RIBA: para la defensa, los crímenes de la dictadura prescribieron

Los abogados hicieron una fuerte defensa política de los tres aeronáuticos acusados -Graffigna, Trillo y Gómez- y pidieron la prescripción de la causa. Hablaron de “carnicería jurídica”, de “terroristas”, “guerra” y “supuestos damnificados”. La sentencia se conocerá el 8 de septiembre.

imputados 1 RIBA

A lo largo de un juicio, la sala de audiencias -en este caso, la del Oral Federal N° 5 de San Martín- se transforma en una suerte de túnel del tiempo, que con idas y vueltas busca reconstruir el periplo de las víctimas. En la última audiencia del proceso que investiga la privación de la libertad de Patricia Roisinblit y José Pérez Rojo, los alegatos de los defensores de los tres acusados transportaron a los presentes no a las desventuras de los dos jóvenes desaparecidos desde 1978, sino a una visión del mundo con profundos lazos con el pasado. Pero también, con resonancias del presente que explican por qué el movimiento de Derechos Humanos se mantiene en alerta cuando se habla de justicia, crímenes de lesa humanidad y políticas de estado.

Los tres aeronáuticos acusados son Omar Graffigna (en 1978, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea), Luis Trillo (a cargo de la Regional Inteligencia de Buenos Aires de Morón, donde se supone estuvieron las víctimas) y Francisco Gómez (agente civil de inteligencia y apropiador del hijo que Roisinblit parió en la ESMA). Ayer sus defensores no hablaron de terrorismo de Estado ni se explayaron demasiado en las razones de su inocencia. En cambio, hablaron de “guerra”, “terroristas”, “supuestos damnificados” y de “carnicería jurídica”.

Guillermo Miari (defensor de Graffigna y Trillo) y Sergio Díaz Dalaglio (Gómez) son abogados particulares. Hicieron una defensa política de sus clientes y pidieron a los jueces que los absuelvan porque los supuestos crímenes, según ellos, prescribieron. En caso de condenarlos, pidieron que cumplan la pena en prisión domiciliaria.

El derecho a defensa incluyó desacreditar a los testigos por haber balbuceado o repetido datos al declarar sobre hechos traumáticos, como si recordar haber asistido al parto en cautiverio de una de las víctimas, Patricia, siendo también una secuestrada, fuera algo que se debe enunciar sin repetir y sin soplar.

Contra el fallo Arancibia Clavel

Cuando Miari empezó su alegato apelando a “volver a respetar los mandatos de la Constitución Nacional”, quedó claro hacia dónde apuntaría. Dijo que la ley que declaró la nulidad del Punto Final y la Obediencia debida (sancionada por senadores y diputados en 2003) es inconstitucional; que el Congreso “efectuó una declaración política con su sanción”.

Después se dedicó a criticar uno de los fallos más famosos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el que a partir del caso Arancibia Clavel (ocurrido en 1974), declaró en 2004 la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa. La Corte dijo que se puede juzgar un crimen, aunque hayan pasado 30 años (con votos de Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano). Los argumentos de los supremos que votaron en disidencia -Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Adolfo Vázquez- fueron citados ayer por el defensor de Graffigna y Trillo. Dijo que “violenta el debido proceso”, porque según él, los hechos ocurrieron en 1978, aún no había sido declarada esa imprescriptibilidad y “estaba vigente la constitución de 1853”.

Entre el público que asistió a la audiencia, una mujer hablaba consigo misma en voz baja:

– ¡Qué cara! ¿Por qué no los juzgaron a Patricia y a José si eran tan constitucionalistas?

– Si no estuviera acá, no te lo creo, decía otra.

La definición de crímenes de lesa: “Imprecisa”

Miari también cuestionó la definición de crímenes de lesa del tribunal de Núremberg. Acuñada en 1945, define como tales el «asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra». Miari dijo que esa definición era “imprecisa”.  

Más adelante, citó el Juicio a las Juntas, recordó que los procedimientos se rigieron por el Código de Justicia Militar, y que Graffigna fue juzgado y absuelto. Criticó duramente que “treinta años después, se vuelva a juzgarlo apelando a oscuras armas del derecho consuetudinario, como sucede en este caso”.

Entre el público estaba María Ester Cervino, de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de San Martín, que escuchaba por primera vez un alegato de la defensa. “Por momentos me llena de profunda indignación, por momentos de tristeza porque me remite a lo sucedido. Pero tengo esperanza de que se haga justicia en la sentencia”, dijo a Cosecha Roja.

“La política de perseguir a gerontes”

“¿Cuáles fueron las políticas de Estado de los gobiernos constitucionales y sus consecuencias sobre mis clientes?”, dijo Miari antes de repasarlas. Empezó con Perón, siguió con Cámpora, luego con Alfonsín, Menem (“Indultó a terroristas por hechos en esa guerra”) y De la Rúa, y terminó con Kirchner. “A 40 años de ocurridos los hechos, sumado a la edad que tienen los acusados, implica violar groseramente sus garantías. La demora de 40 años es responsabilidad del Estado, mis defendidos en todo este tiempo han estado a disposición de la justicia, aunque ahora se disfrace de política de estado, como dicen los carteles que la Corte Suprema ha hecho colocar en los tribunales”.  

Para el defensor, la política zigzagueante del Estado había sido no juzgar, juzgar e indultar, “persiguiendo a gerontes, con perdón de mis clientes”.  Habló de las indemnizaciones a “supuestos damnificados”, de “un pseudo pacto Kirchner-Verbitsky”, de “una carnicería jurídica e inhumana”. “Pero todo esto está muy bien explicado en este libro”, dijo.

El defensor tenía sobre su escritorio varios libros, entre ellos, gruesos tomos de La Sentencia. Y estaba también “Asalto a la Justicia” (Sudamericana), escrito por Adolfo Vázquez. Miari citó al autor como “un testigo calificado”. Vázquez integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1995 y fue el último menemista en abandonarla: renunció el 1 de septiembre de 2004, el día que la Comisión de Juicio Político de Diputados lo iba a acusar ante el Senado por presunto mal desempeño.

Ante el tribunal, Miari ofreció el libro publicado en 2016: “Vengo a denunciar un hecho nuevo”, dijo, y luego leyó fragmentos textuales, como una anécdota del autor con Néstor Kirchner. Fue la primera y única vez que el presidente del tribunal, Alfredo Ruiz Paz, lo interrumpió:

– Doctor, creo que esto que está leyendo no hace al alegato. Nos ahorramos de comprar el libro, pero…

– Me falta una sola página.

– Trate de sintetizar.

“Podrían haber pedido ayuda”

Miari siguió hablando del “insólito vuelco de la Corte Suprema en Derechos Humanos”. Y finalmente, pasó a las pruebas. Desacreditó los testimonios de las sobrevivientes de la ESMA que  compartieron los días de cautiverio de Patricia Roisinblit cuando la trasladaron a parir. Dijo que tienen una animosidad “obvia” contra los militares porque fueron víctimas en la ESMA. “Una de ellas balbuceaba, repetía cosas y no se la notaba emocionada”, dijo. Incluso cuestionó que las querellas no hubieran presentado como testigos a otras personas que estuvieron en la ESMA como Alfredo Astiz o al médico Jorge Magnacco (que atendió el parto de Roisinblit y fue condenado).

Ford Falcon modelo 83

El abogado también se refirió al arquitecto de Memoria Abierta que participó de la inspección ocular a la casona de Morón donde funcionó la RIBA y donde se cree que estuvieron cautivas las víctimas: “¡Todo el tiempo hablando de compartimentos estancos, amurallados, de víctimas!”, se indignó. Y dijo que, aunque según él no se pudo comprobar dónde estuvieron, si hubiera sido allí: “Podrían haber pedido ayuda gritando por esas ventanas”.

Por último, y ante la eventualidad de una condena, Miari formuló otra pregunta retórica: “¿Qué sentido tiene una pena de prisión efectiva después de tantos años?”.  Graffigna tiene 90 y Trillo (a quien se le revocó la prisión domiciliaria en la audiencia anterior por transgredirla paseando a su perro) 75. “Esta causa ha sido novelada como una historia negra para acusar a mis defendidos”, dijo. Y luego describió a Graffigna como “un dictador pobre”, con derecho a litigar sin gastos. “Tiene un auto viejo, un Ford Falcon modelo 83”. Pidió la prescripción de la causa y la absolución de sus defendidos.

– Qué manera de banalizar el genocidio. Esto es un dilate completo – comentaba Ana Roisi, prima de Patricia Roisinblit, sentada entre el público, que llevaba casi seis horas de escucha, con breves cuartos intermedios.   

Sergio Díaz Dalaglio –defensor de Gómez- hizo un alegato más breve, con puntos en común con el anterior. Para arrancar, adhirió al planteo de prescripción. Y empezó a contar, una vez más, que Francisco Gómez entró a la Fuerza Aérea en 1977 como personal de limpieza, “sólo sabía usar el pico y la pala”. “¿Qué impedimento había para que lo enviaran a limpiar baños a Mar del Plata?” preguntó al tribunal, como si fuera de lo más normal que alguien envíe a un persona a recorrer 400 km para desplegar esa tarea.

 

Monstruoso y premeditado

Parte de su alegato apuntó, más que a defender a Gómez, a desacreditar a uno de los querellantes, Guillermo Perez Roisinblit. “¿Hay algún indicio para creer que sus palabras son la verdad?”, preguntó, convencido de que su cliente “es un convidado de piedra”. “¿Guillermo no es un testigo más?”, insistió el defensor y lo acusó de falso testimonio. Además, lo tildó de “monstruoso y premeditado”. No serían los adjetivos más acertado: cuando Guillermo declaró como testigo, contó cosas que sí podrían calificarse así. Por ejemplo, Gómez le confesó había custodiado a su madre embarazada de ocho meses, que le permitía pasear al sol o le regalaba un huevo duro cada tanto. O que los compañeros de armas de su apropiador le contaron cómo su padre resistió a las torturas.

Guillermo no sólo aportó palabras, sino también fotos acerca de las relaciones de quienes frecuentaban la casa de su apropiador y la RIBA Morón. “Lo único que lo incrimina es que Sende (su jefe en la RIBA) le dio un niño para criar que resultó el nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo”, relativizó el defensor.

Mariana Eva Pérez escuchó los alegatos sin inmutarse. “Me parece maravilloso que tengan la oportunidad de defenderse. Aunque no deja de parecerme irónico que hablen de libertades, cuando estamos en un juicio donde se juzga la privación ilegítima de la libertad de mis padres”.

La próxima audiencia será el lunes 5 de septiembre (dúplicas y réplicas) y el 8 se conocerá la sentencia.

Cosecha Roja
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Cosecha Roja es la Red Latinoamericana de Periodistas Judiciales

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