Panamá: el oscuro camino de servir al crimen organizado

panamá 1Por Ruben Polanco – La Prensa.-*

Amir Ortíz empezó a robar celulares en las calles de Cerro Batea, San Miguelito, por simple rebeldía. Tenía 14 años. De a poco afinó su habilidad para el delito: custodió y cargó sacos con droga que llegaban desde las costas de Puerto Caimito, La Chorrera, una comunidad al oeste de la capital panameña donde tenía familia. Huyó de la policía y volvió a vivir a la casa materna en la barriada Los Cantaros, en Nuevo Tocumen. Allí se convirtió en el jefe de una pandilla y después integró el grupo Calor Calor: mandaba a los jóvenes a matar, robar, tirar bala a los enemigos, vender o custodiar cargamentos de droga. Estuvo preso dos veces. La última vez por tirotearse cuando le quisieron robar un arma 9 milímetros. Intentaron matarlo a balazos al menos 15 veces, apenas recibió roces. Todo el tiempo tenía miedo: a que lo detuviera la policía, lo mataran o le hiciesen daño a algún familiar.

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Amir era uno de los más de 3 mil 500 pandilleros que pertenecen a 250 bandas a nivel nacional, según las cifras del Ministerio de Seguridad. Calor Calor y Bagdad se convirtieron en confederaciones que agrupan a todas las demás pandillas y tienen una guerra a muerte por el control del territorio. Amir logró escapar de esa guerra: a los 19 dejó las armas y ahora se dedica a predicar.

-Fui personalmente a Tocumen y Cerro Batea -dice-, donde están las personas a las que hice daño, y les pedí perdón. Tenía muchos conflictos.

En la pandilla y con un arma en mano, juntaba mínimo $200 o $300 por día. Ahora le toca empezar de cero: solo cursó hasta sexto grado y no consigue empleo, pero puede “caminar y entrar en cualquier lugar”. Eso lo alivia.

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Antes las pandillas se dedicaban a la delincuencia local: robo de bancos, venta de drogas, asaltos a comercios. Ahora custodian los cargamentos y ejecutan enemigos por encargo del narco. A cambio, reciben dinero, drogas y armas. “Las costas facilitan la llegada de la droga desde Colombia, de allí pasan a Costa Rica y siguen por Centroamérica hasta llegar a México”, explicó Tirso Castillo, sociólogo y criminólogo del Observatorio de la Violencia del Siec.

Un informe del 2013 del observatorio de Seguridad Ciudadana reveló que los dos bloques prestan sus servicios al crimen organizado -los carteles de drogas de Colombia y México- en las comunidades costeras de todo Panamá. Ahí se da el “tumbe”, una modalidad delictiva que solo ocurre en el país y que “los delincuentes colombianos y mexicanos consideran como una aberración porque respetan la droga de sus enemigos”, explicó Castillo.

“Ellos ven a los pandilleros panameños como los más atrevidos y osados”, señaló el criminólogo. Por eso los carteles requieren del apoyo logístico de Bagdag y Calor Calor para evitar la pérdida de los cargamentos. Cuando se pierde la droga, los carteles les pagan a los pandilleros para asesinar a quienes se han apoderado de su mercadería.

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Roberto -su verdadero nombre es otro, pero pidió reservarlo- entró en la pandilla Calle O New Family a los 12. Tiene el rostro flácido y la mirada perdida. Casi no sonríe. No acepta posar para la foto, dice que todavía tiene enemigos. No quiere contar si le tocó matar. Sí que robó a mano armada, se enfrentó a los tiros con los enemigos y custodió la droga de los compinches. Llegó al extremo de robarle a sus propios vecinos, que apenas lo veían en la vereda llamaban a la policía.

Pasó su niñez en el barrio de El Chorrillo, uno de los más violentos de la capital, y en 2008 se mudó a vivir con su tía en Veranillo, distrito de San Miguelito. Hace dos años salió de prisión, después de nueve meses, por robo. Está tratando de dejar la pandilla pero aún sigue con dudas.

-Estoy con un pie en lo seco y otro en lo mojado. No tengo trabajo. A veces me levanto en la mañana y no hay nada para comer. ¿Qué sopa? Tengo mi mujer y mis dos hijos, de dos años y cuatro meses.

Tiene 18 años y busca trabajo. En las entrevistas le piden el historial policial y él lo tiene manchado. Ha intentado volver a la pandilla. Se contradice. “No quiero seguir, quiero cambiar ya, no quiero tener armas, ni estar todos los días traumado porque me pueden llevar preso o matar”, dice con frustración.

Ocasionalmente, Roberto recibe ayuda económica de la Fundación Dame una Oportunidad, dedicada a resocialización de pandilleros. Otras veces subsiste de los camaroncitos, los trabajos eventuales. Cuando amanece y no hay nada para comer, le toca robar para alimentar a sus hijos.

-Como nosotros decimos: me tengo que poner la máscara.

Amnistía no es la solución

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Tirso Castillo coincide con Amir y Roberto, dejar la pandilla no es fácil. “Los otros compañeros los pueden matar por traidores. En la pandilla se cumplen normas sagradas, mantienes una lealtad. Si dejas la pandilla estás firmando una sentencia de muerte”.

Otra realidad es que el sistema penitenciario panameño es ineficiente, promueve la corrupción y los delincuentes sacan provecho de esa situación. Como se les permite el uso de celulares, armas de fuego y licor, entre otros beneficios, al pandillero le es muy seguro controlar a su grupo desde la cárcel y tiene personas que lo cuidan dentro del penal.  “Las cárceles panameñas son universidades del crimen”, concluye Castillo.

El presidente Juan Carlos Varela dio una amnistía de un mes el 1 de julio pasado, cuando inició su mandato, para que los pandilleros dejaran las armas y se acogieran al programa Barrios seguros que prometía trabajo. Para Castillo la amnistía no es la solución porque “el delincuente va a pedir un trabajo que le resuelva sus necesidades y garantías de seguridad”.

Castillo advierte que un pandillero gana entre quinientos y mil dólares diarios por venta de drogas y robos. El gobierno no tiene la capacidad de suplir sus necesidades y las de su familia. Por otra parte, “es muy fácil decir amnistía, pero qué pasa con mi garantía de vida, yo estoy caminando y me van a matar”.

Para el investigador, el gobierno debe desarrollar una política criminal que incluya un enfoque sociológico, psicológico, antropológico y victimológico. Castillo está convencido de que una baja en los niveles de violencia “se logra con campañas sociales, con la construcción de viviendas y campos de juego, con la modernización del sistema educativo y la ruptura de los estigmas sociales”. Y agrega: “De nada vale la entrega de armas oxidadas, dañadas, que fueron utilizadas en delitos”.

El 6 de agosto Varela puso fin a la amnistía y anunció que el gobierno iba de frente contra los delincuentes. Los funcionarios secuestraron 94 armas de fuego, algunas en mal estado, e informaron que 1078 pandilleros de Colón, Chiriquí, Panamá Oeste (Arraiján y La Chorrera), San Miguelito y Panamá Este y Centro se acogieron a la amnistía.

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José Polo, encargado de la Fundación Dame una Oportunidad, trata de ayudar a los jóvenes pandilleros en el distrito de San Miguelito predicando la palabra de Dios e insertándolos en el culto evangélico. Lamenta que la falta de recursos sea un obstáculo, pues los trabajos eventuales que son ofrecidos a los jóvenes duran apenas unas semanas y después de eso no tienen más oportunidades de subsistencia.

Polo es expandillero y tiene más de 15 años de trabajo en la resocialización. Sabe lo difícil que es abrir puertas en la empresa privada y el sector público. “No a todo el mundo le gusta trabajar al lado de estos muchachos. La mayoría son etiquetados por su manera de hablar y vestir. Al rechazarlos, estás creando un monstruo y eso es peor porque se crea resentimiento”, explicó.

La estigmatización de los pandilleros es un tema contradictorio para Castillo. “La gente los estigmatiza por los tatuajes, el corte de cabello y los aretes. Los catalogan de delincuentes y no les dan la confianza necesaria. Pero esa es la misma sociedad que exige que los ayuden”.

Recuadro: Los resultados no son inmediatos

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En el gobierno de la expresidente Mireya Moscoso, entre 1999 y 2004, se aplicó el “Plan mano dura”, un programa represivo y muy similar al implementado en El Salvador, Guatemala y Honduras. “Fue un rotundo fracaso, no se logró disminuir la criminalidad, al contrario, aumentó. Los delincuentes desafiaron a las autoridades con mucha más violencia”, dijo Castillo.

Entre 2004 y 2009, la administración del expresidente Martín Torrijos aplicó el Programa de Seguridad Integral (Prosi) para trabajar en prevención con jóvenes en riesgo social, pero dejó fuera a quienes ya eran pandilleros o estaban presos. Luego, entre 2009 y 2014, el gobierno de Ricardo Martinelli ejecutó el Plan “Calles seguras”, enfocado en la represión y prevención. Durante ese período, el Programa de Seguridad Integral atendió a 25 mil jóvenes por año. Y por sugerencias de organizaciones extranjeras, creó la Unidad Preventiva Comunitaria (UPC) dentro de la Policía Nacional. “Paradójicamente la violencia pandilleril no desapareció. Las pandillas siguen operando. El fracaso se debe a la represión”, explica Castillo.

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El trabajo de resocialización no da resultados inmediatos. Es un proceso muy lento porque el pandillero no cambia de la noche a la mañana. Eso sumado a los estigmas de la sociedad. A la par de la amnistía y el plan “Barrios seguros”, el gobierno de Varela pondrá en marcha el proyecto “Por una esperanza”, enfocado en el desarrollo humano y social de los pandilleros.

Alfonso Quirós, director de la Oficina de Desarrollo Seguro del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), trabaja en la resocialización de pandilleros a través de comités de convivencia pacífica en las zonas rojas: captan líderes comunitarios para llegar a los pandilleros. Buscan también el apoyo de empresas privadas y entidades del gobierno junto a un equipo de trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos, sociólogos y profesionales de diversas áreas.

Mientras esto se inicia, Calor Calor y Bagdag se expanden como grandes empresas nacionales al servicio del crimen organizado. El futuro de un pandillero, por el momento, parece un laberinto sin salida.

 Fotos: David Mesa, Elysee Fernández y Raúl Vega

*Esta investigación se desarrolló en el Seminario Taller de periodismo especializado en la cobertura de seguridad ciudadana, del que participaron 20 periodistas de América Latina. El encuentro organizado por la FNPI (Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano) fue en Bogotá, Colombia en mayo de 2014.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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