Pena de muerte: ya son diez los mexicanos ejecutados en Texas

mexicano ejecutado en Texas

Proceso.-

Ramiro Hernández Llanas se convirtió hoy en el décimo mexicano ejecutado desde que el gobierno del estado de Texas reactivó la pena de muerte en 1976.

La llamada del gobernador de Texas, Rick Perry, para otorgar el perdón a Hernández Llanas nunca llegó. Acusado de asesinar a un hombre y violar a una mujer estadunidenses, el mexicano fue ejecutado mediante inyección letal en punto de las 18:00 horas del miércoles.

Nada, ni las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impidieron su muerte, igual que como sucedió el pasado 22 de enero con Édgar Tamayo.

Amnistía Internacional emitió un comunicado con la petición formal al gobernador de Texas, Rick Perry, para detener la ejecución de Ramiro Hernández Llanas, “un ciudadano que sufre de discapacidad mental”, pero tampoco funcionó.

La familia de Ramiro se dio cita en la Unidad Carcelaria Polunsky donde permaneció durante cuatro horas para despedirse del mexicano.

En la visita de despedida estuvieron presentes Martha Llanas Zamora, de 75 años, mamá del reo mexicano, y seis de sus hermanos, aunque en los últimos tres días varios miembros de la familia acudieron a visitarlo.

Luego fue trasladado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, a la Unidad Carcelaria Walls, en Huntsville, Texas, ubicada a 65 kilómetros de Polunsky.

La Penitenciaria Walls es una de las cárceles más viejas de Texas, ubicada en el centro de esa comunidad, donde desde hace más de 100 años las autoridades estatales realizan las ejecuciones.

Hernández Llanas incluyó a dos miembros de su familia, su hermana Adelita y su hermano José, en la lista de quienes desea que asistan a su ejecución.

Ramiro Hernández Llanas, de 44 años, fue sentenciado a la pena capital por el homicidio del ranchero y profesor universitario, Glen Lich, el 14 de octubre de 1997.

Glen era dueño de un rancho en Kerreville, Texas, en donde Ramiro trabajaba como carpintero.

La esposa del ranchero, Lera Lich, dijo que el asesinato de su esposo sucedió la noche del 14 de octubre de 1997 dentro del rancho. Además Ramiro fue acusado de violar a Lera Linch.

En febrero del año 2000 fue sentenciado a muerte pero fue hasta hoy, luego de un largo proceso de impugnaciones, que se ejecutó su sentencia.

Uno de los últimos recursos de la defensa fue pedir que se revisara de nueva cuenta el caso y se escucharan nuevos argumentos en una audiencia.

Sin embargo el lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia rechazó tramitar otra apelación interpuesta por los abogados de Hernández, quienes afirman que el mexicano tenía retraso mental y debía recibir ayuda.

Sheri Lyn Johnson, abogada del mexicano, envió una carta al gobernador Perry en la que le dice que la ejecución está condicionada por dos evaluaciones “ignorantes y racistas” de los doctores Richard Coons y James Grigson, a quienes acusó de realizar una farsa para condenar al prisionero a muerte.

Coons otorgó el certificado en el que se afirma que Hernández no tenía retraso mental alguno, a pesar de que las pruebas demostraban lo contrario, y catalogó los problemas del mexicano como “propios de su entorno cultural”.

“(Los de su entorno cultural -mexicanos-) suelen tener un bajo estatus económico, poco éxito, habilidades sociales escasas, uso exagerado de sustancias y altos niveles de comportamiento criminal”, escribió Coons en su informe.

Grigson por su parte certificó que el mexicano representaba un “peligro para la sociedad”.

La abogada señaló que este tipo de peritajes han quedado desacreditados en los últimos años.

“Ambos médicos (Coons y Grigson) han quedado totalmente desacreditados frente a las cortes de Texas”, dijo Johnson.

De acuerdo con la abogada los síntomas de Hernández que indicaban retraso mental eran: problemas de higiene, de comportamiento, además de dificultades para aprender o llevar a cabo operaciones sencillas.

Amnistía Internacional (AI), que junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitaron al gobierno de Estados Unidos y Texas la cancelación de la ejecución, argumentó que Hernández tuvo una infancia “llena de abusos y pobreza extrema en México” y vivía en una casa de cartón junto a un basurero.

Según los resultados de exámenes que le aplicaron tiene un coeficiente intelectual de 50 a 60 y sufre de déficit adaptativo severo en un rango de áreas que incluyen la lingüística, académica, conceptual, social, de trabajo y doméstica.

Con Ramiro ya son 10 los mexicanos ejecutados en Estados Unidos, desde que el gobierno reactivó la pena de muerte en 1976, incluyendo a Édgar Tamayo a quien se le aplicó la inyección letal el miércoles 22 de enero en la prisión de Huntsville, Texas.

Foto: Proceso

Cosecha Roja
Cosecha Roja

Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

Sin comentarios

Responder

Su dirección de email no será publicada