Otro operativo de 500 policías contra los manteros de Avellaneda

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Desde la seis de la mañana, 500 policías de la Federal y Metropolitana ocuparon la avenida Avellaneda, entre Nazca y San Nicolás. Tenían una orden del fiscal general porteño Luis Cevasco para impedir que se instalaran los manteros. Es la cuarta vez en tres meses que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta expulsa a los trabajadores con las fuerzas de seguridad. “Es una política de limpieza social, no quieren personas que trabajen o vivan en la calle”, dijo a Cosecha Roja Christian Gruenberg, coordinador del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa.

El operativo conjunto entre la policía Metropolitana y la Federal incluyó carros de asalto, camiones de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público y oficiales de Infantería. Esta mañana, veinte agentes ocuparon ambos lados de las veredas para impedir que los manteros se instalen. “Se respondió a una orden de la fiscalía para impedir que se ocupe el espacio público”, contó a Cosecha Roja Eduardo Allen, vocero de la policía Metropolitana.

Los inspectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les pidieron los datos a los manteros. Dijeron que iban a empadronarlos. “Los compañeros están con mucho miedo. La policía vino a realizar una tarea de espionaje y presión”, dijo a Cosecha Roja Jorge López, delegado de la Agrupación de Vendedores de la Vía Pùblica.

Los trabajadores desplazados se reunieron en la plaza Vélez Sarsfield. Marcharon hasta la sede Comunal Nº 7 en Av. Rivadavia 7202 y pidieron reunirse con el jefe de la comuna. Mientras, la policía los rodeaba e intentaba correrlos por la avenida.

“Nosotros tenemos voluntad plena para dialogar con las autoridades”, dijo López. Desde hace dos meses, la Agrupación solicita el encuentro de los jefes comunales, quienes nunca había respondido. El gobierno porteño dijo públicamente que les iba a ofrecer un galpón en la Avenida Juan B. Justo pero nunca se comunicaron con los delegados. “Los trabajadores no se niegan a reubicarse en otro lugar, pagar un canon, o estar empadronados; a lo que se oponen es la represión”, dijo Gabriela Olguín, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Los trabajadores cantaban: “Queremos trabajar, queremos trabajar” en la puerta de la comuna.

El 21 de enero, la policía realizó 21 allanamientos en el barrio de Flores. Entró a 26 viviendas y secuestró mercadería ilegal. Los medios publicaron que se habían desmantelado “depósitos ilegales” pero eran las casas de los vendedores. “Cuando nos quitan la mercadería, perdemos meses de trabajo” -contó López-. Por eso, nadie va a darle los datos a la policía”. El 25 de febrero les tocó a los vendedores de Liniers: se manifestaron en la estación del tren y los oficiales de Infantería respondieron con balas de goma.

El 4 de marzo, Avenida Avellaneda y Nazca fue la sede de otro operativo. Esa mañana, el fiscal afirmó en los medios que envió a la policía porque los manteros volvieron a instalarse en la zona pese a las sucesivas medidas para expulsarlos. “La ocupación del espacio público no es un delito, lo que se está realizando es una limpieza de personas en situación de calle, vendedores ambulantes y otros trabajadores que están en la vía pública”, dijo Gruenberg.

En consonancia con las palabras del fiscal, Clarín tituló “un operativo con 500 policías impide que los manteros copen la avenida Avellaneda”, decía que la zona era una de las “más invadidas de la Ciudad” y acusaba a los vendedores de pertenecer a “mafias”. En la nota, el Ministerio de Seguridad confirmó que esta política “es parte de un proceso que se va a extender a toda la Ciudad”.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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