Por Santiago Valenzuela*
Con las fuerzas militares acuarteladas y listas para salir a las calles y con un decreto que faculta a los alcaldes del país a declarar toque de queda, el presidente Iván Duque espera controlar el paro de hoy, uno que promete ser histórico. Y puede que lo sea: están unidos sindicatos, estudiantes, profesores, campesinos, comunidades étnicas, organizaciones defensoras del Acuerdo de paz, celebridades e incluso la Iglesia.
Estas medidas de seguridad han generado un ambiente de zozobra y desconfianza hacia el gobierno de Iván Duque, quien por cierto goza de una popularidad del 31%, según la última encuesta de Gallup. Esta popularidad ha seguido desplomándose por hechos concretos, como el bombardeo del Ejército en Caquetá en el que murieron por lo menos 8 menores y al cual Duque respondió con la frase: “¿De qué me hablas, viejo?”.
El bombardeo, que ocurrió en agosto, fue un punto de quiebre: el gobierno nunca informó que había menores de edad en el campamento de las disidencias que bombardeó y hasta el día de hoy sigue insistiendo que fue una operación “legítima”, acorde “con el Derecho Internacional Humanitario”. La desconexión de Duque con reclamos determinados de la sociedad civil es evidente: el presidente tampoco ha implementado medidas concretas para proteger a los excombatientes de las Farc — han asesinado a 123 desde que comenzó a implementarse el Acuerdo de Paz, según la ONU.
Las elecciones regionales lo demostraron: el uribismo no tiene la misma fuerza que tuvo hace una década, y de hecho las alcaldías de las principales capitales quedaron en manos de otros partidos políticos que no son afines a Iván Duque. Existe, además, una necesidad de desahogo colectivo por temas puntuales como el desempleo, que ascendió en septiembre al 10,2% (0,7% más que hace un año), los asesinatos de líderes sociales y el descontento con todos los errores que ha cometido el ministerio de Defensa en el gobierno Duque. Uno de ellos, y que le ha salido caro, es el de estigmatizar la protesta social.
El paro de hoy ha ido creciendo. A comienzos de octubre, las centrales obreras del país propusieron una movilización nacional para frenar algunas reformas que estaban sonando en su momento, como la laboral o la pensional. Más adelante se unieron movimientos de mujeres, de indígenas y afro y después de estudiantes. El uribismo dijo que el paro tenía que ver con un plan internacional que busca desestabilizar las democracias en América Latina, hipótesis que ha causado malestar y le ha dado más fuerza a la marcha que viene y que, por supuesto, tiene como antesala las protestas en Chile, Ecuador y Bolivia.
En Whastapp y otras redes sociales ha circulado una suerte de volante que dice “contra el paquetazo de Duque, la OCDE y el FMI, por la vida y la paz”. Tiene varios puntos para convocar a la gente a marchar. Algunos, dice Duque, no tienen sustento en la realidad. Acá el análisis punto por punto. En este artículo les contamos lo que encontramos.
1.
Lo que dice el volante
El primer bloque dice lo siguiente: contra “el 75% del salario mínimo para los jóvenes, el salario diferencial por regiones, la contratación por horas y la eliminación del salario mínimo”.
Lo que está pasando
La idea de que a los jóvenes menores de 25 años se les pueda pagar el 75% del salario mínimo la propuso la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Sin embargo, en los últimos días, con el paro cerca, Duque habló en la prensa y dijo públicamente que rechaza esa propuesta. Lo mismo sucedió con la propuesta de Fedesarollo sobre establecer un salario mínimo diferencial por regiones, teniendo en cuenta los costos de vida en los diferentes departamentos. El gobierno dijo que esta es apenas una propuesta y que ni siquiera ha pasado por una fase de evaluación.
La propuesta de contratar por horas la hizo Fenalco y el senador Álvaro Uribe busca convertirla en Ley. En octubre, el expresidente presentó un proyecto de ley para “reducir la jornada ordinaria de trabajo” y “reglamentar el trabajo a tiempo parcial”. Esta propuesta, en efecto, busca reducir las jornadas laborales y facultaría a los empresarios para que puedan contratar laboralmente “a tiempo parcial” a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. Sobre este tema, el gobierno no ha sido claro. Hasta el momento, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo que no estaba de acuerdo con la idea y también señaló que no habrá una eliminación del salario mínimo ni una reducción.
Pese a que el gobierno le ha filtrado a la prensa borradores de reforma, cuando las reacciones ciudadanas son adversas, desmienten la información. Por eso, la ministra de Trabajo dijo que todo lo que se reforme en el sistema laboral “será concertado”.
2.
Lo que dice el volante
En contra de la “eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores”, de “convertir a Colpensiones en un fondo privado” y de las “pensiones por debajo del salario mínimo”.
Lo que está pasando
Sobre el primer punto, actualmente no hay alguna reforma para eliminar la pensión como derecho de los trabajadores. Lo que sí existe la intención para eliminar el régimen de prima media y aumentar la tasa de cotización de forma gradual. Según el Ministerio de Hacienda, no se tocará la edad para pensionarse y la idea es que aumenten los pagos mensuales para los cotizantes incrementando, a su vez, los aportes en pensión. Con la reforma Colpensiones no desaparecería pero pasaría a operar como los fondos privados, es decir, en el régimen de ahorro individual. Con la reforma, eso sí, se eliminarían los subsidios del Estado, que destina cerca de 40 billones de pesos al año para financiar las pensiones. La idea sería establecer un sistema único pensional y eliminar los subsidios para las personas de estratos altos.
3.
Lo que dice el volante
Contra el “holding financiero y la eliminación del control directo del Estado sobre los dineros de empresas financieras estatales” y contra “la masacre laboral en entidades financieras del estado”.
Lo que está pasando
En el Plan de Desarrollo de Duque sí aparece la posibilidad de fusionar entidades financieras del Estado, como Colpensiones y el Fondo Nacional del Ahorro. El control del Estado sobre esas entidades está en vilo y, en efecto, los cambios podrían generar despidos masivos. La respuesta del gobierno es que con la reforma busca mejorar la administración de recursos y ahorrar cerca de 7,2 billones de pesos.
En teoría, el gobierno busca priorizar las inversiones que tiene. Actualmente, según cifras del mismo gobierno, el Estado tiene una inversión de 78 billones de pesos en 105 empresas. Sin embargo, algunas no le darían la rentabilidad esperada, como Electrohuila o Emsa, por lo cual se harían ajustes y se podría disminuir la participación estatal en esas emrpesas.
4.
Lo que dice el volante
En contra de la privatización de “Ecopetrol, ISA, CENIT, electrificadoras regionales y nacionales y de todas las empresas en las que el Estado sea propietario de menos del 50% de las acciones”
Lo que está pasando
Como lo explicamos en el punto anterior, el gobierno tiene acciones en más de 100 empresas. Se puede hablar desde Ecopetrol hasta centrales de abasto y mercado o terminales de transporte. Con el paro cerca, el gobierno ha comenzado a retractarse. Y aunque no ha especificado qué va a pasar con las pequeñas empresas y algunas electrificadoras, dijo que Ecopetrol, ISA y CENIT no serán tocadas. Las acciones se mantendrán, dijeron.
5.
Lo que dice el volante
En contra de “restringir al máximo el derecho a la protesta” y de la “criminalización y estigmatización de la protesta social”.
Lo que está pasando
El saliente ministro de Defensa, Guillermo Botero, lo dijo hace más de un año: “Grupos armados financian la protesta social” y propuso regularla. Duque tuvo que desmarcarse de estas declaraciones y decir que la protesta pacífica era un derecho democrático, etc. Después, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, dijo que era urgente regular la protesta, pues según ella había encapuchados de Venezuela infiltrados en las manifestaciones. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo en septiembre pasado que en el gobierno estaban trabajando en una ley estatutaria para regular la protesta social, estableciendo nuevos límites ante los “hechos de vandalismo”.
Reforma tributaria, Acuerdos de Paz, estudiantes, agro….
La lista de reclamos del paro es larga. Las organizaciones están pidiendo que el gobierno cumpla con los acuerdos a los que llegaron con los profesores y los estudiantes en paros anteriores. Lo mismo las comunidades indígenas y campesinas. Con los estudiantes, por ejemplo, el gobierno se comprometió a invertir 4,5 billones de pesos para financiar la educación superior. No obstante, los estudiantes señalan que no se ha cumplido con la financiación para otras entidades como Colciencias. También rechazaron un artículo del presupuesto general que señalaba que las universidades públicas tendrán que pagar sentencias judiciales, lo que les quitaría recursos. Duque, en estos días, dijo que quitarían ese artículo del Plan.
Con el Acuerdo de Paz las inconformidades están en varios puntos: desde la ausencia de protección a líderes sociales (249 han sido asesinados desde diciembre de 2016), tanto como los retrasos en la implementación de la Reforma Rural Integral y las contradicciones en la ejecución del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). También, en la disminución de recursos para la paz en el presupuesto general de la Nación.
En relación a la reforma tributaria, el gobierno la volvió a presentar sin tener en cuenta las peticiones de la oposición sobre poner una tasa mayor a las grandes empresas. En dicha reforma todavía están los beneficios en impuestos para grandes empresas así como una tarifa alta de renta para las personas de ingresos altos y un impuesto a los dividendos.
*Esta nota fue publicada en el marco de la Beca Cosecha Roja y fue publicada también el ¡Pacifista!
