Parió y quedó en estado vegetal por negligencia médica

indice de mortalidad maternaDaniela Rea – El Universal.-

Imagine que su familia está feliz porque una integrante está a punto de dar a luz. Imagine que en el trabajo de parto surge una emergencia y deben practicarle cesárea. Imagine que el doctor sale del quirófano y dice que por un error, la mujer quedará inmóvil y sin habla de por vida. Imagine que ella no podrá hacerse cargo de su hijo y ustedes deberán cuidarla como si fuera un bebé. Imagine que usted presenta una denuncia penal, pero como debe hacerse cargo de la madre y el recién nacido, no puede darle seguimiento. Imagine que pasan más de 10 años, cuidarlos le hizo perder su patrimonio y el caso prescribe. Imagine que, con ese pretexto, el IMSS sacude toda responsabilidad y se desentiende del caso. Imagine que en su habitación la madre que nunca pudo serlo, permanece postrada.

Eso le sucedió a Irene Cruz Zúñiga, una indígena mixteca de familia campesina que vive en uno de los municipios más pobres del país, Santa Cruz Itundija, en Oaxaca.

El 22 de junio de 2001 Irene dio a luz en la clínica del IMSS de Tlaxiaco. Hoy, su hijo tiene 13 años y ella vive en una cama, con vida vegetal; nunca lo pudo cargar, ni alimentar, ni abrazar; su familia entera mutiló sus planes de vida para hacerse cargo de ellos. La anestesiología responsable del daño, María de Lourdes Franco Vargas, está libre porque el caso prescribió, y, pese a una sentencia judicial, el IMSS se ha negado a darle cobertura a madre e hijo de por vida, como mínima reparación del daño.

Carlos Cruz, hermano de Irene, sabe que el daño a su hermana no es un caso aislado, incluso ocurre aún después de 13 años.

A mis oídos ha llegado algo nuevo, que le ha sucedido a mujeres en la comunidad. Una de las muchachas que salió a realizarse cesárea, no le cerraron bien la cortada de la operación, luego hubo otra que le dejaron un aparato para cortar, por eso puedo pensar que no ha cambiado la situación y en cuestión de salud a veces uno no sabe con quién le va a tocar y es bastante preocupante en este lugar, relata a EL UNIVERSAL desde la caseta telefónica más cercana a su comunidad, a 40 minutos.

El caso de Irene ilustra un sinfín de experiencias de mujeres que han sufrido violencia obstétrica, que la negligencia médica les ha provocado daños irreversibles, señala Jacqueline Sáenz, investigadora de Fundar, Centro de Información y Análisis que acompaña legalmente el caso, desde el año 2013.

Según el Observatorio de Mortalidad Materna, en 2012 fallecieron en el país 960 mujeres por muerte materna; 11.9% eran indígenas. En 2013 esta cifra fue de 867, y en lo que va de 2014 ya van 417 muertes. El Estado de México registra el mayor número de decesos con 55, sigue Chiapas, con 34; Veracruz, 29; Michoacán, 27; DF, 25; Chihuahua, 21; guerrero, 20; Durango y JAlisco 19; Puebla, 18; Guanajuato, 17; Hidalgo, 17, y Oaxaca lleva 14.

Sólo en el último año Oaxaca ha tenido un récord de 10 partos en situaciones irregulares, como los casos de Juana García y Ana Castañón, quienes parieron en el baño por falta de atención, o el caso de Irma López que en noviembre del año pasado tuvo a su hijo en el jardín de la clínica de salud.

Los hechos

Irene era una mujer alegre y activa, a quien le gustaba pasear en el arroyo después de trabajar en el campo y participar en la iglesia pentecostés. En 2000 se casó con Alberto Núñez Cruz. Desde siempre Irene quiso ser mamá y cuando quedó embarazada, a sus 26 años, supo que llamaría a su hijo Epafrodito.

La mañana del 20 de junio Irene comenzó a tener contracciones. Por la noche llegó la partera y al ver que el trabajo de parto no avanzaba, ordenó llevarla con los doctores. Al mediodía siguiente llegó a la comunidad Morelos, donde el médico pasante le dijo que aún le faltaban siete horas para parir y la mandó al centro de salud de la cabecera municipal de Itundujia, donde le ordenaron caminar para acelerar el parto, luego decidieron trasladarla a Tlaxiaco por si había complicaciones. A las 10 de la noche, Irene ingresó al IMSS con dolores insoportables. Ahí, la separaron de su familia y dos horas después el ginecólogo le avisó que le harían cesárea para salvarlos, que firmaran la autorización. Luego le pusieron un dispositivo intrauterino para evitar otro embarazo, sin avisarles.

Al salir del quirófano el ginecólogo le avisó a Alberto que Irene había sufrido un paro cardíaco durante la operación. El bebé se quedó internado en cuidados intensivos una semana en Tlaxiaco e Irene fue trasladada inconsciente al Hospital General de la capital oaxaqueña, donde los médicos le dijeron a Alberto que la enfermedad de su esposa era incurable, pues se le murieron unas células del cerebro y no podría mover las manos ni los pies, que se la llevara, pero él insistió en dejarla. Dos meses después, el 14 de agosto, fue dada de alta.

Apenas salió y el 15 de agosto fue internada de nuevo en el IMSS de Tlaxiaco, hasta el 5 de septiembre por falta de capacidad económica para pagar su estancia.

Los daños

Desde la cesárea, Irene quedó paralítica y sin capacidad para hablar, sólo se comunica con gemidos y gritos que su familia interpreta como dolor e incomodidad. Irene dejó de ser autónoma, su familia debe estar al tanto de ella las 24 horas del día.

Sólo puede ingerir alimentos licuados en dosis mínimas, que tarda hasta tres horas en comer, y perdió el control de esfínteres. Su familia debe lavar sus pañales y ropa de cama todos los días. También deben cambiarla de posición para que no le salgan llagas en el cuerpo.

Hasta la fecha su familia no sabe si Irene tiene algún tipo de conciencia. Ellos sospechan que sí, porque según les relató su hermana Enimia a los peritos del caso, Daniela Rodríguez y Juan Carlos Martínez cuando un pastor fue a visitarlos, le preguntó a Irene: ¿Crees que Dios puede hacer algo por ti?, y a ella le salieron lágrimas.

Enimia también les contó que a veces Irene tiene sustos: como si quisiera dejar de existir, su rostro queda blanco, rechina sus dientes, queda fija su mirada, se queja y hace un gesto de querer gritar, como que salta de su cama, como algo que ve y se espanta.

Aún hoy, 13 años después de lo que le ocurrió a Irene, las mujeres enfrentan adversidades en su condición de indígenas para tener acceso a servicios de salud, en particular a la falta de atención médica gineco-obstétrica de emergencia, todo ello en relación al contexto de pobreza y exclusión en el que se encuentra su familia, dice la perito Daniela Ramírez.

De los más aplicados

Epafrodito creció bajo el cuidado de su abuela Maura y ha logrado continuar sus estudios hasta la secundaria, donde es uno de los más aplicados. Él sabe que la mujer que lleva toda la vida en cama, sin poder hablarle, es su madre.

Una vez que Irene fue llevada al hospital a una consulta, Epafrodito se acostó en su cama y no comió ni bebió hasta que ella volvió a su casa. A su hijo le gusta escribir cuentos que le relata a su mamá.

De las autoridades lo único que Irene y su familia han recibido es un colchón de agua, un subsidio de 500 pesos mensuales y dos sillas de ruedas, todos a partir de 2011. Los apoyos otorgados no son nada comparado a lo que la familia ha perdido monetariamente.

Mientras Irene era atendida en el hospital de Oaxaca, su esposo Alberto y su hermano Carlos estuvieron con ella. Según relataron a los peritos, dormían en una banqueta sobre un plástico porque no alcanzaba el dinero para transporte ni hospedaje. Las terapias de rehabilitación que le daban en el DIF constantemente tenían que suspenderse porque la familia no podía costear su estancia en la capital.

Maíz y frijol es lo que tenemos y si logramos vender, de ahí tomamos para ayudar a mi hermana, dice Carlos, hermano de Irene.

La impunidad

Una semana después de la cesárea, el 20 de junio de 2001, con su esposa e hijo aún hospitalizados, Alberto denunció a los responsables del IMSS de Tlaxiaco.

Las autoridades judiciales del estado no realizaron ninguna diligencia, no tomaron ningún testimonio, hasta 2005, cuando un MP visitó la comunidad en busca de testigos, pero no los encontró, sólo registró haber visto a Irene postrada sobre una cama de tablas. Después, otra vez, nada. Fue hasta 2010 cuando los padres y el hermano de Irene fueron citados a declarar y un peritaje médico determinó que la anestesióloga María de Lourdes Franco Vargas era responsable de los daños irreversibles en Irene, pues tuvo fallas al suministrarle la anestesia y no vigiló los niveles de oxígeno que llegaban a Irene durante la cirugía.

 

En el año 2012 la procuraduría de Oaxaca declinó la competencia a la PGR por ser el IMSS institución federal, se ordenó realizar un nuevo peritaje que llegó a las mismas conclusiones: Franco Vargas es culpable del delito de lesiones culposas con agravante de responsabilidad profesional. Sin embargo, según el Código Penal Federal, el caso prescribía a los tres años al tratarse de lesión culposa. Así, la anestesióloga impugnó y quedó en libertad.

En 2013 el magistrado a cargo del caso, Elías Antonio Sánchez Aquino, reconoció que si bien ya no se podía sancionar a la anestesióloga, había víctimas que debían recibir una medida compensatoria. Ordenó entonces un peritaje antropológico y encontró como víctimas directas a Irene y su hijo, e indirectas a la familia y la comunidad.

Tratándose de daños o afectaciones a la salud y violaciones a los derechos humanos, el solo transcurso del tiempo no puede dar lugar al desamparo de las víctimas, señaló en su sentencia Sánchez Aquino, basado en la Ley General de Víctimas.

Envió oficios a dependencias federales y estatales como IMSS, Inmujeres, servicios de salud de Oaxaca, DIF y procuradurías, pero las respuestas fueron similares: incluirla en algún programa social que no s adecúa a sus necesidades.

Hoy, a 13 años del daño contra Irene y su familia, el caso permanece abierto para reclamar la reparación integral del daño.

Estamos insistiendo para que el IMSS asuma la responsabilidad, garantice a ella y a su hijo atención médica de por vida; también que el Inmujeres cumpla su compromiso y convoque a una mesa de trabajo con otros organismos del estado para garantizar una reparación integral, reitera Jacqueline Sáenz.

 

Ilustraciones: Guillermo Préstegui / Domingo, El Universal

 

 

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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