Reabren la causa por la muerte en España del okupa argentino

Cosecha Roja.-

La causa que investiga la muerte del okupa argentino Juan Pablo Torroija en España fue reabierta. El 2 de agosto la jueza Gemma Garcés, del Tribunal Superior Nº 4 de Girona, había determinado que se trató de un suicidio en la comisaría, pero los familiares pidieron ampliar la investigación. Ana Sol, la hermana de Juan Pablo, contó que “el Superior Tribunal de Justicia estimó que la apelación tenia elementos sobre el comportamiento de la policía de Girona y ordenó que abría nuevamente la causa para que se investigue, aceptando elementos probatorios de nuestra parte”.

Juan Pablo Torroija vivía en España desde hacía siete años. Había ido allí siguiendo a su mujer de entonces, Jazmín. Se vinculó al movimiento okupa hasta que, con el estallido de la protesta de los Indignados, el ambiente se enrareció y decidió mudarse de Barcelona a Girona.

El 11 de julio, Juan Pablo fue detenido junto con Mauro Zorzín. Los acusaban de intentar robar un vehículo. El protocolo policial indica que le debían tomar los datos, recoger sus firmas y que el juez los llamaría a declarar. Sucedió otra cosa. La policía golpeó a Torroija en la cabeza, los brazos y las costillas y se lo llevó detenido junto a Zorzín. Según este último, ambos fueron a dependencias policiales distintas, aunque en la causa figura que estuvieron en celdas contiguas.

La policía dijo que Juan Pablo no opuso resistencia en la detención ni en el traslado a la comisaría, versión que aceptó la jueza de Girona. En un video captado por una cámara de seguridad y usado como prueba en la causa, se puede ver que entra visiblemente alterado a la comisaría y reclamando por algo. Si bien el protocolo indicaba que se debió extraer una muestra de sangre del detenido, esto no sucedió. Un análisis de sangre habría demostrado si estaba bajo el efecto de alguna sustancia. De ser así, debió haber sido hospitalizado y no trasladado a una celda.

La cárcel en la que mantuvieron a Juan Pablo hasta la noche tiene varias cámaras de seguridad. Lo que pide la familia es conocer su ubicación en el plano de la comisaría y que se utilicen todas como prueba, ya que en la que se usó en la causa se lo ve a Juan Pablo hablando con alguien que no aparece en cuadro. Según la policía, esta persona es Mauro Zorzín, que en realidad estaba detenido en otro establecimiento. Florencia Mazzadi, amiga de la familia Torroija, dice que “no podemos saber con quién hablaba ni qué le decía. En el video, Juan Pablo está muy alterado. No sabemos si lo amenazaron, qué le dijeron, nada”. Torroija estaba bien identificado por la policía de Girona como miembro del movimiento okupa y por residir en la casa de un reconocido abogado de la ciudad.

Según la policía, en el video puede verse cómo el argentino intenta ahorcarse con su camisa. La familia dice que los policías no le quitaron esa camisa de la celda, por lo que, luego de un primer intento, el suicidio habría sido exitoso. En la causa dice, por otra parte, que Juan Pablo estuvo sin custodia por lo menos 43 minutos. La familia pide saber también quién estaba presente en la sala de monitores, ya que, al parecer, esta persona se fue por un instante y, al volver, Juan Pablo ya agonizaba. Luego del hecho, fue trasladado al hospital por la madrugada, donde murió el 14 de julio. La familia pide se les tome declaración al servicio de emergencias que lo trasladó.

Luego de la muerte, el cuerpo fue llevado a la morgue. Allí se hizo la autopsia. Ésta concluyó que el cuerpo de Torroija era el de un hombre de 63 años cuando éste tenía 41, y que la muerte se debió a un “traumatismo por intento de asfixia, generando un estado clínico que concluyó en paro cardio-respiratorio”. La familia pide que se amplíe la autopsia por la poca información que ésta da y por los evidentes errores que tiene.

Según Jordi Navarro, concejal de Girona, poco después de la muerte de Juan Pablo, el Ayuntamiento dio aviso a todas las divisiones municipales. La familia Torroija se enteró del hecho dos semanas después. El concejal cree que la situación descolocó al gobierno del Ayuntamiento y que éste tuvo miedo de haber cometido algún error que pudiera terminar en un escándalo internacional. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de Derechos Humanos argentino, espera la confirmación de Cancillería para ingresar como querellante a la causa.

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