Después de una pelea familiar, Alejandro Salvatierra salió de su casa y se subió al auto que todavía no había terminado de pagar. Esa noche no iba a volver. Manejó esquivando los pozos del asfalto de las calles de Ciudad Oculta. Fue a lo de “La Peti”, su nuera. Estaba seguro de que ella le iba a prestar los cinco mil pesos que necesitaba. Un auto con luces azules le hizo señas, él frenó de inmediato. Eran las dos de la mañana cuando la policía lo detuvo. Además del dinero, le secuestraron una cantidad mínima para consumo personal: nueve gramos de marihuana y tres de cocaína. Pitu -militante social de la zona sur porteña- había recaído una vez más. Desde ese 21 de junio está preso, acusado de “tenencia simple”. El juez Claudio Bonadio negó la excarcelación que pidió su defensa.
Los agentes de la Federal dijeron que el militante kirchnerista se puso nervioso cuando los vio, que hacía “maniobras” con el auto porque intentaba escapar de ellos. Esa fue la única excusa para acusarlo de dealer. “Hacía varias cuadras que me venían siguiendo. Vieron cuando estacioné en la casa de mi nuera y cómo ella me dio la plata”, declaró Alejandro. Según el artículo 14 de la Ley 23.737, el delito por el que lo imputaron es excarcelable. Es decir, que el juez contradijo el Código Penal al insistir que siga tras las rejas.
Después de pasar cinco años en la cárcel por liderar una banda que asaltaba bancos, Pitu logró rehabilitarse. Lo único que le quedó de aquel tiempo fue la cicatriz de un tiro en la pierna que le duele de vez en cuando. Terminó la secundaria y sus vecinos lo eligieron como un referente barrial. Pero nunca pudo alejarse del todo de sus adicciones. En una lucha contra él mismo, volvió a consumir después de estar dos años limpio. La Constitución Nacional lo ampara en el artículo 19: las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados.
La noche del 21 consiguió la cocaína en una de las esquinas. En febrero, un allanamiento puso en alerta a los distribuidores de la villa 15: ya no vendían en puntos fijos, sino que recaudaban en las calles. “A los pibes les dan bolsas con 20 kilos de droga. Se aprovechan de ellos”, dijo Pitu ante el juez. Luego de detenerlo, la policía encontró paquetes vacíos de estupefacientes en su casa, lo que indica que realmente es adicto y que no estaba vendiendo como ellos decían. Reconoció su enfermedad ante los medios de comunicación: comenzó a drogarse a los 14.
El militante intentó recuperarse en varias oportunidades. Se trató en la SEDRONAR y, en 2013, buscó ayuda en la ex CENARESO por consumo problemático de sustancias psicoactivas. Estuvo bajo tratamiento psicológico debido a sus recaídas. Aún teniendo conocimiento de su condición, la justicia lo trató como un criminal. El artículo 4 de la Ley 26.657 de Salud Mental explicita que las adicciones, como la de Pitu, deben ser abordadas como parte integral de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías en su relación con los servicios de salud.
En el merendero comunitario de la manzana 26 bis casa 12 de la Villa 15 funciona “La Jauretche”, la agrupación política que fundó Alejandro Salvatierra en 2010. El trabajo solidario que realiza no termina allí. También coordina el Salón de Usos Múltiples, un espacio en el que funciona un comedor, un vacunatorio y una salita médica. Se da apoyo escolar y hay talleres de formación profesional y actividades culturales para todos los vecinos. Con 35 años, es responsable político del “Frente de Villas Padre Mugica”, que integra a todas las organizaciones políticas villeras de la Ciudad de Buenos Aires.
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