Paraguay: la masacre que terminó en un golpe de estado sigue impune

Curuguaty

Lambare Digital.com.-

Desde 1989 hasta 2012 ya han sido asesinados unos 120 campesinos y ninguno de estos casos ha sido esclarecido.

La matanza deCuruguaty costó la vida a 17 personas y un golpe de Estado parlamentario en Paraguay. Además, está suponiendo la criminalización de campesinos y organizaciones y la consolidación del modelo de agronegocio que necesita acumular tierras sin gente. El actual gobierno y la justicia juegan a favor de un bando y éste no es el campesino.

“Qué pasó en Curuguaty” es ya la fórmula establecida por la sociedad paraguaya para raclamar el esclarecimiento de una matanza que provocó la crisis política más importante de los últimos 20 años de Paraguay que costó 17 muertos y la caída de un gobierno legítimo. Es el hecho con mayor número de víctimas en la lucha por la tierra durante el período democrático.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2012 durante un procedimiento fiscal y policial en una ocupación de tierra en el territorio de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los civiles ocupantes con el resultado de 11 campesinos y 7 agentes de policía muertos, así como un número indeterminado de heridos por armas de fuego.

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Estos acontecimientos provocaron el golpe de estado parlamentario que terminó con la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo, en un juicio que duró alrededor de 24 horas. Desde entonces, asumió el cargo el ex vicepresidente Federico Franco y se consumó la ruptura del orden democrático.

En la sucesión de hechos ocurridos desde la matanza, no podemos olvidar la criminalización de los supervivientes, la parcialidad de las investigaciones o el asesinato el pasado 2 de diciembre a manos de sicarios del campesino Vidal Vega, un testigo importante en el esclarecimiento de la masacre. Esta es la historia de la impunidad al servicio del (agro) negocio.

El contexto agrario en Paraguay
La injusta distribución de la tierra en Paraguay tiene una larga historia. El principal medio de producción del país está concentrado en manos de una oligarquía terrateniente, de forma que casi el 90% de la tierra está en manos del 2% de la población.

De hecho, según el informe de la International Land Coalition de 2011, Paraguay es el país con mayor concentración de la propiedad agraria de toda América Latina, seguido por Brasil, Uruguay y Panamá. Esta concentración de la tierra ha derivado en una constante conflictividad social que se traduce en ocupaciones, cortes de ruta y movilizaciones por parte de campesinos sin tierras, como formas de lucha para obtener un pedazo de tierra en el cual vivir y ejercer sus derechos.

La respuesta por parte del Estado es la persecución, la criminalización de la protesta campesina, la imputación y la prisión. Desde 1989 hasta 2012 ya han sido asesinados unos 120 campesinos y ninguno de estos casos ha sido esclarecido.

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Llegamos a Curuguaty

Hay que tener en cuenta que la disputa por el acceso a la tierra no involucra solo a grandes propietarios y campesinos. Paraguay es un país históricamente dependiente de la exportación agropecuaria y cuenta con uno de los mayores índices de desigualdad en la distribución de la propiedad rural en el mundo.

La consecuencia directa de este estado de cosas es un alto grado de conflictividad frente a los cuales toma parte la mayoría de los actores políticos, sociales, económicos, religiosos, etc, en función a determinados intereses. El conflicto de Curuguaty surge por un terreno en disputa entre campesinos que reclamaban por la vía legal desde 2004 la recuperación de unas tierras destinadas a la reforma agraria de un inmueble de 2.000 hectáreas (donado por la empresa.

La Industrial Paraguaya SA -LIPSA) y Blas N. Riquelme, empresario y político colorado quien había presentado una demanda de usucapión (un modo de adquirir la propiedad de un bien), alegando que esas tierras, ocupadas por su empresa Campos Morombí, eran suyas por haberlas estado usando de forma continuada durante 20 años.

El 15 de junio se realizó una acción de desalojo del inmueble en territorio de Curuguaty como consecuencia de una denuncia por delito de invasión del inmueble ajeno planteada por la empresa Campos Morombí. Prácticamente todos los actores sociales pensaban que esas tierras eran propiedad de Blas N. Riquelme y que existía una orden de desalojo dictada para proceder con la expulsión de los “invasores”.

Esta ha sido la versión oficial, la que los medios se han encargado de difundir en apoyo a la Fiscalía, que investiga de forma parcial el caso, a pesar de que luego se ha demostrado que la empresa Campos Morombí no tenía legitimidad para denunciar la invasión al carecer de título de propiedad.

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El operativo de desalojo contó con 324 efectivos policiales y debía negociar la salida de unos 60 campesinos. Dos columnas de policías se acercaron a la finca desde dos flancos rodeando a los campesinos. Los efectivos policiales estaban compuestos por agentes de grupos antimotines desarmados, portando únicamente escudos y porras, efectivos de la Policía Nacional con pistola al cinto y, más atrás, otros efectivos con armas largas.

En la entrada fueron recibidos por un grupo de 30 campesinos entre los que se encontraban mujeres y niños. En medio de la negociación se desencadenó un tiroteo que derivó en una brutal matanza que terminó con la vida de 6 policías y 11 campesinos, dejando decenas de personas heridas. La situación de los presos y heridos.

El trato ha sido desigual desde el principio con respecto a las víctimas, priorizando en el rescate y la atención médica a los policías heridos, mientras que en el caso de los civiles no fueron evacuados de forma inmediata sino que en algunos casos fueron torturados por los agentes de la Policía. En cuanto a los campesinos fallecidos, recibieron un tratamiento indigno y, apilados como ganado en un viejo camión, fueron devueltos a los familiares cuando era imposible que fueran reconocidos, faltando así al duelo y a las creencias religiosas entre los campesinos paraguayos.

Un número significativo de víctimas civiles murió después de que acabara el enfrentamiento y el tiroteo más intenso. Numerosas declaraciones señalan que varios de los campesinos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales estando heridos o después de haberse entregado a la Policía.

La orden de la Fiscalía fue la detención de toda persona que se encontrara en la finca o que estuviera inscrito en una lista que encontraron en el campamento, incluso a familiares que se acercaban al hospital a visitar a las víctimas. A todas estas personas se les dictó prisión preventiva. En total son 63 imputados, 11 están presos, entre ellos dos mujeres. 9 de ellos estuvieron en huelga de hambre como forma de protesta y, como consecuencia, ahora hay 5 presos en el penal Coronel Oviedo y 4 están enprisión domiciliaria.

Actualmente, dos de los encarcelados están en huelga de hambre, uno de ellos es el líder Rubén Villaba, acusado de ser el principal instigador de la masacre, según la versión oficial de la Fiscalía. En prisión, no se les deja ver por sus familiares.

( Idea Periodistica y Redacion:ea.com.py / Fotos: Archivos Lambare Digital.com )

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