Roberto Sá: “Los traficantes eran vistos como benefactores locales”

Por Cosecha Roja, desde Rio de Janeiro

 

Las mafias del narco tienen su historia en Río de Janeiro. Entenderlas, expresa el subsecretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, Roberto Sá, estudiar la génesis del crimen organizado, fue clave para el diseño de una política pública que viene siendo exitosa. Es que la capital del carnaval, a pesar de ser una región geográficamente pequeña en el mapa de Brasil, tiene doce millones de habitantes y es la segunda economía más pujante del país. Más del 50% de ese flujo financiero era informal. “A diferencia de la mayoría de los países, nosotros tenemos dos policías: una policía investiga, y la otra se encarga de la prevención”, contó Roberto Sá, en un seminario dictado la semana pasada para veinte periodistas policiales de todo el continente, en la megalópolis que en dos años será sede de la Copa del Mundo y Los Juegos Olímpicos. “La primera es conocida como la Policía Civil, y la segunda como la Policía Militar”.

La policía de aproximación, que es la que nutre las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), la que se queda de forma permanente en el territorio después de la retirada de los grupos de operaciones especiales, depende de la Policía Militar. Las facciones criminosas, como llaman en Brasil a las bandas del crimen organizado, han decantado en cuatro grandes grupos: El “Comando Vermelho”, el “Tercer Comando Puro”, y los “Amigos de los Amigos” –un desprendimiento de Comando Vermelho que surgió en los ’70-, que son redes de narcotraficantes que ocupan territorialmente algunas de las favelas de Río. El cuarto son las milicias, células paramilitares, pertrechadas –en el plano retórico- para limpiar a las redes del narcotráfico, pero que también ejercen un control autoritario de los territorios que dominan, extorsionando a los vecinos que deben pagar obligatoriamente la seguridad y todos los servicios.

“Al final de la década del ’70 –dice Roberto Sá- comenzaron a armarse con mucho más que el revólver, que la pistola que usaban para asustar, para anunciar que la policía que la policía estaba entrando al morro y para responder. Y comenzaron a disputar el territorio como si fuese una estrategia de guerra. Comenzaron a comprar armamento cada vez más poderoso, y llegaron a tener, en determinado momento, armas mucho más poderosas que la propia policía: fusiles de largo alcance, letales. La policía comenzó aprovisionarse de armas de la misma potencia para hacerles frente, y de esa época, de 1990, son las fuerzas policiales especiales de la policía de Río”.

Históricamente, la policía carioca no fue parte de la solución, sino del problema: una corrupción endémica dentro de sus filas, de muchos de sus miembros, provocó que aumentara el narcotráfico y también la violencia.

“Se hacían operaciones militares en Pavão-Pavãozinho, en Providência, en Chapéu Mangueira. Era una estrategia utilizada en Río de Janeiro durante décadas, la estrategia de la operación policial bélica, del confrontamiento, bien intencionada, pero fracasó. Se secuestraban armas y drogas, pero eran repuestas y qué había como efecto colateral: muerte de policías, muerte de delincuentes, y muerte –lamentablemente- de vecinos, víctimas del fuego cruzado. Esas décadas, los indicadores de la violencia aumentaron”.

Había, en la década del ’90, cierto romanticismo: los traficantes eran vistos como benefactores locales, y se convertían en ejemplos de los jóvenes que los veían en las calles con las cadenas de oro, las motocicletas robadas y las mujeres más bonitas. Ellos protegían a las comunidades, prestaban servicio, pero eran crueles con sus enemigos: las facciones rivales y la policía.

“En las décadas siguientes algunas facciones empezaron a ampliarse y se perdió la identidad con la cultura local. Muchas veces, quienes dirigían el narcotráfico, ya no eran nacidos allí. Entonces comenzó a aumentar la tortura de los habitantes”, explica Sá.

El enfoque represivo del combate al narcotráfico, de quitarles su anclaje territorial, comenzó a cambiar en 2007. 19 Unidades de Policías Pacificadores (UPP) se han establecido en desde 2008 a 2012. Según datos proporcionados por la propia policía pacificadora, las 19 UPP en operación, abarcan 74 comunidades y favorecen más de un millón de personas de las áreas pacificadas o los barrios adyacentes. En 2014, serán 165 las comunidades beneficiadas, incluyendo otros 860.000 habitantes de la Zona Oeste, la Bajada, los suburbios, San Gonzalo y otras ciudades fluminenses con gran concentración urbana.

“¿Cuáles son las principales estrategias de la política de pacificación?: utilizar policías recién formados, no porque entandamos que los policías antiguos son todos corruptos, sino porque así como se creó una subcultura de las bandas mafiosas, donde la bandera importante no era la de Brasil sino la bandera roja del Comando Vermelho, por ejemplo, también había que cortar con esa imagen que de la policía tienen los habitantes, y hacerles comprender que en esos territorios se necesitan policías que le aseguren a los vecinos que sus derechos están garantizados”.

Foto: alerj.rj.gov.br

 

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