casita-azulLa Casita Azul era un viejo prostíbulo en la zona de la Perla, en Mar del Plata. Había sido desmantelado por la Justicia a comienzos de esta década y en 2014 aprobaron su expropiación. La intención de quienes presentaron el proyecto era que el lugar fuera un Centro de la Memoria de la Lucha contra la Trata, pero la promulgación se dilató y el mes pasado apareció un cartel de venta a pedido de sus dueños. Alertados de la situación, diputados provinciales pidieron que se frene la venta. Por el momento cualquier operación inmobiliaria está parada pero el dinero del Estado para que se haga el proyecto no aparece.

El trámite para que se ejecute la expropiación recorrió infinidad de despachos desde que el proyecto fue aprobado. El tiempo corre y los plazos para que se realice no son indefinidos. La ley que dispone la expropiación de bienes de trata (14.592 de Provincia) dice que deber resolverse con un plazo menor a cinco años desde la aprobación: en 16 meses, La Casita Azul podría ser vendida por sus antiguos dueños.

A comienzos de diciembre la diputada marplatense Alejandra Martínez, del bloque Convicción Peronista, presentó en la Cámara Provincial un proyecto de resolución para volver sobre el tema e informar del cartel del venta. Su pedido de tratarlo sobre tablas no fue acompañado por el oficialismo pero, según le explicó a Cosecha Roja, pidió una reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal para poder lograr un compromiso oficial. “Sacaron el cartel hace dos días. Ahora se acordó poner otro que diga que el lugar está destinado a un centro de la memoria. Es un tema que no debería tener diferencias, no hay banderas políticas en esto. Estamos en estado de alerta y se convocó una reunion con la gobernadora y una carta de apoyo al pedido”, explicó Martínez.

El proyecto para expropiar el prostíbulo fue presentado por los diputados marplatenses Pablo Farías, del GEN y Fernanda Raverta, del FPV con el apoyo de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Esto ocurrió después de que se presentaran una serie de denuncias de organizaciones sociales y que en un operativo se encontraran veinte mujeres dominicanas y paraguayas que habían sido llevadas a Mar del Plata para ser prostituidas. En 2010 el lugar quedó clausurado definitivamente.

La causa judicial que se inició tras las denuncias llegó a un juicio abreviado en el 2012. El Tribunal Oral Federal Nº1 de Mar del Plata condenó cuatro años de prisión a Graciela del Valle Carabajal, Eduardo Adolfo Muelas y Marcelo Luciano Muelas, por los delitos de “trata de personas agravada, explotación económica de la prostitución y administración de casa de prostitución”.

Eel proyecto de expropiación avanzó en la Legislatura y en abril del 2014 se convirtió en ley. Luego fue promulgada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto contemplaba que el inmueble sería transferido a la Municipalidad de General Pueyrredón, “para ser afectado al funcionamiento del Centro Marplatense de la Memoria y la lucha contra el delito de trata de personas”. Pero eso aún no sucedió: para que ocurra la Provincia debe hacerse cargo del pago a los antiguos dueños.

Durante la última campaña electoral local candidatos a concejales debatieron en la vereda del inmueble acerca de la acciones a realizar respecto a la trata de personas. Todos estuvieron de acuerdo con la importancia de un centro que sirva para reflexionar sobre la trata.