Presentan informe sobre el femicidio en México

protesta-feminicidiosAnimal Político.-

Esta semana fue presentado en la ciudad de México el estudio Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas (1985-2010), realizado a través de un esfuerzo conjunto entre la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios (CESF)– de la LXI Legislatura, en colaboración con ONU Mujeres –la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres– y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para analizar el fenómeno del feminicidio en México.

El propósito del reporte es ampliar la mirada en torno al contexto de violencia feminicida y analizar las tendencias en México, dando cuenta de las diversas formas que afectan la integridad, la libertad, la salud y la vida de las mujeres, de las cuales se presenta evidencia estadística en ámbitos desde la violencia perpetrada por la pareja, la que ocurre en el ámbito familiar y en el comunitario, hasta la violencia institucional y el homicidio y feminicidio.

El origen de la violencia contra las mujeres en México

La discriminación contra las mujeres y las niñas y la desigualdad de género tienen su expresión en los actos cotidianos que se cometen contra ellas, los cuales de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, son la más extendida violación de derechos humanos y traen graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, lo cual -señala el documento- “socava el desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades e impide el progreso hacia la justicia y la paz.”

En México, como ya se ha dicho en otros temas, el ambiente de impunidad, sumado a insensibilidad y ausencia en la rendición de cuentas por parte de un sector considerable de autoridades de impartición de justicia, “hace sinergia con la violencia y la discriminación sistemática hacia las mujeres”, la cual se deriva “de estructuras patriarcales y machistas todavía muy asentadas en prácticas, valores, normas y aun disposiciones jurídicas del país”, según afirma el reporte.

El estudio de ONU Mujeres afirma también que la violencia contra las mujeres se caracteriza por tres rasgos:

1) Su invisibilidad, producto de las pautas culturales que aún priman en nuestras sociedades, en las que la violencia intrafamiliar o de pareja y los abusos sexuales de conocidos, familiares o desconocidos, son concebidos ya sea como eventos del ámbito privado donde los demás -incluso las autoridades- no deben inmiscuirse.

2) Su “normalidad” es otro de los rasgos que la acompañan. La cultura patriarcal justifica o aún “autoriza” al varón para ejercer la violencia contra la mujer cuando su objetivo es “corregir” comportamientos que se salen de la norma, que no se adecuan a su rol esperado de madre, esposa y ama de casa. Dicha cultura justifica, asimismo, la potestad de cualquier varón para intervenir o controlar la vida de las mujeres o usar distintos tipos de violencia contra una mujer que “desafía” o transgrede las fronteras culturales del género.

3) Su impunidad, que es consecuencia de todo lo anterior, ya que si la violencia entre parejas o intrafamiliar es justificada como “natural” o como “asunto privado”, no puede ser juzgada como violación a ningún derecho y, por lo tanto, no es sancionable. También, a menudo es justificada en casos donde la violencia la ejerce un hombre desconocido sobre una mujer “transgresora.” De tal suerte que en el imaginario común de la población, y aun en gran parte de los operadores de la procuración de justicia, la violencia hacia las mujeres es sistemática, en tanto se ha producido y reproducido.

El reporte destaca que, a nivel mundial, la lucha contra la violencia hacia la mujer tiene un atraso considerable, pues no fue sino hasta 1993, cuando en una conferencia de Naciones Unidas se acuñó el término, sumando un contexto histórico en el que la mujer estuvo al menos dos siglos sin que se le reconocieran sus derechos en las primeras sociedades occidentales modernas en los siglos XVIII, XIX y parte del XX.

“La discriminación femenina es, pues, estructural a la constitución de las sociedades modernas y es sistemática en tanto se ha producido y reproducido a través de los siglos posteriores, mediante prácticas, valores y normas formales e informales, que conforman lo que hoy conocemos como sistema de género o régimen de género”, concluye el reporte.

Sólo la larga lista de luchas de las mujeres a nivel nacional e internacional logró, ya entrado el siglo XX, cambiar su situación y arrancar el reconocimiento internacional de que sus derechos civiles y políticos eran constantemente suprimidos y pisoteados por la violencia, que en diversos ámbitos y maneras se ejercía contra su cuerpo, sus libertades, su seguridad y su vida.

Cabe destacar el señalamiento que hace el texto al plantear el concepto de “Violencia Basada en el Género” para exhibir otras discriminaciones que no sólo coinciden con la violencia contra las mujeres al ser “transgresoras” del rol social atribuido e impuesto a ellas por siglos, sino que también se debe incluir en este tipo violencia las agresiones contra la diversidad de preferencias sexuales y de género, castigada por los mismos patrones culturales tradicionales contra los que se lucha.

Haciendo un balance sobre la situación actual en México en esta materia, el estudio de ONU Mujeres sobre la violencia contra la mujer afirma que a pesar de la difícil situación con alta incidencia en violaciones de derechos, la legislación mexicana ha sido pionera en la región en materia legislativa en el tema, con ejemplos como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

También se considera un avance fundamental la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que eleva a rango constitucional los derechos humanos que se derivan de los tratados internacionales suscritos por México. Otros avances recientes son las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos de feminicidio y de otras figuras jurídicas para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la impunidad, mientras que a nivel estatal, las 32 entidades federativas del país cuentan con una legislación específica sobre violencia contra las mujeres y 30 con un sistema de coordinación interinstitucional.

No obstante, a pesar de estos avances legales, la situación de las mujeres en México enfrenta un contexto de violencia en el que una de las principales problemáticas es la alta tasa de feminicidios en diversas entidades. El informe cita a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Sentencia del “Campo algodonero” (09-11-2009) ha reconocido que los asesinatos de mujeres generalmente son el acto culminante de una serie de vejaciones cruentas que ya han vulnerado previamente diversos derechos de las mujeres, e infringido agresiones como abusos verbales y físicos, tortura, esclavitud sexual, incesto y abuso sexual infantil, pasando por la agresión psicológica, el hostigamiento sexual, la violación, la privación de la libertad y otras, por lo que son el eslabón final de una cadena de abuso y terror contra las mujeres.”

Las estadísticas de la violencia contra la mujer (1985-2010)

El análisis de largo plazo sobre los feminicidios en México que aborda este estudio, permite observar el comportamiento de la violencia feminicida expresada en asesinatos de mujeres en el lapso de un cuarto de siglo (entre 1985 y 2010), un periodo de cambio de época, cargado de complejas transformaciones en el país.

El reporte destaca que, en el periodo estudiado, “confluyen tanto las generaciones de mexicanas y mexicanos que nacen, crecen se desarrollan y fallecen con el modelo del Estado desarrollista, como las que nacen en medio de la crisis de 1983 y sus posteriores crisis de recomposición. Hoy día las generaciones que nacieron en el decurso de esas décadas tienen menos de 30 años. Sus padres y madres, 50 o más.”

A todos y todas les tocó nacer, madurar, formar una familia y tratar de ganarse un lugar en un México difícil. Un país en plena crisis con elevadas tasas de inflación, programas de shock económico y ajuste financiero del Estado de los años ochenta. Un país que ampliaba aceleradamente los mercados y la competencia en los años noventa, con una economía concentradora de riqueza, activos e ingresos y un creciente número de pobres.

De acuerdo a una estadística de esos años, siete de cada diez niños o niñas que nacían en México llegaban a la vida en hogares pobres. Para inicios del presente siglo, la tasa de pobreza infantil en México alcanzaba 27%, la más alta de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El documento afirma que, actualmente, es imposible conocer el número de feminicidios que ocurren en el país, sin embargo, se postula que “es posible hacer un acercamiento al fenómeno a partir de las estadísticas del registro de defunciones, aunque éstas no permitan distinguir los denominados feminicidios del resto de muertes violentas de mujeres catalogadas como homicidios en los certificados de defunción.”

El reporte señala que con el homicidio como una categoría legal, idealmente se debería contar con “un sistema que conjugue aspectos médicos –la causa de la defunción y otros aspectos provenientes de la necropsia– con otros legales que surgen del proceso de procuración e impartición de justicia.” Desafortunadamente, se afirma, “tal sistema no existe aún; sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que el país dispone de diferentes fuentes de donde es posible obtener la información, aunque presentan problemas que pueden resultar en un registro deficiente de los homicidios de mujeres.”

Algunas de las cifras principales indican que, entre 1985 y 2010, el acumulado de defunciones femeninas con presunción de homicidio en la República Mexicana fue de 36 mil 606. Además, en 2010 (último dato disponible), ocurrieron en promedio 6.4 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día. Lo anterior provocó que la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de 2010 representa 106.2% de la de 2007, la cual fue la más baja del periodo de 1985 a 2010.

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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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