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Un grupo de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) entró al Pabellón 16 del penal de Magdalena el 16 de octubre de 2005 por una discusión entre dos internos: les dispararon balas de goma a quemarropa, los golpearon, los obligaron a tirarse al piso y les lanzaron los perros encima. En el fondo se inició un foco de incendio. Los penitenciarios retrocedieron y cerraron con candado: 33 presos murieron quemados y asfixiados. A doce años de la masacre, las condiciones de detención se agravaron: aumentó el hacinamiento, la superpoblación y las denuncias por torturas y malos tratos.

Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, el penal de Magdalena es la unidad de detención con mayor superpoblación de la provincia. “Se necesitarían tres unidades 28 para alojar a todos los detenidos que hoy entran en una”, explica el documento presentado hoy, en el que también se detallan las responsabilidades estatales en la masacre y se reconstruye el avance del juicio que comenzó este año y que tiene en el banquillo a 17 policías acusados de los delitos de “homicidio culposo” y “abandono de persona seguido de muerte”.

1.

Entre 2005 y 2017, la población carcelaria en todo el Servicio Penitenciario Bonaerense aumentó un 61 por ciento. En el mismo período, en la Unidad Penal 28 de Magdalena creció un 102 por ciento.

2.

Actualmente, el 35% de los detenidos en la UP 28 están penados y el 65% procesados. Es decir que aloja a 780 personas cuya culpabilidad aún no ha sido probada o confirmada por la justicia.

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3.

La UP 28 es la más sobrepoblada de todo el Servicio Penitenciario Bonaerense. En 2015 tenía un 206 por ciento de superpoblación. En 2016, de 223 por ciento y este año creció a un 234 por ciento. “Se necesitarían tres unidades 28 para alojar a todos los detenidos que hoy entran en una”.

4.

Entre 2006 y 2017, en el penal de Magdalena murieron 20 personas.

5.

Entre enero de 2014 y septiembre de 2017, la CPM realizó 777 entrevistas con personas detenidos o familiares, quienes denunciaron 2015 hechos que implicaban agravamientos en las condiciones de detención.

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6.

En octubre de 2015, al cumplirse diez años de la masacre, el Comité contra la Tortura de la CPM realizó una inspección a la UP 28 y relevaron torturas de distinto tipo: aislamiento de hasta 30 días continuos sin acceso a duchas, patio u otros espacios fuera de la celda, golpizas por parte de los agentes del Servicio Penitenciario, requisas personales selectivas y violentas, robos de pertenencias, falta de atención sanitaria.

El Comité contra la Tortura también tomó nota de las pésimas condiciones de detención de los internos: alimentación deficiente, cloacas tapadas y rebalsadas de excremento, celdas sin ventanas y con rejas tapadas con un chapón de hierro que impedía el ingreso de luz natural, puertas manchadas de hollín, producto de incendios, conexiones eléctricas en mal estado y cables con conexiones caseras atravesando el pasillo del pabellón. En algunas celdas también detectaron que había “pulmones”, huecos que comunican con otras celdas por donde pueden pasar los detenidos para atacar o robarle a otros internos.