El crimen de Lugano y la detención de Pity Álvarez rehabilitaron un viejo debate sobre drogas. Desde hace días personajes como el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, el médico psiquiatra Eduardo Kalina y otros supuestos especialistas desfilan por canales de televisión y radios culpando a las drogas de los males de la sociedad. “Todo consumidor de paco es un potencial asesino”, “la marihuana es creadora de paranoicos, psicóticos y esquizofrénicos” fueron algunas de las frases que nos dejaron sus intervenciones.
“Son discursos direccionados a estigmatizar a determinados estratos sociales y buscar chivos expiatorios de una manera simplista. No hay comprobación de un nexo causal lineal entre el consumo de una sustancia respecto a un hecho delictivo. La mayoría de las personas que delinquen no lo hacen bajo el consumo de sustancias”, explicó a Cosecha Roja Mariano Fusero, director del Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal (APP).
Estos discursos apuntan a objetivos concretos: estigmatizar a los sectores populares, reforzar la criminalización, desalentar nuevos abordajes en políticas de drogas contrarias a la demagogia punitivista y a promover las internaciones compulsivas prohibidas por la nueva ley de salud mental, explicó Fusero.
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¿Qué proponen Izaguirre y Kalina? Un modelo prohibicionista basado en la “guerra contra las drogas”, la criminalización de los usuarios y las internaciones compulsivas y violentas.
Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) solo el 10 por ciento de los usuarios de sustancias prohibidas desarrollan un consumo problemático. “Sin embargo, se engloba a todo el universo como consumidores problemáticos y como potenciales delincuentes”, explicó Fusero.
Este discurso genera políticas ineficaces: “En Argentina, el 95 por ciento de los recursos están destinados a la reducción de la oferta de drogas y solo el 5 por ciento para el tratamiento y prevención de adicciones, cuando a nivel internacional el promedio es de 50 y 50”, explicó Fusero. Y agregó: “Los recursos destinados a prevención son siete veces más efectivos”.
Si la prevención es más efectiva que la criminalización, ¿por qué se sostiene una política pública de guerra contra las drogas? “Es un tema de demagogia punitiva. Es el discurso político del partido de gobierno y otros partidos, que buscan tener un rédito electoral. Un abordaje más sensato y humanitario no tiene un caudal político electoral tan visible, no es un discurso tan permeable en la sociedad”, explicó Fusero.
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En el panel de Intratables, Izaguirre comenzó su exposición responsabilizando por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz a la ley de salud mental, una norma aprobada a partir de un acuerdo con organismos de derechos humanos y valorada internacionalmente. Esa ley establece que las adicciones y el uso problemático de drogas (legales o ilegales) deben ser tratadas en el marco de las políticas de salud mental.
“Hay una ley de salud mental que ha convertido a alguien en un muerto y a alguien en un homicida”, dijo Izaguirre. “La ley de salud mental impide la internación compulsiva de drogodependientes cuando están en crisis. Si un médico interna a un adicto se lo procesa como secuestrador, se le quita el título habilitante”.
El argumento de Izaguirre es falso: la nueva ley no impide las internaciones involuntarias, sino que establece una serie de requisitos para proteger los derechos de las personas, como la necesidad de una “evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación”.
Alicia Romero, de Madres contra el Paco, le contestó en vivo. Dijo que las internaciones compulsivas eran “secuestros” que tenían un único fin: el lucro. “Hay un negocio atrás. Tenemos chicos que murieron en comunidades terapéuticas, no podemos hacer la vista gorda”, dijo.
Según explicó a Cosecha Roja Silvia Raggi, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), el objetivo de las críticas es derogar el artículo que considera el tratamiento de consumos problemáticos como un problema de salud pública. “Al estar dentro del sistema de salud desaparece el negocio de las comunidades terapéuticas”.
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El psiquiatra Eduardo Kalina se presenta como “especialista en adicciones”. Desde 1994 dirige el Brian Center, una institución privada dedicada al tratamiento de “trastornos psiquiátricos y neuropsiquiátricos”. Al igual que Izaguirre, Kalina es un defensor de las internaciones compulsivas.
Desde que el Pity Álvarez fue detenido por el crimen de Lugano, Kalina desfiló por los canales explicando su teoría: que los consumidores de sustancias como la cocaína y el paco son potenciales criminales. “La cocaína anestesia los sentimientos y anestesia la moral”, explicó hace un tiempo en una entrevista.
Kalina escribió más de una decena de libros sobre adicciones. Varios de ellos en coautoría con su alumno y amigo Alejandro Merenson, director terapéutico de la comunidad terapéutica El Paraíso.
“El Paraíso es una institución inexistente que usa Merenson para tercerizar la internación de usuarios de drogas en granjas como San Ignacio, San Camilo y San Antonio”, explicó a Cosecha Roja el periodista Pablo Galfré, autor del libro “La comunidad: un viaje al abismo de una granja de rehabilitación”.
Franco Ruiz Díaz y Matías Lamorte, dos jóvenes que habían sido internados contra su voluntad, murieron entre 2013 y 2015 en San Antonio. La comunidad fue denunciada por el Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental y la Comisión Provincial de la Memoria por “violaciones a los derechos humanos” pero no fue clausurada.
Merenson también derivaba internaciones a San Camilo de Pilar: uno de ellos fue Saulo Rojas, un joven mendocino de 23 años que murió en la comunidad en 2013. La investigación de Galfré y la presión de los familiares de Saulo lograron la clausura de la comunidad y que cinco médicos y directivos de San Camilo fueran acusados del delito de “homicidio culposo”.
La ley de salud mental, las investigaciones periodísticas y la presión de las organizaciones de derechos humanos atenta directamente contra el negocio de estas comunidades, que basan su trabajo en internaciones compulsivas y violentas.
El crimen del Pity Álvarez les dio un poco de aire y volvieron a los medios para instalar la teoría de que todo consumidor es peligroso y debe ser tratado en un centro privado. No se discute un tema de salud pública, sino un modelo de negocios.
