Los curas Horacio Corbacho (59) y Aníbal Crivelli (83), del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, fueron sentenciados a 45 y 42 años de cárcel, respectivamente, por abuso sexual.
Corbacho fue condenado por abuso simple y con acceso carnal agravados por su rol de encargado de sus víctimas y por ser ministro de culto. Corradi por haber sido autor y coautor de los hechos.
Además, el jardinero Armando Gómez (57) fue sentenciado a 18 años de prisión. El fiscal Alejandro Iturbide tuvo en cuenta atenuantes como que es una persona analfabeta e influenciable. Durante los alegatos había pedido 45 años para Gómez.
El número de abusos espanta y habla de una sistematización perversa: el juicio tuvo 28 casos. Los imputados fueron acusados por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores”.
La mayor parte de la instrucción estuvo a cargo del fiscal Gustavo Stroppiana, que imputó a Corbacho por 16 hechos de abuso, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gómez por seis hechos de abuso sexual a cada uno. Otra de las acusaciones formales restantes es por corrupción de menores: obligarlos a ver videos y revistas porno.
El monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, fue el primer condenado por los abusos del Próvolo: confesó en septiembre del año pasado durante un juicio abreviado ser autor de 11 abusos y deberá cumplir diez años de prisión. En la causa ya fue sobreseído y declarado “inimputable” por el Cuerpo Médico Forense Luis Ojeda, de 41 años.
Todas las denuncias contra los curas y contra los empleados del Próvolo provienen de ex alumnos del instituto, quienes dijeron haber tenido entre 5 y 16 años al momento en que se produjeron los ataques. El Arzobispado, que se había mantenido en silencio durante el proceso, difundió el día del comienzo del juicio un comunicado:
“La Iglesia de Mendoza toda quiere transmitir, una vez más, su solidaridad y cercanía a quienes han denunciado haber sufrido las más aberrantes vejaciones. Lo que han relatado estas personas ha horrorizado, y con razón, a toda la sociedad mendocina. Así lo hemos experimentado en nuestras comunidades cristianas. Los pastores, los consagrados y los laicos de esta Iglesia diocesana nos hemos sentido desconcertados y dolidos ante estos hechos. Creemos que la acción de la justicia es imprescindible para esclarecerlos, establecer las responsabilidades y las sanciones que correspondan.
Por esta razón hemos procurado que nuestros pronunciamientos respecto de la causa y los hechos que se investigan sean respetuosos de los procedimientos y tiempos de la justicia de Mendoza. Como parte de este pueblo mendocino, queremos verdad y justicia, y ponemos en las manos del Dios, ‘fuente de toda razón y justicia’, el trabajo de quienes tienen la tarea de impartirla”.
Durante el juicio las escalinatas de los tribunales estuvieron colmadas de manifestantes, en su mayoría del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, que el primer día del proceso leyeron un comunicado en apoyo a las personas dañadas por la maquinaria de abusos de esta Institución:
“Observamos cómo la Iglesia Católica ha sostenido económicamente la defensa de los acusados. La no entrega de los resultados de la investigación canónica de los enviados del Vaticano, Dante Simón y Alberto Bochatey, es una clara muestra de ocultamiento y burla hacia el sistema judicial y la sociedad en su conjunto”.
Los tres acusados se negaron a declarar y a dar sus últimas palabras al ingresar a la sala de audiencias.
