Provincia de Buenos Aires: Una comisaría es sede del crimen organizado

mauro medinaPor Fernando M. López- Agepeba.-

Walter Daniel Vera y Emanuel Germán Lopera, lo suboficiales de la Comisaría 11 de Remedios de Escalada, partido de Tres de Febrero, detenidos y desafectados de la Bonaerense por asesinar Mauro Medina, de 20 años, declararon en las últimas horas ante el fiscal de Instrucción de San Martín, Marcelo Segarra.

Los policías admitieron haber disparado “en distintas instancias” de la persecución en la que el joven terminó muerto de un tiro por la espalda, aunque los investigadores aún tratan de determinar las circunstancias del hecho y quién efectuó el disparo fatal.

Luego de la detención de ambos uniformados, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, decidió separarlos de la fuerza y, además, relevar al titular de la Seccional 11, Marcos Viltes. Pero lejos está Casal de haber terminado con el gatillo fácil y otras graves irregularidades que, como principal responsable de la seguridad bonaerense, no le pueden ser ajenas.

Vites es un incondicional del subcomisario Claudio “el Orejón” Brítez, su antecesor en la seccional hasta que fuera relevado del cargo y trasladado a la Comisaría 6 de Tres de Febrero.

“El Orejón” Brítez es conocido por su participación en la investigación del Caso Candela. Fue señalado en la causa por el padre de la niña, Alfredo “Juancho” Rodríguez, como “narcopolicía” de San Martín, vinculándolo a la desaparición de su hija.

En el informe final de la Comisión Candela del Senado bonaerense se advierte la participación de Brítez en lo que se denominó “La Batalla de las 300 balas”, un enfrentamiento armado entre bandas en la Villa 9 de Julio en el año 2009. Allí, uno de los narcos involucrados en la  pelea por el territorio sería su hermano, “Cartucho” Brítez, signado como “mano derecha” de uno de los cabecillas de esos grupos rivales.

En el Informe Candela se recomendó su exoneración, junto al jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, y otros treinta policías, pero Brítez sigue firme en la fuerza y controlando “todos los negocios” de la Comisaría 11 de Remedios de Escalada, según había asegurado una fuente a esta agencia en enero pasado, cuando masacraron a tres jóvenes en el barrio Villa París de Tres de Febrero.

Los familiares de las víctimas y vecinos del barrio denunciaron en ese momento que la seccional había estado involucrada directa o indirectamente en la masacre, al sostener que el crimen de Alexis Bracamonte (17), Lucas Díaz (18) y Fernando Bravo (16) fue un ajuste de cuentas por una moto robada que estaba destinada a la policía.

Tras el asesinato Bracamonte, Díaz y Bravo, el defensor oficial de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de ese distrito para que se investigaran los posibles delitos instigados desde la Comisaría 11.

En su presentación, Casolati enumeró una serie de ilícitos cometidos por agentes de esa dependencia: venta directa o indirecta a terceros de motocicletas secuestradas y objetos robados durante allanamientos, extorsión a familiares de menores demorados por consumo personal de drogas, cohechos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias sin dar aviso a las autoridades judiciales, entre otros.

El defensor oficial, que recolectó varios testimonios de víctimas de la corrupción policial, concluyó que “está claro que la existencia de una matriz delictiva perpetrada por la fuerza policial y los agentes que componen las líneas bajas y medias de responsabilidades de Tres de Febrero 11 (Remedios de Escalada), sólo es posible de ser ejecutada y sostenida en el tiempo con la anuencia y la participación activa u omisiva de las autoridades principales de la Comisaría”.

“Este de actuación que se viene reiterando desde hace tiempo y se mantiene pese a los recambios de autoridades que se han venido realizando durante los últimos meses”, agregó ante la titular de Fiscalía 9 de San Martín, Diana Mayco.

La Comisaría 11 es relativamente nueva. Fue inaugurada por el gobernador Daniel Scioli y el ministro Ricardo Casal el 20 de septiembre de 2011, en las calles Presidente Perón y Diagonal Toledo, dejando al frene al subcomisario Brítez.

Al referirse al caso de gatillo fácil que terminó con la vida de Mauro Medina, el diputado nacional Leonardo Grosso, impulsor de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, consideró que “policía bonaerense está descontrolada y no tiene conducción política”.

“Scioli, a través de Casal, ha elegido el camino del autogobierno, tratándola como una corporación con privilegios. Esto es algo que el ministro Casal ha fomentado durante toda su gestión desde el primer día y esto produce una violencia generalizada”, dijo ayer el legislador a radio La Tribu.

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