Polémica en México por el uso de las fosas comunes

Proceso.-

Decenas de organizaciones civiles pidieron al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, que no envíe a la fosa común los 49 cuerpos mutilados encontrados en Cadereyta en mayo pasado.

Mediante una carta fechada ayer, los abajo firmantes manifestaron su preocupación por el fallo en las investigaciones para identificar a las víctimas mortales abandonadas en el poblado San Juan, de ese municipio ubicado a 40 kilómetros al oriente de la capital.

Los activistas denunciaron que el gobierno del estado pretende sepultar en la fosa común los restos de las 49 personas descuartizadas, debido a que la investigación de identificación no dio resultados positivos.

Lamentaron que el gobierno del estado desoyera a las organizaciones civiles cuando presentaron propuestas de colaboración para apoyar la identificación de los restos dejados a un costado de la Carretera a Reynosa.

Recordaron que en la masacre de San Fernando, Tamaulipas –en abril de 2011–, donde 72 personas fueron asesinadas, 13 de ellas fueron enviadas a la fosa común. El mismo destino tuvieron 80 cadáveres de los 193 encontrados en fosas clandestinas de esa misma localidad, afirmaron.

“Nos oponemos a que el gobierno de Nuevo León y el gobierno federal envíen a fosas comunes los 49 restos de Cadereyta hasta que no se hayan realizado todas las acciones forenses tendientes a su identificación, tales cómo contar con listados completos de personas que tengan casos de desaparecidos cuyos restos puedan estar entre los de Cadereyta, incluidos casos de México y Centroamérica”, señalaron.

Asimismo, pidieron que se entregue información genética a expertos forenses independientes de Centro y Sudamérica que realizan labores de investigación de conjunto con organizaciones que trabajan con víctimas de la violencia y los familiares de las mismas.

Demandaron, también acelerar las investigaciones y que sean publicadas las conclusiones; además, que la Procuraduría de Nuevo León haga pública la manera en que se coordina con otras procuradurías y organizaciones civiles de otros países de Centroamérica para identificar los despojos hallados en Cadereyta.

Pidieron que no terminen las investigaciones hasta que sean identificados los cuerpos, se garantice la reparación del daño a los deudos y no se repitan los hechos.

Asimismo, que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación cumplan su palabra de aceptar el auxilio de expertos independientes, como se ha acordado en “múltiples mesas” de negociación en las que los activistas han participado con autoridades federales.

Los firmantes pidieron una respuesta de la autoridad basados en los artículos 1 y 8 de la Constitución Mexicana.
Concluyeron con un mensaje a Medina: “En virtud de los cargos que usted desempeña como gobernador del estado de Nuevo León, le recordamos su obligación legal e internacional de velar por la vigencia del derecho a la verdad y a la justicia para las víctimas, contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y dar solución a la situación de violencia que se vive en el Estado de Nuevo León, en la que miles de inocentes, nacionales y extranjeros han sido privados del derecho a la vida.”.

Entre las organizaciones firmantes están Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; Centro de Derechos Humanos del Migrante, A.C., de Ciudad Juárez, Chihuahua; Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, Fonamih; el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, A.C. (Inedim), del Distrito Federal; Voces Mesoamericanas, de Chiapas; Red de Mujeres del Bajío; Fundar Centro de Análisis e Investigación, México, Distrito Federa; y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), entre decenas de otras.

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