la Universidad de Essex, en Inglaterra.

– En Argentina, la intervención de las FFAA en materia de Seguridad Interior es un umbral de la democracia, ¿Cómo es la experiencia en México?
– Habría que diferenciar el ámbito rural del urbano. En el urbano, la participación de las Fuerzas Armadas es mínimo, es el más mediático y más visible. Y es el ámbito donde más se documenta lo que ha pasado, y lo que se ha detectado son detenciones, violaciones al derecho al libre tránsito. Cuestiones que no han sido muy graves, digamos. En la intervención militar en las áreas rurales, en comunidades indígenas, comunidades rurales aisladas, es donde suceden las principales violaciones a los derechos humanos y donde hay menor documentación. Los destacamentos militares llegan a ocupar el agua, los pocos recursos que tienen las comunidades, lo cual afecta la vida por la simple presencia de los militares ahí. Por otra parte, también tienen un papel represivo en hacer investigaciones, como ellos las realizan, no son entrenados para hacer seguridad pública. Tienen esa visión de eliminar enemigos: hay varios reportes de organismos mexicanos e internacionales de familias que han sido acribilladas por el Ejército por pasarse un retén; matan a todos incluyendo niños, y casos de violaciones a mujeres indígenas por parte de militares mexicanos. Pero lo más duro y sistémico ha sido instalarse en zonas que ellos consideran que son de producción de droga, donde rompen la vida comunitaria. Desafortunadamente, en las zonas rurales las personas tienen menos vos y capacidad mediática, pero en las ciudades el Ejército es aplaudido y lo ven como el que llega a poner orden. Hay poca confianza en la policía: la consideran corrupta e irreformable.

-¿Y cómo es la efectividad de las FFAA respecto del combate al narcotráfico?
-Hubo una descomposición de las fuerzas de los cárteles que generan todavía más violencia. Trataron de establecer el divide y vencerás, pero fue más bien el divide y no vencerás, porque lo que hicieron fue tratar de romper a los cárteles, y al fragmentarlos crearon cárteles más pequeños y mucho más violentos. Tenemos los cárteles tradicionales, Sinaloa, Golfo, Pacífico, que eran cárteles más tradicionales, con códigos empresariales, y nunca en México habíamos tenido estos niveles de violencia y de conflictividad, porque los lazos entre cárteles y autoridades locales y federales eran muy fluidos, pero al desintegrar a los grandes cárteles y crear otros pequeños basados sobre todo en sicarios –el cártel de los Zetas es sumamente agresivo, formado por sicarios que se desarticularon de los cárteles más grandes- y no tienen la misma estructura vertical de un cártel tradicional y no tienen el mismo modelo de negocio. Para un narcotraficante, el principal elemento de su trabajo es la ganancia, pero para un Zeta, el principal elemento de su quehacer es la violencia y adquirir poder sobre un territorio, no la ganancia económica necesariamente. Para el traficante común la violencia sobre la población civil es instrumental y con el fin de asegurar su ganancia, pero para los Zetas tiene el objetivo de asegurar su poder sobre un territorio. Dos dinámicas bien distintas. Al Balcanizarse en cierta medida los grupos de delincuencia organizada están siendo mucho más violentos y tienen mucho menos capacidad de negociar entre ellos y de negociar con distintas fuerzas gubernamentales.

-¿Dónde está ahora la mayor conflictividad narco?
– El consumo interno ha crecido en México, es cierto. Pero la principal lucha territorial es por los centros de paso y por eso la violencia está concentrada en el norte del país y en la frontera. Por Ciudad Juárez pasa cantidad de droga hacia Estados Unidos y deja al descubierto las limitaciones de iniciativa Mérida, lo que en Colombia sería el Plan Colombia, pero sin la intervención militar de Estados Unidos. Al concentrar militares en Ciudad Juárez bajaron los índices de violencia, pero se movieron a las ciudades aledañas. Es que el problema no se quita, solo se desplaza.

-¿Cuál es el nivel de complicidad de las fuerzas de seguridad con el narco?
-Buena parte de las policías municipales trabajaban para grupos de la delincuencia organizada. Sobre todo cuando empezaron los operativos federales en el norte del país para atacar a los cárteles, muchas veces a los primeros que enfrentaban los federales eran los policías municipales que estaban defendiendo a los narcotraficantes. En México se judicializa un 10 % de los crímenes cometidos, pero aún con un porcentaje tan bajo, un estudio sobre los casos con sentencia de un grupo colombiano reconstruyó las complicidades entre criminales y fuerzas políticas y de seguridad, y casi siempre hay un policía retirado o en actividad.

-¿Qué puede suceder con el nuevo gobierno en materia de políticas pública de seguridad?
-Se habla mucho de que regresa el autoritarismo con el PRI, yo creo que nunca se ha ido. Porque el PAN, en doce años de gobierno, no terminó con la estructura autoritaria, al contrario, la fortaleció. Y el PRI tampoco se ha ido: ha tenido el 60 o 70 % de los gobiernos estatales. No es algo que yo creo que vaya a alterar tanto las condiciones, viendo lo que ha hecho Peña Nieto como gobernador y sus declaraciones de campaña, no creo que haya un gran cambio en materia represión, un cambio en la articulación con los movimientos civiles y la sociedad, no creo que tampoco vaya a trabajar en inteligencia financiera para realmente golpear a la delincuencia organizada. Mientras no se les golpee a los cárteles donde les duele, lo demás sirve de muy poco. Mi indicador principal es el precio de la cocaína y la marihuana en la calle en Estados Unidos: si sube, significa que se está golpeando a los cárteles. Y el tema es que en los últimos 20 años ha estado estable. Los indicadores del gobierno federal son el número de detenciones, incautación de droga y dólares, y finalmente si detienen y matan a sus líderes ellos encuentran la manera de reorganizarse. No sube el precio de la cocaína, y si les detienen drogas y dólares son costos marginales para ellos.

-¿Cuál podría ser una manera de golpearlos?
-Si se quisiera hacer algo, pensando en el modelo italiano –algo que podría impulsar más la izquierda en México- es una fiscalía antimafia que tuvo muy claro que no iba a acabar ni con la Cosa Nostra ni con el Drángueta, pero estableció medidas de inteligencia financiera para tratar de llevarlos hacia la vía legal, que creo que tuvo un efecto importante en sacar a la luz muchas de las cosas que estaban pasando, cosa que no creo que vaya a suceder en México.